ONG alerta sobre pasividad de México y otros países contra cohecho internacional

En el caso de México, el reporte identificó que no tiene registros públicos de la información sobre beneficiarios reales de empresas y fideicomisos.

El reporte evalúa a los 43 países que firmaron la Convención, incluidos China, India, Hong Kong y Singapur. | Getty Images
Rafael Montes
Ciudad de México /

La organización Transparencia Internacional alertó sobre la alarmante tendencia a la baja en la investigación y sanción del cohecho internacional que registran los 43 países exportadores más grandes del mundo, entre los que destaca México, en donde desde 2018 no se investiga ni sanciona ni un solo caso.

En el nuevo reporte de Transparencia Internacional sobre la evaluación de la aplicación de la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), titulado “Exportando corrupción 2022”, México se ubicó entre los 20 países que no ha hecho nada por aplicar las medidas de dicha convención.

El reporte evalúa a los 43 países que firmaron la Convención, incluidos China, India, Hong Kong y Singapur.

El informe destaca que “la ejecución continúa con la alarmante tendencia a la baja de los últimos años”.

Sólo dos países, Suiza y Estados Unidos, que representan el 11.8 por ciento de las exportaciones mundiales se consideran “ejecutores activos” de investigaciones e imposición de sanciones, según su nivel de negocios internacionales.

Pero el reporte, en general, alerta que en casi todos los países persisten graves deficiencias en las leyes y los sistemas de justicia que dificultan la aplicación de las medidas anticohecho internacional.

“En muchos, los órganos de investigación tienen recursos e independencia inadecuados. Los denunciantes carecen de protecciones clave. Pocos gobiernos publican suficiente información sobre casos de soborno transnacional pendientes o concluidos, lo que obstaculiza la rendición de cuentas ante los ciudadanos, los países socios y las personas perjudicadas, que merecen la oportunidad de recurrir”, dice el boletín de prensa de Transparencia Internacional.

En el caso de México, el reporte identificó que no tiene registros públicos de la información sobre beneficiarios reales de empresas y fideicomisos, igual que ocurre en Argentina, Australia, Chile, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Israel, Lituania, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Rusia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suiza, los territorios de ultramar del Reino Unido y dependencias de la Corona, Estados Unidos, China y Hong Kong.

Además, en México hay una insuficiente independencia o financiamiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pudieran evitar la ejecución de sobornos.

Ambos problemas existen también en Francia, Letonia, Perú, Polonia, Sudáfrica, Rusia, Sur Corea y Turquía.

El reporte indica que en Grecia y Japón, existen sanciones inadecuadas tanto para personas físicas como jurídicas, mientras que en México, el problema es que las empresas estatales están exentas de la responsabilidad social.

Por otra parte, en México también se identificó una falta de protección adecuada de los denunciantes, los cuales “son cruciales para la detección de cohecho transnacional y otros delitos”.

Esa protección tampoco se da en Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Singapur.

Caída, desde 2018

“Los gobiernos de hoy se enfrentan a muchos desafíos, desde la creciente cleptocracia hasta el desastre climático y la agitación económica. Pero los líderes no deben perder de vista la corrupción transfronteriza que exacerba estas amenazas y bloquea las soluciones. Las redes transnacionales corruptas de empresas y sus facilitadores dejan un rastro de daños: expulsan a los competidores, eluden las regulaciones y agotan los recursos de los presupuestos públicos”, advirtió Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

“Con el soborno desenfrenado en los mercados públicos extranjeros, se obtienen ganancias ilícitas a expensas del desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos”, añadió.

Transparencia Internacional explicó que, aunque la pandemia de covid-19 interrumpió la actividad económica mundial y afectó la capacidad de los países para cumplir con sus obligaciones de hacer cumplir la ley contra el delito de soborno en el extranjero, la tendencia a la baja en la aplicación comenzó en 2018.

Por ejemplo, dos ex ejecutores activos, incluido el Reino Unido con el 3.4 por ciento de las exportaciones mundiales e Israel, pasaron este año a una aplicación moderada, explica el boletín de prensa.

Otros siete países cayeron en sus niveles de aplicación, incluido el actor más fuerte del mundo, Estados Unidos, que, aunque permaneció en la categoría "activa", persiguió significativamente menos casos en 2021.

“La mayoría de los países encuestados tienen una aplicación limitada o nula, incluida China, el principal exportador del mundo; en este grupo de 38 países, que representan el 55 por ciento de todas las exportaciones mundiales, los abusos de soborno en el extranjero quedan impunes”, advierte.

El reporte destaca que dos países intensificaron sus esfuerzos desde el informe anterior, de 2018: Letonia y Perú.

“Aunque comprenden una pequeña parte de las exportaciones mundiales, ambos son signatarios relativamente nuevos (en 2014 y 2018 respectivamente), por lo que este progreso es alentador”, dice.

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