Casi un mes después de la fuga del interno José Cristian Campos Hernández del Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago “Cereso Mil”, considerado uno de los penales estatales de alta seguridad, el director del centro, Fabián Rodríguez Arroyo, renunció al cargo.
MILENIO confirmó con fuentes de primer nivel la salida del director la cual hasta el momento no se había dado a conocer.
En los últimos 10 años se han registrado dos escapes de dos presos, uno en la pasada administración y el segundo el año pasado.
El 19 de diciembre trascendió que un interno se había fugado, un hecho ocurrido tres días antes; la fuga la dio a conocer hasta entonces la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y confirmó que se trataba de José Cristian Campos Hernández, sentenciado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en la comunidad de Palmita de San Gabriel, municipio de Celaya en diciembre del 2009.
Se confirmó que en ese momento el director del penal era Fabián Rodríguez Arroyo, quien dejó de prestar sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato el pasado 15 de enero de 2018.
La renuncia de Rodríguez Arroyo fue voluntaria y aludió a su Jefe Inmediato, Gregorio Nicasio Fonseca, director del Sistema Penitenciario del Estado, según se confirmó que se retiraba del cargo por “cuestiones personales, para emprender otros proyectos fuera de gobierno”.
El cargo fue asumido por Javier Eduardo Ramírez Maldonado quien se desempeñaba en el mismo cargo pero en el Centro Estatal de Reinserción en el municipio de San Felipe.
Luego de la fuga de José Cristian Campos Hernández del Cereso Mil, se vinculó a proceso a Miguel Ángel ‘N’, Pablo ‘N’, coordinador y subcoordinador de Seguridad Penitenciaria, respectivamente; José Guadalupe ‘N’, con cargo de jefe de turno, y los custodios Narciso ‘N’, Juan José ‘N’ y Óscar Eduardo ‘N’ por los delitos de evasión de detenidos inculpados y sentenciados en agravio de la procuración y administración de la justicia; así como evasión de detenidos inculpados y sentenciados, en grado de tentativa, en agravio de la procuración y administración de la justicia.
La primer fuga se registró en el 2008 cuando Juan Antonio Salazar Cabrera, quien cumplía una pena de cinco años por el delito de robo calificado, logró escapar escondido en un ropero que él mismo construyó. Por la fuga de este interno se investigó a 10 custodios ya que fueron señalados como posibles cómplices.