Con el fin de evitar abusos a los trabajadores y la violación de sus derechos, fue aprobada una reforma en materia de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, que elimina esta práctica y obliga a las empresas a reconocer a su personal.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, apuntó que el objetivo de esta iniciativa era detectar la subcontratación abusiva, que a su vez, provoca la inestabilidad en el empleo, el subregistro en el Seguro Social,la evasión del reparto de utilidades y de impuestos, así como la competencia desleal entre las mismas empresas.
Ahora, con la reforma aprobada, la funcionaria dio a conocer los ocho puntos más relevantes en los cambios a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como el Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, y la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Cambios
- Se prohíbe la subcontratación de personal.
- Las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a los que realizan actividades principales en las empresas.
- Se permite subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte de actividad preponderante.
- Las empresas que presten servicios deberán estar en registro obligatorio ante la STPS, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
- Las empresas que reciban estos servicios deberán responder frente a trabajadores en caso de incumplimiento.
- Ser homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo; para evitar la defraudación fiscal.
- Se endurecen sanciones para incumplimiento.
- Sea reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal no exista la subcontratación. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal en modalidad de outsourcing.
El registro de los trabajadores deberá ser público y transparente, y en caso de que se encuentren incumplimientos se perderá el derecho a ser parte del padrón. El Poder Ejecutivo tendrá un mes para la publicación del acuerdo y los lineamientos. Asimismo, cada tres años las empresas deberán actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo.
A partir de ese momento, las empresas cuentan con 90 días para que puedan regularizarse. Hasta el momento ya hay cerca de 300 mil trabajadores que han sido reconocidos por sus compañías.
En materia de reparto de utilidades, el cual es un derecho constitucional que establece que los trabajadores deben recibir una parte de las ganancias de las empresas, una vez publicada la ley tendrán la obligación de repartir el 10 por ciento de este monto.
Para lograrlo se establecieron dos modalidades: hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años. Los trabajadores que no recibían nada de estas ganancias o un porcentaje muy pequeño, se incrementará a 57 días con la propuesta de obtener 2.6 veces más.
LP