Lejos quedaron los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrollaba en las elecciones del Estado de México con 71, 86, 97 y hasta 100 por ciento de los votos. De 1929 a 1987, el tricolor solía aplastar a sus oponentes en los comicios para gobernador con un promedio del 90 por ciento de las preferencias electorales.
Fue hasta 1993 cuando el Partido Acción Nacional (PAN) le arrebató un tímido 18 por ciento de los sufragios, dejando a los decanos políticos de la entidad con un nada despreciable 62 por ciento.
A partir de entonces, la oposición comenzó a acechar el poder local con resultados infructuosos, pero competitivos. El primer arañazo fue protagonizado por el panista José Luis Durán Reveles (obtuvo 34 por ciento de los votos), quien quedó a siete puntos del candidato del PRI, Arturo Montiel Rojas (con 41 por ciento).
Seis años más tarde, 2005, el carisma de Enrique Peña Nieto regresó a los tricolores a la senda del triunfo, obteniendo 48 por ciento de los sufragios frente al 24.73 por ciento del panista Rubén Mendoza Ayala y el 24.25 por ciento de la perredista Yeidkol Polevnsky.
En 2011, Eruviel Ávila daría un golpe de autoridad en las urnas al llevarse el 62 por ciento de las preferencias, dejando al perredista Alejandro Encinas con un esforzado 21 por ciento.
La elección de 2017 devolvió el optimismo a la oposición: la morenista Delfina Gómez Álvarez, con 32 puntos, se quedó a tan solo tres del priista Alfredo del Mazo Maza, que consiguió 35 por ciento de los votos. Ahora, Alejandra del Moral Vela enfrenta el desafío de retener una de las últimas tres trincheras que le quedan al tricolor: el siempre priista Estado de México, la plaza que ha sido gobernada por un único partido durante 94 años
La otra barricada que ha sido exclusivamente del PRI –antes llamado Partido Nacional Revolucionario (PNR) y Partido de la Revolución Mexicana (PRM)– es Coahuila, entidad que también estará en juego el próximo 4 de junio. Coaligados con PAN y PRD, los tricolores ganaron Durango el año pasado.
A partir de una investigación documental y con base en los resultados electorales acopiados por Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), MILENIO expone en esta serie de reportajes las claves de los procesos precedentes que determinaron la geografía del actual campo de batalla, las armas que velan las actuales contrincantes y los personajes que buscan estampar sus nombres en el desenlace.
En suma, la evolución electoral de los mexiquenses ha puesto al PRI ―ahora en alianza con PAN, PRD y Nueva Alianza― frente a la prueba electoral más ácida desde que tomó las riendas políticas de la entidad hace 94 años.
Los comicios del 4 de junio mostrarán si el tricolor es capaz de prolongar su reinado para cumplir un siglo en el poder local o si la oposición traspone al fin las puertas del palacio de gobierno de Toluca, luego de tres décadas acechando la silla donde se sentaron personajes tan emblemáticos del priismo como Alfredo del Mazo Vélez (1944), Gustavo Baz Prada (1957), Carlos Hank González (1969) o Alfredo del Mazo González (1981).
Presagios presidenciales
A la gran batalla de 2023 por la gubernatura del Estado de México le preceden procesos sucesorios locales que en su momento presagiaron el resultado de las elecciones presidenciales subsecuentes.
En 1999, el entonces panista José Luis Durán Reveles alcanzó la mayor votación opositora en la historia electoral de la entidad, como prolegómeno de la victoria presidencial de Vicente Fox del año siguiente.
En 2005, el joven candidato priista Enrique Peña Nieto obtuvo el triunfo gracias a una aritmética improbable que entonces pasó desapercibida: las votaciones obtenidas por el PAN y el PRD se dividieron en mitades casi exactas. El panista Rubén Mendoza Ayala se ubicó apenas 48 décimas –menos de medio punto porcentual― por encima de la perredista Yeidkol Polevnsky, presagio de lo que ocurriría al año siguiente entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
Para 2011 sucedió lo impensable, pues el abanderado del PRI, Eruviel Ávila, cosechó el mayor porcentaje de votos desde los tiempos pre democráticos, cuando los comicios los organizaba el gobierno: más del 60 por ciento de los sufragios. En realidad, Eruviel se benefició de la gran popularidad de Peña Nieto, que perfilaba ya su triunfo en los comicios presidenciales del año siguiente.
