El gobernador Gavin Newsom ordenó el viernes una investigación independiente sobre el caso del condenado a muerte, Kevin Cooper, quien dice que fue incriminado por la muerte a puñaladas de cuatro personas, incluidos dos niños, en una casa suburbana de Los Ángeles en 1983.
Cooper, de 63 años, ha estado buscando el indulto de gobernador desde 2016.
En su orden ejecutiva, Newsom dijo que "no toma posición" sobre la culpabilidad o inocencia de Cooper o si le concede el indulto.
Newsom nombró un bufete de abogados para revisar los registros judiciales y todos los hechos y pruebas del caso, incluidos los que no aparecen en los registros de juicio y apelación, junto con los resultados de las pruebas de ADN ordenadas previamente por el gobernador.
La orden decía que las pruebas se habían completado, pero los abogados de Cooper y la oficina del fiscal de distrito del condado de San Bernardino tienen "puntos de vista totalmente diferentes" sobre si apoyan las afirmaciones de Cooper.
El abogado de Cooper, Norman Hile, calificó la orden como gratificante.
"Confiamos en que una revisión exhaustiva demostrará que Kevin Cooper es inocente y debe ser liberado de la prisión", dijo.
¿Qué pasó en 1983?
Cooper fue declarado culpable de un ataque en 1983 en Chino Hills, al este de Los Ángeles. Doug y Peggy Ryen, su hija de 10 años, Jessica, y su hijo de 8, Joshua, fueron atacados mientras dormían junto con un vecino de 11 años, Christopher Hughes, que era un invitado. Los investigadores dijeron que fueron apuñalados más de 140 veces con un picahielos, un cuchillo y un hacha.
A Joshua le cortaron la garganta, pero sobrevivió.
Los fiscales del condado de San Bernardino dijeron que las pruebas de ADN anteriores mostraron que Cooper, que había escapado de una prisión dos días antes de los asesinatos, estaba en la casa de los Ryens y fumaba cigarrillos en la camioneta robada de los Ryens, y que la sangre de Cooper y la sangre de al al menos una víctima llevaba una camiseta encontrada al costado de una carretera que se alejaba del lugar de los asesinatos.
Cooper afirmó que los investigadores colocaron su sangre en la camiseta.
Se había programado la ejecución de Cooper en 2004. Pero un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución en espera de una revisión adicional. Tanto la Corte Suprema de California como la de Estados Unidos rechazaron sus apelaciones.
California no ha ejecutado a nadie desde 2006 y Newsom ha impuesto una moratoria. Hay más de 700 hombres y mujeres en el corredor de la muerte más grande del país.
mg