De cada 100 mujeres que fueron madres en 2018, 18.5 eran menores de edad y pese a que en los últimos años ha logrado reducirse la cifra de embarazos adolescentes, 319 municipios del país aún presentan tasas de fecundidad muy altas entre niñas y mujeres jóvenes.
Estas y otras cifras sobre el embarazo adolescente fueron presentadas en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, en el que se destacó que hay 414 municipios con tasas altas. Todos tienen algo en común: la pobreza.
“El embarazo no deseado puede afectar las metas académicas y profesionales de las mujeres, así como los desenlaces sociales y de salud de sus hijos, las repercusiones económicas y sociales de los embarazos no deseados van mucho más allá del nacimiento”, informó Juana Serret Montoya, médico adscrita al servicio de medicina en adolescentes del Hospital Infantil de México.
Expertas participaron en un webinar , organizado por Merck Sharp & Dohme (MSD), una compañía mundial enfocada al cuidado de la salud, que busca implementar medidas para mejorar y salvar vidas desde diversos enfoques. Ahí dieron a conocer las estrategias nacionales, así como el marco jurídico y normativo para que la población adolescente ejerza su derecho a la planificación familiar.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), indican que 319 municipios del país presentan tasas de embarazo adolescente (TFA) muy altas, que van de 115.76 a 234.73 nacimientos por cada mil habitantes; y 414 municipios con TFA alta, que van de 99.34 a 115.7 por cada mil.
De los 773 municipios de ambos grupos, 578 tienen más de 50 por ciento de población en pobreza; 417 tienen población de adolescentes hablantes de lengua indígena; y 92 municipios están considerados como de alta marginalidad, expuso Juana Serret en el webinar llevado a cabo este lunes.
En 2014, México se situaba entre los países miembros de la OCDE con 77 nacidos por cada mil adolescentes, para 2018 la cifra se redujo a 70.6 nacidos vivos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años de edad.
Parte de esta estrategia es concientizar a la población joven sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva desde diversas vertientes y asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, así como incrementar la demanda y calidad de servicios de salud, sobre todo en este escenario frente a la pandemia, “donde no contamos con las condiciones óptimas para la reproducción”, afirmó Carmen Juárez, consultora en género y salud sexual y reproductiva.
Con estas acciones se pretende lograr que los jóvenes “tomen decisiones autónomas, libres, acertadas sobre su sexualidad sin renunciar a su identidad y con libre respeto a su cuerpo", comentó la especialista.
Este fenómeno demográfico se debe a que “millones de personas, en su mayoría mujeres, viven sin tener derechos sexuales y reproductivos porque en su territorio, en su cultura o en su tradición no está contemplada la modernidad democrática”, afirmó Juárez.
Asimismo, la consultora hizo mención de la Norma Oficial Mexicana 047 (NOM-047-SSA2-2015) que obliga al sector salud a brindar atención médica y asesoría en planificación familiar a la población adolescente sin necesidad de un tutor legal. “La ausencia de un representante legal del adolescente, no impide brindarle apoyo en salud sexual y reproductiva”, expuso.
Dentro de las acciones, afirmó que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) sigue vigente con los objetivos marcados para el 2030: reducir al 50% los casos de embarazo en mujeres de 15 a 19 años de edad y erradicar por completo la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años.
jlmr