México reitera a ONU su obligación en evitar daños colaterales en conflictos armados

México se sumó a la resolución propuesta por Vietnam que refuerza el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de la protección de los objetos indispensables en situaciones de conflicto.

México condenó estos ataques y la falta de cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario. (Twitter)

Adyr Corral

Luego de señalar el aumento de la urbanización de los conflictos armados alrededor del mundo y el uso de nuevas tecnologías en ellos, México reiteró al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su obligación de prevenir más daños y consecuencias para la población civil.

“Tenemos la obligación de prevenir más daños y consecuencias para la población civil en situaciones de conflicto armado. Debemos velar por el cumplimiento irrestricto del derecho internacional humanitario en cualquier pronunciamiento o acción del Consejo de Seguridad”, recordó Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas.

Ante tal panorama, México se sumó a la resolución propuesta por Vietnam que refuerza el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de la protección de los objetos indispensables en situaciones de conflicto.

“Coincidimos, especialmente, en la necesidad del respeto irrestricto del derecho internacional humanitario y la importancia de proteger los objetos que resultan indispensables para la supervivencia de la población civil, en especial las instalaciones y suministros de agua potable, plantas eléctricas, instalaciones médicas y escuelas, por mencionar algunos que nos parecen esenciales”, explicó De la Fuente.

Tras llamar a reforzar la protección de civiles mediante el respeto al derecho internacional humanitario, De la Fuente aseguró que es motivo de alarma para México que persistan ataques a estos espacios indispensables a pesar de estar prohibidos por los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977.

Por lo que México condenó estos ataques y la falta de cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario, además de llamar a los demás países que conforman el Consejo de Seguridad a no permitir que las violaciones a tales normas queden impunes: “No hay lugar a excepciones para condonar ataques deliberados contra la infraestructura esencial”.


Sobre la propuesta de Vietnam, copatrocinada por México, De la Fuente destacó que la mención específica a los civiles que “operan, reparan y dan mantenimiento a estos objetos” representa en sí misma una contribución significativa al fortalecimiento del derecho internacional humanitario.

“Además de los ataques a las instalaciones de agua potable o a las plantas eléctricas que interrumpen la prestación de servicios básicos, la pandemia por covid-19 ha hecho todavía más evidente el vínculo entre el acceso al agua y la salud”, contextualizó.

También alertó que estos ataques a la infraestructura básica de un país donde se desarrolla un conflicto armado, pueden derivar en el uso del hambre como herramienta de guerra.

“Por ello, México considera que además del derecho al respeto internacional humanitario resulta imperativo invertir en el mantenimiento y la resiliencia de la infraestructura para asegurar que los servicios continúen funcionando en situaciones de conflicto, así como para mitigar sus consecuencias que pueden generar condiciones realmente precarias”, subrayó durante su intervención en el debate de este martes.

Finalmente, De la Fuente señaló el componente de género existente en los conflictos armados, sobre todo cuando hay daños colaterales contra la población civil como es el caso de las zonas donde se ataca la infraestructura básica.

“Preocupa también a mi delegación que las niñas y mujeres sean afectadas de manera desproporcionada por la falta de servicios básicos, al igual, que los pueblos indígenas”, abundó al respecto.

A la par, México también se sumó a la iniciativa de escuelas seguras con lo que se convirtió en el país 108 en hacerlo: “El cierre de escuelas por ataques, falta de agua o electricidad repercute a largo plazo en la educación y desarrollo de la población infantil y el desarrollo de la comunidad (…) sus instalaciones deben respetarse sin excepción”, concluyó De la Fuente al respecto.

JLMR

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