En el marco del Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, el Instituto Nacional de las Mujeres refrendó el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Además se sumaron al llamado internacional para que el Estado ponga fin a los crímenes de odio y violencia cometidos en contra de las trabajadoras sexuales.
También reiteraron su compromiso para promover, prevenir, proteger y respetar los derechos de todas sin distinción, así como el trato digno y una vida libre de violencia.
De acuerdo con la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 78.7 por ciento de las personas que ejercen trabajo sexual vivió violencia o discriminación por parte de policías; 69.2 por ciento de los clientes; 51.9 por ciento de transeúntes; 30.7 por ciento de jueces cívicos, y 28.3 por ciento de personal de hospitales.
“La criminalización o la ausencia de conocimiento del estatus legal del trabajo sexual en México agudiza las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres. No existen leyes federales que regulen el trabajo sexual en México, y las personas que ejercen el trabajo sexual se deben remitir a las legislaciones locales; solo cuatro de cada diez personas que ejercen trabajo sexual tenía la seguridad de que el trabajo sexual no es ilegal”, precisó el Inmujeres en un comunicado.
Debido a ello la institución puntualizó que para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales es necesario visibilizar la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual.
“Las mujeres víctimas de trata y explotación sexual deberán ser apoyadas con la aplicación de leyes y protocolos establecidos contra este delito; y con las mujeres que han elegido libremente ejercer el trabajo sexual se debe reconocer y respetar su agencia y capacidad de decidir sobre sus vidas y cuerpos, así como garantizar que sus condiciones de trabajo sean seguras, libres de violencia, explotación y discriminación”, explicaron en el documento.
Por lo cual desde el Inmujeres reconocieron que es necesario abrir el diálogo para construir una agenda política de derechos y no criminalización, impulsar el reconocimiento del trabajo sexual en la legislación laboral, sin criminalización ni patologización, así como asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a personal de seguridad y justicia en materia de derechos de las trabajadoras sexuales y establecer protocolos de atención en caso de violación a sus derechos.
U.F.H