La sucesión mexiquense de 2017 reunió ingredientes que se repetirían en las presidenciales del año siguiente: un gran desempeño de Morena ―cuya candidata, Delfina Gómez, se quedó a sólo 2.86 puntos porcentuales del PRI―, y la persecución político-judicial que borró de la contienda a la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, como ocurriría en 2018 con su correligionario Ricardo Anaya, abanderado presidencial.
Pero nunca pareció tan clara como ahora la naturaleza catalizadora de la sucesión mexiquense para las elecciones presidenciales: 2023 puede ser el “Waterloo” del obradorismo rumbo a 2024, pero también el “5 de Mayo” de la oposición, y en especial para el PRI.
En cualquier caso es una de las últimas trincheras tricolores ante la avalancha electoral obradorista que viene arrasando plazas desde 2018, pues si bien se disputa también Coahuila el mismo día de 2023, será la contienda mexiquense la de mayor impacto ―incluso psicológico― en el tablero de 2024.
Es así porque se trata de la entidad de la República con la mayor población ―17 millones de habitantes, equiparable a la de Holanda o Guatemala―, la segunda aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional ―9.1 por ciento del total, es decir 1.9 billones de pesos en 2022, según el Inegi― y el más grande padrón electoral, con 2.4 millones de electores.
José Luis Durán, primer opositor competitivo
La ciudadanización de los organismos electorales en 1996 marcó el inicio de la competencia electoral real en el país. Hasta entonces, los procesos electorales eran un sistema de ratificación de las designaciones de los propios gobernantes en los cargos de “representación”.
El Estado de México no era excepción, sino epítome de aquel sistema, en el que la oposición sólo obtenía, de tarde en tarde, uno que otro gobierno municipal, además de cuotas mínimas de representación en el Congreso local.
Con la aplicación de la reforma de los ordenamientos electorales, los comicios para la elección de ayuntamientos de aquel año modificaron el mapa político de la entidad, quitándole al tricolor el 42 por ciento de los palacios municipales.
Se tomó como un duro golpe para el gobernador sustituto, César Camacho Quiroz, que fue el reemplazo de Emilio Chuayffet, quien desde 1995 se desempeñó como secretario de Gobernación.
Sin embargo, aún no lucía el panorama propicio para un desembarco de la oposición en las arenas de la gubernatura mexiquense que se disputaría en 1999. A nivel nacional estaba fresco el triunfo opositor en las elecciones intermedias de 1997, por el cual el PRI había perdido, por primera vez, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (50 por ciento más uno).
En tanto, el PAN había logrado un gran avance en el gobierno de capitales estatales, tenía seis gubernaturas y el 24 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados. En ese contexto, la figura del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, despuntaba como el más seguro candidato panista a la presidencia.
A la elección mexiquense se presentó entonces, por el PRI, Arturo Montiel Rojas, ex diputado y dos veces dirigente del comité estatal del tricolor, además de un hábil operador electoral.
El PAN nominó a José Luis Durán Reveles, entonces alcalde de Naucalpan, que pidió licencia al ayuntamiento para poder contender. Y el PRD, en alianza con el PT, postuló al múltiple diputado local y entonces ya senador, Higinio Martínez, natural de Texcoco.
El triunfo fue para Montiel ―con 41 por ciento de los sufragios―, pero la nota verdaderamente sobresaliente de aquellos comicios la dio el candidato panista: Durán Reveles se convirtió en el candidato opositor más competitivo de la historia de la entidad, pues consiguió 34 por ciento de los sufragios. Higinio Martínez se quedó en un lejano tercer lugar, con 21 por ciento de la votación.
El batazo de Durán lanzó la votación del PAN más de 16 puntos porcentuales arriba de lo que había obtenido en la anterior elección de gobernador (1993), en la que quedó por debajo de los 18 puntos. El récord en el porcentaje de votación obtenida por un candidato de oposición aún no ha sido roto.
Lo que ocurría era que aquella elección anunciaba el triunfo panista del año siguiente, en el que Vicente Fox removió al PRI de la Presidencia.
