Esta no es una historia de glamour, falsas psiquiatras o millonarios que estafan a niñas bien. Ésta es la de una mujer de 37 años que sale a su trabajo a las tres de la mañana, camina durante una hora para llegar a la parada del transporte que la lleva al metro Santa Martha Acatitla. Debe estar a las cinco, aunque entra a las seis, para no correr el riesgo de que alguien le gane la jornada y se quede sin jale.
Se llama Claudia, como la presidenta, y forma parte del ejército de trabajadores que limpian la suciedad que producen más de 22 millones de personas que habitan y se mueven por la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, a través de calles, oficinas, aeropuertos, cines, museos, estadios, escuelas, universidades, hospitales, tiendas, transportes y otros espacios públicos y privados. Un ejército que limpia esta ciudad de mañana, tarde y noche.
Con sus diferencias, esta historia podría ser el lado B del Cártel de las Escobas Mágicas. Unos cuantos empresarios ganan millones y millones de pesos con la mugre de todos los días; sólo que en vez de lucrar con escobas y varas de perlilla, lo hacen con el trabajo y el esfuerzo físico de personas limpiadoras –en su mayoría mujeres y adultos mayores–, que difícilmente son aceptados en otros empleos.
Durante la pandemia, estas personas demostraron lo pesada y necesaria que es su labor para que otros puedan dedicarse a sus labores profesionales, familiares, de distracción o descanso. El gobierno las llamó pomposamente “imprescindibles” durante el confinamiento, sin embargo, su situación económica y laboral no cambió: siguen trabajando en condiciones de precariedad laboral, explotación e invisibilidad.
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Los abusos que padecen las mujeres que limpian la Cineteca Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Metro y las principales avenidas de la capital son relatados por ellas mismas en el más reciente trabajo fílmico de Luciana Kaplan, Tratado de invisibilidad (2024), la documentalista detrás de La revolución de los alcatraces (2013) y La vocera (2020).
“Nos robaron, se fueron sin pagarnos”. “La gente cree que uno es un objeto y así como rayan el asiento creen que nosotros somos cosas”. “No tenemos nada, ni contrato ni ninguna prestación”. “Nos hacen usar los uniformes de los demás, los tenemos que compartir”. “Cambian de razón social para no generar antigüedad”. “Cuando llegas empieza inmediatamente el acoso”, describen las protagonistas de la película que se estrenó el pasado 21 de noviembre.
Las mujeres detrás de la limpieza en los espacios públicos
Los atropellos suceden en el ámbito público y privado, pero Luciana Kaplan se enfocó en espacios públicos para mostrar la claudicación del Estado en su obligación de cuidar a sus trabajadoras y trabajadores. También para interpelar a los ciudadanos que pasan por encima de ellos sin empatía alguna y sin respeto. “Más que normalizado, esto es algo que realmente no se sabe”, dice la directora en entrevista para DOMINGA.
Kaplan supo del tema desde que estudiaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica. “Ahí escuché por primera vez que las trabajadoras de limpia estaban subcontratadas, que no tenían prestaciones ni contrato. Y entre más investigaba y hablaba con ellas, me di cuenta de que era un problema generalizado, la situación me pareció escandalosa, era increíble que nadie lo supiera, era algo callado, muy escondido”.
La directora entonces decidió mostrar en un documental a quienes pasan desapercibidas e invisibles ante los ojos de la sociedad y las autoridades, que incluso promueven y ejercen la subcontratación –prohibida en el país desde 2021–, y el trabajo de voluntarios sin sueldo, pese a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de 2016 y pronunciamientos de 2019, con los que pidió a la autoridad medidas afirmativas y mecanismos legales, financieros y de seguridad social para proveer a estas personas de un trabajo digno.
“Me pareció que era muy importante hablarlo y dar la voz a estas mujeres porque nadie más lo iba a hacer”, explica Kaplan, reconocida con el Luminate Fund del Sundance Institute y el Al Jazeera Documentary Award.
