La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que, entre otros aspectos, prevé la suspensión de las acciones de vigilancia, inspección o verificación a empresas y personas con actividades económicas, siempre y cuando cumplan sus obligaciones regulatorias y fiscales.
No obstante, el proyecto fue devuelto con modificaciones al Senado de la República.
Avalado en lo general con 430 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el nuevo ordenamiento, principalmente impulsado por el senador Ricardo Monreal, tiene entre sus objetivos reducir la corrupción y favorecer el desarrollo de las actividades económicas, pasando de un esquema de fiscalización de negocios a un sistema fundado en la buena fe.
Con ello se plantea reconocer a quienes cumplen sus obligaciones regulatorias y fiscales, e invierten en el país.
Entre los cambios practicados a la minuta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana destacan la no aplicación de sus disposiciones en las materias de trabajo, seguridad social, comercio exterior, operaciones con recursos de procedencia ilícita y auditorías de la Secretaría de Hacienda.
Los diputados federales avalaron modificaciones para impedir también la suspensión de las acciones de vigilancia, inspección o verificación cuando estén orientadas a resguardar la seguridad alimentaria, la sanidad e inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal, y la salud humana, así como las que realice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Durante la discusión en lo particular, las fracciones parlamentarias en San Lázaro avalaron además los cambios para evitar que la suspensión de vigilancia, inspección o verificación cuando éstas tengan por objeto resguardar la seguridad nacional y la seguridad de la población, así como la protección del medio ambiente, los recursos naturales, los derechos del consumidor, las actividades del sector financiero y en materia de armas de fuego y explosivos, y de protección civil.
AE