Curiosamente, la familia Durán, que por décadas dio diputados locales y federales al panismo, ahora juega en el ala morenista. De hecho, Patricia Durán Reveles, ex legisladora panista, consiguió en 2018 un segundo periodo para la familia en la alcaldía de Naucalpan, bajo las siglas de Morena. En 2021 buscó la reelección, pero perdió frente a su antiguo partido.
Peña Nieto, beneficiario de la polarización
En 2005, el PRI mexiquense se benefició del deterioro de la imagen del gobierno federal panista y, sobre todo, de la polarización que marcaba el rumbo del país.
Por un lado, el escándalo de Amigos de Fox ―una cuestionada estructura de financiamiento electoral a su campaña presidencial―, los negocios de los hijastros del entonces Presidente con la paraestatal Pemex, el presunto desvío de recursos a su rancho en Guanajuato, y la amplia distancia entre sus resultados y la expectativa que había generado, sometía a la administración foxista a un fuerte desgaste.
Por otro lado, el perredista Andrés Manuel Lopez Obrador, jefe del Gobierno del Distrito Federal, había expandido su popularidad con base en un enfrentamiento permanente con el presidente Fox, y era el más probable candidato presidencial del PRD.
A nivel local, el gobernador Arturo Montiel tampoco era ya tan popular, si bien sostenía su imagen con base en campañas publicitarias. En 2003 no había logrado recuperar la hegemonía tricolor en los municipios, y en el Congreso local sólo contaba con el 32 por ciento de la representación.
Una cartera de beneficios para los diputados opositores le daban amplio control de la legislatura al joven coordinador priista, el diputado Enrique Peña Nieto, quien había sido secretario de Finanzas del gabinete montielista en la primera parte de esa gestión.
Peña Nieto pertenecía además a las familias del llamado Grupo Atlacomulco. Estaba emparentado con la dinastía Del Mazo, que había dado ya dos gobernadores. El diputado sería el elegido para ser candidato del PRI a la gubernatura en aquel 2005.
El PAN postuló a Rubén Mendoza Ayala, ex priista que había ganado la alcaldía de Tlalnepantla en 2000 ―uno de los municipios más industriales del país― bajo las banderas del PAN, beneficiado por la gran ola foxista. En 2003 había concluido su periodo en la presidencia municipal y se desempeñaba como diputado federal.
El PRD optó por una candidata externa: una empresaria del sector de pinturas que acababa de concluir su periodo en la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la primera mujer en ocupar ese cargo: Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
La campaña mostró un panorama de mucha competencia, pero al cabo Enrique Peña Nieto se impuso con un cómodo 47.57 por ciento de los votos.
No obstante, un fenómeno que en ese momento pasó desapercibido era clave para entender lo que venía para el país: las votaciones del PAN y el PRD se habían dividido en mitades casi exactas.
La abanderada perredista Yeidkol Polevnsky consiguió 24.25 por ciento de los votos, mientras que el panista Rubén Mendoza Ayala obtuvo 24.73 por ciento.
La diferencia de sólo 43 décimas de punto porcentual presagiaba el resultado del año siguiente en la contienda presidencial, donde la diferencia entre el ganador, el panista Felipe Calderón Hinojosa, y el segundo lugar, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, sería de 58 décimas porcentuales.
Eruviel, sobre la ola peñista
En las elecciones de gobernador posteriores a la ciudadanización de los órganos electorales (en los años 1999, 2005, 2011 y 2017), el candidato priista más competitivo no fue Enrique Peña (2005), como podría pensarse, sino Eruviel Ávila.
En 2011, a nivel nacional, la promesa del cambio panista se hallaba extenuada. Dos sexenios que cerraban con una expansión inquietante de la violencia criminal y un crecimiento económico promedio menor al dos por ciento ―que entonces lucía mediocre―, todavía con los efectos del crack inmobiliario de 2008.
En cuanto al PRD, también había sufrido un serio deterioro en su imagen debido a su constante desconocimiento de resultados electorales que le eran adversos ―comenzando por el plantón de Reforma en 2006― y por su incapacidad para generar, en su vida interna, liderazgos legitimados por procesos institucionales.