“Decidí enfocarme en ellas, porque siempre son las más precarizadas, pero también los hombres están en una situación similar. Esta es una cuestión de precariedad laboral que tienen que empezar a cambiar”, apunta la también productora ejecutiva del célebre documental Presunto culpable (2008).
No se dedicó a buscar a los gobiernos ni a las empresas porque, explica, además de que no iban a participar, seguro dirían que no, que con ellas todo está bien. Así que acompaña a estas mujeres en su jornada laboral y en su hogar, y escucha sus motivaciones y anhelos: “Quise hacer una película con la mirada y las voces de ellas. Lo que ellas sienten, lo que son”.
Contaba con sus testimonios, pero no con su imagen. Exponerlas a la cámara implicaba ponerlas en riesgo, que las pudieran despedir, así que recurrió a actrices para que narraran estas violencias. Sin embargo, hubo quienes sí accedieron a salir.
Las trabajadoras de limpieza del Metro sin contrato ni recibos
Aurora, de 57 años, lleva muchos meses compareciendo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en busca de que le paguen los meses del salario raquítico que le debe una empresa que sólo desapareció. Mantiene a su hermanita con discapacidad. Forma parte del equipo de limpieza asignado al aeropuerto de la capital.
Rosalba, de 72 años, trabaja como voluntaria de limpia de la Ciudad de México, tuvo que insistir mucho para que le dieran “la oportunidad”, porque al ser mujer y de la tercera edad no confiaban en ella ni en sus capacidades. Nadie le quería dar empleo. Vive sola con su canario al que baña regularmente en una tinita.
Claudia está asignada al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, mantiene a su madre y a sus 17 gatos. Padece el maltrato de sus jefes, el de los usuarios y hasta de las taquilleras. “Me han dicho pepenadora, india, pordiosera, muerta de hambre, gata, basura, no eres nadie, no vales nada”.
La han acosado y le han robado. El año pasado la empresa que la contrató en 2021 para limpiar sólo le depositó 400 pesos de aguinaldo, de los 3 mil 100 que le correspondían; por una falta le quitaron mil 800 pesos y, además, cuando ingresó le descontaron 900 por el uniforme, uno viejo que tiene que compartir con el otro turno.
No sabe cuánto gana porque no le dieron contrato y no le dan recibos. En octubre pasado le depositaron en total 6 mil 720 pesos, cuando el salario mínimo es de 7 mil 467 (sin cobro de ISR). No tiene seguro social y constantemente le están descontando dinero. Cuando ha intentado reclamar nadie da la cara, ha pasado horas afuera de la oficina del supervisor sin que la reciba porque, dicen, está muy ocupado.
Los insumos de limpieza que les dan son de pésima calidad y en cantidades raquíticas: una botella de 250 mililitros para todo el turno. “La huella [dactilar] se me estaba borrando, ya no me la identificaban para los trámites, y es por los líquidos que me dan”, dice Claudia. Así que ellas terminan comprando líquidos de buena marca para hacerlos rendir y de paso autoprotegerse.
Cuando las castigan las mandan a los trenes, a limpiar los vagones en movimiento cuando estos dan la vuelta a la estación. “Es muy pesado y tienes que cuidarte de los frenones porque si te llegas a lesionar, no tienes seguro. Además, tienes que usar botas de casquillo y la empresa no te las da, las compras tú”.
Claudia, una compañera y otro compañero empezaron a organizarse para pelear por sus derechos, apenas se estaban informando de lo que necesitaban para crear un sindicato cuando sus dos compañeros fueron brutalmente golpeados. Ella se salvó porque le avisaron a tiempo. Aun así y con todos los riesgos, Claudia está dispuesta a mostrar las violencias que le aquejan a sus compañeras y compañeros porque, dice, “alguien tiene que dar la cara por ellas”.
Además de bajos salarios, falta de contrato, de seguridad social, uniformes y equipos de seguridad, las limpiadoras padecen descuentos injustificados, horas extra sin pago, pagos retrasados o que nunca llegan, accidentes y enfermedades producto de su labor, gritos, golpes, humillaciones y discriminación de la sociedad. La limpieza parece ser el eslabón más bajo o débil en la escala de oficios.
