El 95 por ciento de las personas en prisión preventiva consideradas para emitir su voto el 6 de junio en una prueba piloto, ejercieron su derecho. El 39 por ciento votó por Morena y el 30 por ciento por los candidatos del PRI.
Las organizaciones de observación nacional que participaron en la jornada electoral presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su informe de hallazgos más relevantes en el que Valentina Lloret, representante de “Documenta, análisis y acción para la justicia AC” detalló que de las 949 personas registradas en lista nominal y que podía votar, solo 51 no lo hicieron.
Las 898 que sí votaron, la mayor participación se registró en Chihuahua, Estado de México, Sonora y Veracruz. El partido más votado fue Morena con el 39 por ciento, seguido del PRI con el 30 por ciento y Movimiento Ciudadano con el 10 por ciento.
Mientras que “Eco-ciudadanía del Futuro, ECOCIF AC” detalló que realizaron encuestas en las zonas Triqui y Mixteca de Oaxaca en donde a pesar de que la ciudadanía estaba informada sobre el día de la votación e incluso tenían identificadas sus casillas, no confiaban en los partidos políticos ni conocían a los candidatos indígenas que participaban por tratarse de candidatos que no formaban parte de estas comunidades a pesar de que la autoridad electoral los validó como tales.
“En conclusión, pese a la implementación de las acciones afirmativas por parte de las autoridades electorales, a lo largo del desarrollo del proceso electoral, aún no se garantiza plenamente el ejercicio de los derechos político electorales indígenas que se encuentran sus representados y de manera particular, en este proceso electoral concurrente los casos de simulación y suplantación de la autoadscripción indígena fueron una constante, debido a la flexibilidad y la ambigüedad en la interpretación de la ley por dar parte de los organismos electorales.
“Incluso no existió la aplicación de sanción administrativa, ni penal, aun cuando las propias comunidades agraviadas demostraban que se había cometido el delito de falsificación de documentos. De manera particular, las autoridades y organismos electorales deberán ser capaces de implementar de manera eficaz las mencionadas acciones afirmativas, tanto en los partidos políticos como en las medidas que impidan las prácticas fraudulentas de simulación y suplantación”, criticaron.
Las organizaciones “Dinamismo Juvenil AC” y coincidieron en que el uso de programas sociales y coacción del voto estuvo presente el día de la jornada electoral en un 28.6 por ciento del territorio.
“Nos da un poco también de tristeza que todas las comunidades indígenas son las más vulnerables, nos enteramos que en algunos lugares a las personas les amenazaban que si no entregaban su credencial los iban a declarar como difuntos y los iban a quitar de todos los programas sociales”.
Otras organizaciones destacaron la participación ciudadana, pero que no en todas las casillas era posible guardar la sana distancia y aplicar correctamente los protocolos sanitarios, que las casillas abrieron de manera tardía y se falló en las estrategias para que la ciudadanía conociera plenamente las propuestas de los candidatos por quienes acudieron a votar.
JLMR