La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) llamó al gobierno federal y al Congreso de la Unión concretar la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021 y que no ha sido presentada.
Durante la presentación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y tribales, la organización señaló que a pesar de que la Constitución y diversos estándares internacionales han avanzado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en los hechos estos continúan enfrentando dificultades para el ejercicio del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y para el respeto y protección de sus tierras, territorios, bienes comunes y sus formas propias de vida y desarrollo.
La comisionada Esmeralda Arosemena, relatora sobre Pueblos Indígenas de la CIDH, destacó que el derecho a la libre determinación está amenazado por violencias asociadas con las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida de las comunidades.
Explicó que es necesario adoptar medidas para el funcionamiento de los sistemas de organización y ejercicio de la libre determinación, evaluar en coordinación con los pueblos los cambios que se lleven a cabo, mecanismos eficaces de reparación de daños, de protección y de acceso a la justicia y tomar medidas para mitigar los impactos del cambio climático para fortalecer los derechos territoriales y asegurar la soberanía alimentaria.
En el informe, la CIDH señaló con preocupación que, en varios países, “los pueblos indígenas y tribales enfrentan obstáculos para el ejercicio de su libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados, y/o los aspectos colectivos de sus derechos (…)”.
Además, señaló la “falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios”.
Otro obstáculo que considera el documento es “la situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico (…) siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos (…)”.
“Lo señalado por el Informe de la CIDH retrata la dolorosa realidad que siguen padeciendo los pueblos de México; por esta razón, los integrantes de las comunidades, en representación de la ALDEA, exigimos cumplir de forma pronta con las recomendaciones internacionales y dar los pasos necesarios para concretar la reforma prometida y honrar la deuda histórica con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar”, destacó la organización.
JLMR