A partir de mañana, el Código Penal de la Ciudad de México incluirá el concepto de corrupción inmobiliaria para castigar los permisos de construcción otorgados a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades, con penas que irán hasta los 20 años de prisión.
La reforma al código penal fue publicada este martes en la Gaceta oficial capitalina, mediante la creación del capítulo XV y el artículo 276 quater al Código Penal, que a la letra dice:
"Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley".
En un acto para presumir la publicación, el jefe de Gobierno, Martí Batres, añadió que la reforma evitará omisiones a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como las sanciones por el delito de corrupción.
En el evento celebrado en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento y pese a la veda electoral, Batres se lanzó contra autoridades de la alcaldía Benito Juárez al señalar que en esta demarcación se ha permitido la corrupción inmobiliaria.
"En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta reforma al Código Penal, lo cual, le reconocimos. El día de hoy se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México la reforma al Código Penal, por la cual se establece el delito de corrupción inmobiliaria".
"…En el caso de las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito, la pena es de uno a 10 años de prisión, por ejercicio abusivo de funciones, de cinco a 20 años de prisión, y por corrupción inmobiliaria la pena es de 10 a 20 años de prisión con dos observaciones: con independencia de las penas que se impongan por otros delitos, porque el mismo funcionario puede ser juzgado por corrupción inmobiliaria y, simultáneamente, por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones".
LG