Por su parte, el PRI había administrado eficientemente su condición opositora, entre la colaboración y la presión. Desde las elecciones intermedias de 2009, 45 diputados federales mexiquenses habían tomado el control de posiciones estratégicas en San Lázaro, entre ellas la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del peñista Luis Videgaray, en donde se gestionaron 23 mil millones de asignación para el Estado de México en 2010.
Peña Nieto movía sus piezas con habilidad. En marzo de ese año, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno de Peña, Luis Miranda Nava, firmaron un convenio en el que el PAN se comprometía a no formar alianzas electorales en las elecciones mexiquenses de 2011.
Además, Peña estaba en la cresta de su popularidad, la cual se vería reforzada por la cobertura mediática de su boda con la no menos popular actriz Angélica Rivera, en noviembre de 2010, quien lanzó su ramo a una eufórica multitud del pueblo llano que acudió a presenciar el enlace, detrás de unas vallas metálicas, a las afueras de la Catedral de Toluca.
En ese contexto llegó la sucesión mexiquense de 2011. El PRI optó por postular a Eruviel Ávila Villegas, un político hiperlocal de 42 años, proveniente de una familia de transportistas que había efectuado toda su carrera en el ayuntamiento de Ecatepec ―la reserva de votos más grande de la entidad―, municipio del que entonces era alcalde por segunda ocasión.
La candidatura de Eruviel atendía además una insistente queja del priismo del Valle de México: desde los tiempos de Alfredo Zárate Albarrán (1941), todos los gobernadores habían sido tolucos, es decir, provenían de la familias empoderadas de la capital mexiquense y zonas circunvecinas, incluidas las del legendario grupo Atlacomulco.
El PRD, controlado desde entonces por el liderazgo carismático del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, nominó por segunda ocasión a Alejandro Encinas, quien había sido candidato en 1993, elección en la que había obtenido 8.7 por ciento de los votos. El PAN lanzó la candidatura de Luis Felipe Bravo Mena, que también había participado en el 93.
En 2011, Encinas triunfó sobre sí mismo: obtendría 20.96 por ciento de la votación. Bravo Mena, en cambio, empeoró su propia marca, pues sólo alcanzó el 12.28 por ciento de los sufragios.
Eruviel Ávila logró el 61.97 por ciento del voto, un nivel muy similar, justamente, a la que el PRI había obtenido en 1993, cuando las elecciones para el tricolor eran apenas rounds de sombra para legitimar la prolongación de su control del poder. Era el efecto Peña Nieto, que ya anunciaba su triunfo nacional del año siguiente.
El 2017: expedientes judiciales como factor electoral
Para 2017 todo había cambiado. Tras haber gozado de gran popularidad por la efectividad política con que había negociado el Pacto por México con los partidos de oposición ―las reformas estructurales de los sectores energético y educativo, y la aprobación de la reelección legislativa inmediata, principalmente―, el gobierno de Enrique Peña Nieto había tropezado con la noche de Iguala.
La desaparición en Guerrero de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, había dado a la oposición de izquierda una oportuna bandera para sus objetivos de expansión.
La habilidad mostrada por Peña Nieto en la negociación política no se tradujo en pericia para administrar una crisis como la generada por las desapariciones de los estudiantes en Iguala. En cambio, el PRD, y en especial el grupo de Andrés Manuel López Obrador, capitalizaron con gran habilidad la tragedia. Las torpeza desplegada por las autoridades en las investigaciones relacionadas ensancharon el juicio adverso contra el presidente priista.
Peña se aproximaba al cierre de su sexenio, además, con graves expedientes de corrupción como el caso de La Casa Blanca, una propiedad comprada por Angélica Rivera a un proveedor del gobierno peñista; los señalamientos de sobornos por parte de la brasileña Odebrecht a cambio de contratos en Pemex; el fraude por 192 millones de dólares conocido como la Estafa Maestra, y los casos de gobernadores priistas implicados en escándalos de corrupción, como Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo.
Y si bien la economía crecía al 2.53 por ciento ―el mejor desempeño desde la administración de Ernesto Zedillo―, estaba lejos del 5.0 por ciento que había proyectado el peñismo.