Las empresas que emplean al personal de limpieza del Metro
Para ingresar a las instalaciones del Metro, Claudia debe portar su gafete que la habilita como trabajadora de limpieza. Su credencial fue expedida por Limpiacero, S. de R.L. de C.V., con número de seguridad social 05158765015, que le pidieron cuando ingresó a la empresa y que ella tenía porque fue dada de alta en el IMSS como estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
En 2023 el Metro otorgó dos contratos anuales a dos empresas para el servicio de limpieza profesional: Tecnología en Sistemas de Limpieza Metropolitanos S.A de C.V. y Limpiacero S. de R.L. de C.V, por 162 y 66 millones de pesos respectivamente. En respuesta a una solicitud de información, el Metro reveló en 2023 que un total de 2 mil 299 trabajadores de estas dos empresas se hacen cargo de la limpieza en sus 12 líneas, en el turno matutino, vespertino y nocturno.
A Tecnología en Sistemas de Limpieza Metropolitanos le otorgó la limpieza en sus 195 estaciones y trenes en maniobra, el lavado intensivo y profundo de trenes, talleres, instalaciones rodantes y fijas, edificios, deportivos, clínicas, almacenes y sus Centros de Desarrollo Infantil. Pagó un costo “turno-hombre” de 323 pesos. La empresa fue fundada en 2003 y su representante legal es Óscar Erick Basurto Mejía, quien firmó el contrato con el Metro capitalino y con otras dependencias de gobierno con las que trabaja por todo el país.
El segundo contrato fue para Limpiacero, por la limpieza de las 195 estaciones y trenes en tiempo de maniobra, con un costo “turno-hombre” de 322 pesos. Esta empresa fue creada en 2016 en Cuernavaca, Morelos. Sus dueñas originales eran Ana Laura Arreguín Ocaña –cuyo nombre aparece en el padrón de beneficiarios del Programa Salario Rosa de 2022– y Teresa Ocaña Aguilar. La primera transmitió sus acciones a Julio César Cerrato Álvarez, y éste a Elsa Berenice Bellacetin Peña, actual propietaria y representante legal.
Limpiacero, S. de R.L. de C.V fue además ganadora en 2023 del contrato para los servicios de limpieza general y profunda de todas las estaciones, terminales y oficinas administrativas del Metrobús de la Ciudad de México. Y en 2024 el Metro volvió a darle un contrato, por 7.4 millones de pesos, idéntico concepto, pero sólo por el mes de enero, con un costo turno hombre de 245 pesos.
Más de cinco millones de trabajadores de limpieza en México
Luciana Kaplan estima que en el país hay más de cinco millones de trabajadores de la limpieza, según los censos y las cifras obtenidas durante su investigación, pero son invisibles. Y es muy difícil dar con las empresas que las emplean porque recurren a trampas y artimañas como cambiarse de nombre casi cada año.
En la escala de responsabilidades, la directora nacida en Argentina, pero que ha hecho sus películas y carrera en México, coloca primero al gobierno ya que estas mujeres son empleadas de espacios públicos y, por lo tanto, el Estado debe proteger su seguridad, así como sus derechos laborales.
“Nosotros pagamos impuestos para que las ciudades estén limpias, y el gobierno decide subcontratar estos servicios y no regularlos, entonces surgen todas estas empresas que están haciendo un negociazo”.
“Es algo que se sigue repitiendo porque les conviene: se quitan la responsabilidad de lidiar con esto y están haciendo que un montón de empresas, y las personas que están detrás, hagan un dineral. Yo creo que hay un acuerdo con los empresarios que están detrás de esto y hay gente con mucho dinero y muy importante detrás de todas estas empresas, que son muchísimas”, agrega.
Por ello, además de todo el potencial de la película y la provocación para despertar a la sociedad, Tratado de invisibilidad va acompañada de la campaña #NoSoyInvisible, que incluye proyecciones en las Utopías de Iztapalapa, un foro de discusión en la Cámara de Diputados, un taller de derechos laborales para personas trabajadoras de limpia y un tendedero de denuncias anónimas.
GSC/AMP