Sus nombres tapizan el país con gritos, 11 mujeres asesinadas al día; millones de lágrimas derramadas por madres, hermanas, amigas que han convertido su dolor en fuego para luchar por ellas. Su recompensa: amenazas, golpes, tortura, violencia sexual como táctica para aleccionar e intimidar a las mujeres que salen a la calle para exigir justicia y alto a la violencia de género.
Las voces de las mujeres resonaron a lo largo de todo el país durante 2020. El movimiento feminista se volvió incómodo para el Estado mexicano; las protestas proliferaron y también la violencia contra las manifestantes. María, Linda y Libertad son algunas de las mujeres que han enfrentado criminalización por no callar ante las injusticias y abusos.
Desde hace casi dos años, María no puede dormir, ni siquiera ir a la tienda tranquila, constantemente recibe amenazas en redes sociales, personas armadas vestidas de civil rondan su casa, sus amigos y familiares se han alejado de ella. La persecución política es el precio que ha tenido que pagar por ser feminista y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio.
“He vivido no sólo criminalización, sino también persecución, fui víctima de un intento de desaparición forzada, tortura y privación de mi libertad en un acompañamiento a las mujeres que habían tomado la CODHEM porque estaban pidiendo que fueran atendidas sus denuncias”, contó a MILENIO María.
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El 10 de septiembre de 2020, un grupo por los derechos de la niñez, acompañadas por siete niños y niñas y un grupo de feministas, entre ellas María, tomaron pacíficamente las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en Ecatepec de Morelos, para exigir la pronta resolución de expedientes de casos olvidados por años y aún impunes.
Aunque en una tarjeta informativa, la CODHEM destacó su "postura empática, solidaria y de acompañamiento al movimiento feminista en el Estado de México", y señaló que las mujeres ingresaron de manera pacífica, policías arribaron para desalojarlas haciendo uso de la fuerza durante la madrugada.
Las manifestantes, junto con los niños y niñas, fueron trasladadas en la parte de atrás de dos vehículos tipo pickup sin logos, al Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza. Un grupo de entre 20 y 30 personas conformado por activistas feministas, amigas, así como familiares de las detenidas, se presentaron en horas de la madrugada a reclamar su liberación en las oficinas del Ministerio Público de Atizapán y también fueron reprimidos y detenidos.
“Cuando fueron a preguntar por mí, golpearon a mi pareja hasta casi matarlo, perdió casi dos litros de sangre, tuvo dos heridas en su cabeza graves, casi fue fractura, cabían mis cuatro dedos en su herida. Hasta el día de hoy, todo sigue bajo el manto de la impunidad, las instituciones dicen que ninguna institución ha sido responsable, el fiscal ya renunció a su cargo, algunos policías que nos detuvieron ya murieron de covid (...), no hay nadie que se responsabilice por este operativo terrorista”, detalló María.
La mañana del 11 de septiembre, tanto las mujeres y niños desalojadas forzadamente de la CODHEM como quienes fueron detenidas arbitrariamente en la manifestación ante el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, fueron puestas en libertad, aunque se abrieron dos carpetas de investigación contra las manifestantes feministas que fueron desalojadas de la CODHEM.
“No basta con la violencia de género que hay en el país, sino también parece que educan a las mismas instituciones para que nos persigan, nos criminalicen, nos creen y fabriquen delitos y nos dejen inmovilizadas”, señaló María.
Cacería de brujas
María no es la única feminista con una carpeta de investigación por protestar. De noviembre de 2020 hasta febrero de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) ha enviado citatorios por lo menos a 42 mujeres, a quienes acusa de realizar delitos como daño a la propiedad durante manifestaciones feministas.
La primera ronda de citatorios inició el 18 de noviembre de 2020. La Fiscalía capitalina abrió carpetas de investigación contra 13 mujeres. Linda es una de ellas; los delitos que le imputan son robo a negocio con violencia y daño a bien inmueble, cometidos durante la marcha del 8 de marzo de 2020; las acusaciones de las autoridades están sustentadas en un perfil de Facebook.
“Desde 2020 me llegó una carpeta en noviembre, acusándome de haber participado en delitos el 8 de marzo cuando yo estuve cargando una lona de una víctima de feminicidio marchando al lado de sobrevivientes; no hay una parte acusatoria real que diga soy el propietario del negocio y a mí me hicieron esto, la acusación fue un perfil de Facebook que se llamaba Ana Pérez”, explicó Linda.
De acuerdo con Gloria Méndez, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña a algunas de las feministas investigadas, existe un patrón en el cual la Fiscalía fabrica delitos a las activistas: los citatorios se ejecutan previo a movilizaciones importantes para el movimiento feminista.
De manera que, en fechas previas al 8 de marzo, 18 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las activistas son citadas por la Fiscalía para ampliar declaraciones o aportar nuevos datos de prueba.
"Están tratando de crearnos una imagen en general a las feministas de que somos criminales, mandan patrullas a mi casa, pasan a pitar como advertencia de: "deja de estar haciendo lo que haces porque te puede pasar algo", denunció Linda.