Ese era el complicado terreno en el que se disputaría la gubernatura del Estado de México en 2017. Peña decidió que el candidato del PRI sería Alfredo del Mazo Maza. El elegido era miembro de una dinastía política que ya había dado dos gobernadores: Alfredo del Mazo Vélez en los años cuarenta y Alfredo del Mazo González en los ochenta.
El PAN, al que no le había bastado un sexenio fuera del mando para reponerse de la borrachera de poder que le habían dado sus dos sexenios en la Presidencia, hizo una apuesta poco audaz: lanzó a su ex candidata presidencial de 2012, Josefina Vázquez Mota que, por lo demás, era la única figura de relieve nacional a su disposición en la entidad.
En Morena, en cambio, contaban con una candidata con arrastre, Delfina Gómez, con la imagen empática de “mujer del pueblo”, al punto que daba la impresión de que te la podías encontrar comprando en el tianguis, con su bolsa de nylon en las manos.
En realidad, Delfina formaba parte de la élite texcocana desde muy joven. En los años ochenta ya era orientadora técnica de la Escuela Secundaria Oficial 130 Nezahualcóyotl, y lideresa magisterial. En 1985, con 24 años de edad, ostentaba la cartera de secretaria de Relaciones del Comité Ejecutivo de la Sección 34 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), donde se desempeñó hasta 1989.
En 2017 su asesor principal, Andrés Manuel López Obrador, consiguió que se concibiera a Delfina como una especie de profesora rural, y su lenguaje sencillo completaba la estampa. Aquella frase que dio al responder cómo marchaba su campaña, cuando parecía estancada en las encuestas, le valió el regreso a las preferencias: “¡Vamos requetebién!”. ¿Para qué meterse en complicaciones?
La que no lograba remontar era Josefina Vázquez Mota. La ex candidata presidencial no conseguía conectar con el electorado, como tampoco lo hizo en la campaña de 2012.
En noviembre de 2016, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que el gobierno de Peña Nieto había financiado con más de mil millones de pesos a Juntos Podemos, una fundación de la panista dedicada presuntamente al apoyo a migrantes.
López Obrador, entonces líder de Morena, retomó el tema en marzo de 2017, a inicios de la campaña por la gubernatura mexiquense, y emprendió una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Vázquez Mota.
El tabasqueño había comprendido muy temprano que la amenaza contra su candidata Delfina, y contra él mismo en la elección del año siguiente, era el potencial crecimiento del PAN. Vázquez Mota, también ex secretaria de Educación, se pasó la campaña respondiendo a los cuestionamientos sobre su fundación Juntos Podemos.
Pero hubo un cuarto jugador que equilibró el escenario para Del Mazo. Se trataba de Juan Zepeda, ex alcalde de Nezahualcóyotl, quien fue postulado por el PRD, un partido ya por entonces diezmado y vilipendiado por López Obrador, pero que se llevó una buena parte de los votos de la izquierda.
Al final, Del Mazo obtuvo 34.73 por ciento de los sufragios, sólo 2.87 puntos porcentuales por encima de Delfina Gómez, quien llegó al 31.86 por ciento. El tercer lugar fue para Juan Zepeda, que consiguió 18.46 por ciento de los sufragios.
Josefina Vazquez Mota llevó al PAN al cuarto lugar en la entidad, con sólo 11.62 por ciento de la votación, el peor resultado para el panismo desde 1987, cuando su candidato había sido Javier Paz Zarza.
La maniobra había resultado para López Obrador y su abanderada: un crecimiento extraordinario en sólo una elección, en la entidad con el mayor padrón del país.
La fórmula en contra de los panistas se repetiría en 2018, cuando el candidato presidencial Ricardo Anaya fue perseguido judicialmente, pero ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a la presunta triangulación de 40 millones de pesos para la adquisición de una bodega. El caso acorraló a Anaya toda la campaña.
López Obrador se benefició de aquellos señalamientos para neutralizar, con éxito, el desempeño electoral del panista: el desenlace es de sobra conocido.
Ahora toca ver cómo se desarrollarán los comicios mexiquenses del 4 de junio, donde sólo dos candidatas aparecerán en la boleta. O el PRI conserva su trinchera más emblemática, o el obradorismo arrebata un bastión estratégico de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
JLMR