La ley Federal de Trabajo establece en su Artículo 334 que las personas trabajadoras del hogar deben gozar de vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social y aguinaldo, entre otros derechos que no son opcionales, sino obligatorios. Para orientar a los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) puso en marcha desde 2018 la página empleojustoencasa.org.
Ésta y otras organizaciones de la sociedad civil, de la mano de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, lanzaron también la campaña #MásQueOpciónEsUnDerecho para sensibilizar a los y las empleadores de trabajo doméstico en el pago de aguinaldo, el cual debe otorgarse en una sola exhibición antes del 20 de diciembre. Para ello, el sitio web cuenta con herramientas que ayudan a calcular el monto correspondiente a cada trabajadora, conforme a su antigüedad y salario.
En México, 2.2 millones personas trabajadoras se dedican a labores del hogar, nueve de cada diez son mujeres y representan al cuatro por ciento de las personas ocupadas en el país, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2021.
Pese a que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la exclusión de las personas trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social era discriminatoria e inconstitucional, actualmente la ENOE señala que el 96 por ciento de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado lo hacen en la informalidad, pues 71 por ciento no tienen prestaciones, mientras que el 89.5 por ciento ganan dos salarios mínimos o menos. Además, Sólo el 8.5 por ciento recibe vacaciones con goce de sueldo, mientras que el 98 por ciento no tienen seguridad social ni acceso a servicios de salud, y sólo el 1.5 por ciento están afiliadas al programa Piloto del IMSS.
Por su parte, datos del estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que el 74 por ciento no recibe aguinaldo por el trabajo que realiza.
La sentencia de la SCJN también fue el antecedente para que se reformara el capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo, que establece, entre otros temas, la obligatoriedad de contar con contrato escrito que especifique las condiciones de trabajo y la prohibición de solicitar a la trabajadora prueba de embarazo. Asimismo, se reguló la jornada a ocho horas máximo y descanso mínimo de nueve horas consecutivas.
Al respecto, la directora del ILSB, Friné Salguero Torres, dijo que la concienciación de la campaña es necesaria porque “las leyes que están en papel no son suficientes para garantizar nuestros derechos”.
Remarcó que frente a la pandemia de covid-19, las condiciones de precariedad de las trabajadoras del hogar se han agudizado. Las cargas de trabajo de cuidados y limpieza se han intensificado debido al confinamiento; mientras que las restricciones de movilidad y la suspensión de actividades escolares hacen más necesarios los cuidados a poblaciones de dependencia como niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores.
La emergencia sanitaria, añadió Feriné, ha tenido consecuencias en cuanto al incremento de los riesgos a su salud, pues las trabajadoras del hogar han sido presionadas o persuadidas a trabajar en esquemas de planta, sin descanso adecuado y alejadas de sus familiares.
Sobre todo, quienes se emplean en la modalidad de tiempo parcial y se desplazan principalmente en transporte público, “esto las expone a contraer el virus y ser transmisoras potenciales al interior de sus hogares, aumentando su vulnerabilidad al no contar con acceso a servicios de salud”, explicó la activista.
En su intervención, durante la presentación de la campaña, el secretario de Trabajo y promoción del Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, dijo que la visibilización es necesaria para que las y los empleadores reconozcan los derechos de sus trabajadores como una obligación. Asimismo, agregó que, de las cifras antes mencionadas, 200 mil 446 personas realizan esta actividad en la Ciudad de México, ganando en promedio 154 pesos diarios.
Remarcó que es fundamental que “articulemos esfuerzos” y recordó que antes del 20 de diciembre los empleadores tendrán que pagar a sus trabajadores mínimo quince días de salario, en caso de que tuvieran antigüedad de un año, de lo contrario será proporcional al tiempo que lleve desempeñando labores.
LP