La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) demostró que la impugnación a esa ley presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no significaba hacerle “el caldo gordo” a los grupos criminales, aseguró Francisco Javier Acuña, comisionado del instituto.
En sesión pública, luego de que la SCJN determinó invalidar formalmente la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones con la que se pretendía crear dicho padrón, supuestamente para prevenir y combatir delitos como secuestros, extorsiones y acoso cometidos mediante los teléfonos celulares, los comisionados del INAI, organismo que presentó la acción de inconstitucionalidad, manifestaron su beneplácito y reconocimiento por dicha decisión.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el respaldo que la Corte dio a los señalamientos contra la ley, por violentar los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos personales, “es un ejemplo de la efectividad de los medios de control constitucional y de la estabilidad de las instituciones mexicanas y desde luego, el funcionamiento adecuado de los equilibrios de poder en nuestro país”.
Ibarra afirmó que “cuando el poder está distribuido y acotado entre diversos entes, las posibilidades de vulnerar los derechos de las personas disminuyen, aumentando la gobernabilidad y sentando las premisas para un auténtico estado de derecho”.
Recordó que “en un entorno democrático existirán diferencias y posiciones contrapuestas, es así que, con independencia del resultado en otros casos, debemos de congratularnos que visiones normativas divergentes sean resueltas por cauces institucionales”.
El comisionado Francisco Javier Acuña, por su parte, aseguró que el respaldo de la Corte demostró que “el INAI no estaba haciéndole el caldo gordo a los grupos criminales por oponerse, como si fuéramos delicaditos o muy exquisitos, a que (se vulneraran) los datos personales de prácticamente toda la población, más que de la población económicamente activa, incluidos los niños, que tienen un dispositivo móvil”.
Acuña celebró que el INAI haya mostrado independencia, autonomía de criterio y contundencia.
“¡Qué bueno que el INAI no tuvo duda! No se quedó con la cuidadosa actitud preocupona y hasta poco valiente de mantenerse con cuidados, porque se sabía que este era un afán de primerísima urgencia para la presidencia de la República”, dijo Acuña.
Explicó que dicha ley, ya inválida, significaba “un afán peligrosista del gobierno de la República” similar al RENAUT promovido en el sexenio de Felipe Calderón, para resolver por la vía periférica un problema que le añade al Estado: la inseguridad.
“En nuestro país, la inseguridad no se puede curar con bálsamos periféricos que vengan, por desgracia, a comprometer seriamente los derechos fundamentales, en este caso la vida privada de las personas, a partir de sus datos personales”, añadió Acuña.
La comisionada Josefina Román agradeció a las organizaciones de la sociedad civil que presentaron una carta amicus curiae para respaldar la acción de inconstitucionalidad del INAI.
Entre ellas estuvieron la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, la Campaña Global por la Libertad de Expresión Artículo 19, Observatel
Tedic, Derechos Digitales, Asociación por los Derechos Civiles, Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, Access Now, Hiperderecho, Fundación Carisma, Fundación Internet Bolivia Org, Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad, Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la CDHCDMX, entre otras.