Además, de estar integradas por denuncias que se realizan desde perfiles falsos, la Fiscalía ha presentado como “evidencia” en las carpetas de investigación publicaciones de Facebook de las acusadas, ya sea sosteniendo pancartas con frases feministas o convocatorias a marchas pacíficas.
“Hay una contradicción importante, pues mientras que para todas las feministas que se están movilizando basta con alguna denuncia anónima en Facebook, a las víctimas de violencia les ponen todas las trabas; hemos detectado que el simple hecho de ser feminista ya te pone en un nivel de peligro y te hace susceptible a ser investigada por la Fiscalía”, resaltó Méndez.
“Malas mujeres”
“Por eso les pasa lo que les pasa, después por qué las violan” y “ahora sí, van a aprender” son algunas de las frases que policías gritaban a las mujeres que se manifestaron pacíficamente en los alrededores de la Plaza Expiatorio, en León, Guanajuato, el 22 de agosto de 2020. Ellas pedían justicia por Evelyn, víctima de violencia sexual cometida por policías municipales.
La respuesta de los elementos fue someterlas; agredieron física y sexualmente a algunas manifestantes y a las activistas que acudieron en su ayuda. Libertad no fue a la marcha por Evelyn, pero acudió a la Plaza Expiatorio cuando se enteró que estaban deteniendo arbitrariamente a las manifestantes; cuando trataba de ayudar a una de ellas anotando sus datos y los de la patrulla en que la subían, fue detenida por la policía.
“Estaba en casa, después asistí cuando empezaron las detenciones, las cuales fueron sumamente violentas, la verdad la experiencia fue muy negativa, en lo personal fue con mucha injusticia, hubo mucha impotencia por parte de varias y obviamente la violencia se hizo presente todo el tiempo verbal, psicológica, sexual por parte de todos los elementos tanto hombres como mujeres que pertenecen a la policía”, detalló Libertad.
A pesar de ser mayoritariamente pacíficas, las manifestaciones encabezadas por mujeres son estigmatizadas como violentas. De acuerdo con Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, esta criminalización a la protesta feminista genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra.
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El uso de la violencia sexual en contra de mujeres durante las manifestaciones y el uso indebido del derecho penal han sido usados para aleccionar y castigar a las feministas por ser consideradas “malas mujeres” que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género.
“Cuando las policías tienen contacto con mujeres que salen a protestar, la violencia policial pasa por la violencia sexual: van desde amenazas de violencia sexual, tocamientos y una serie de estereotipos sexistas del tipo “eso les pasa por salir a protestar”, “si estuvieran en su casa no les hubiera pasado esto”, mencionó Olivares.
Protestar no es un delito
Para María, Linda y Libertad salir a protestar las confronta con un mar de emociones: por un lado, incertidumbre debido a la persecución política de la que son víctimas, pero también hay sororidad, pues a pesar de las amenazas y agresiones no han desistido de su labor de defensoras de derechos humanos.
"Me da mucho miedo protestar, sin embargo no soy yo quien debería tener miedo, deberían ser ellos los tengan vergüenza y miedo… procuro por salud mental acompañar a mis compañeras yendo el 8 de marzo como observadora y defensora de derechos humanos”, indicó María.
“Es un derecho a protestar manifestarnos por lo que está pasando la violencia de género no ha dejado de aumentar, no estoy saliendo por algo a pedir algo que no sea real estoy pidiendo por cosas que están pasando”, expresó Linda.
La criminalización y estigma a la protesta feminista tiene efectos severos en la salud física y psicológica de las mujeres que la enfrentan. Las activistas manifiestan estrés postraumático, ansiedad, afectaciones a sus relaciones emocionales. Aunado a esto, tienen que solventar los gastos que conlleva enfrentar un proceso judicial o de reparación del daño.
“Ha sido muy cansado, es un proceso bien revictimizante, en la realidad no pasa la reparación del daño, después de casi dos años no hay avances, a todas nos cansan, fuimos 22 mujeres detenidas y actualmente nada más seguimos dos, a veces cuatro, en la exigencia de la reparación”, dijo Libertad.
Dado el nivel de violencia que sufren las mujeres y las niñas que participan en manifestaciones en México, y el escalamiento de la violencia en su contra por parte de las autoridades, Amnistía Internacional México exhortó al Estado mexicano adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacífica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que participen.
“Hemos sido muy claras con los gobiernos de las 32 entidades federativas y con el Gobierno federal en que deberían estar utilizando los recursos en la prevención en vez de la represión, el Estado mexicano se ha obligado a sí mismo por los compromisos internacionales que ha adquirido y por la legislación que impera en el país a prevenir atender y sancionar la violencia contra las mujeres y está en deuda con las mujeres”, puntualizó Olivares.
“Si no quieren que se hagan manifestaciones, entonces que escuchen nuestras exigencias, que se sienten a trabajar, así como blindan los monumentos que también nos cuiden a nosotras”, finalizó Libertad.
EHR