La economista Magdalena García dijo que ello permitirá entregar un salario básico a la población trabajadora y desempleada, durante los seis meses que se prevé dure la emergencia de esta contingencia sanitaria.
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La propuesta es que el Estado garantice un ingreso a las y salarios mínimos mensuales (lo que equivale ganar de cero a 18 mil 700 pesos al mes), con la idea de que las personas que están confinadas en casa puedan tener recursos económicos para sobrevivir en medio de una economía congelada.
La idea es tener una medida de “salvamento” para la población más vulnerable, entregar ese dinero a las familias beneficiará a personas desempleadas y trabajadoras formales e informales, cuya preocupación principal durante esta pandemia es garantizar su alimentación, dijo.
SALVAR A LAS FAMILIAS Y NO A LAS EMPRESAS
En esta etapa de emergencia, expuso Magdalena García Hernández, la prioridad deben ser las vidas humanas y satisfacer las necesidades básicas, no las empresas en sí. Nacionalizar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas es una decisión que beneficiará la economía porque las personas que reciban este ingreso también son consumidoras y lo utilizarán para consumir productos y servicios para su sobrevivencia, argumentó.
La economista aseguró que en la etapa de emergencia no habrá producción en muchos sectores, como se manifestó el pasado 30 de marzo en el acuerdo de actividades esenciales durante la emergencia generada por el virus, presentado por la Secretaría de Salud y donde se consideró primordial la provisión de alimentos, agua potable corriente y constante para toda la población, insumos e instrumentos médicos para salvar vidas.
Precisó que lo que se requiere es que el gobierno intervenga y entregue recursos directamente a los hogares en una especie de “renta básica de emergencia”. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que hasta marzo de 2020 el ingreso promedio de la población era de 6 mil 545 pesos mensuales, pero en el caso de las mujeres la cifra era de 5 mil 536 pesos.
¿A QUIÉNES SE TIENE QUE APOYAR?
La propuesta consiste en entregar un ingreso de 10 mil 900 pesos mensuales, en promedio, a 73 por ciento de los hogares que pertenecen a los rangos de ingreso equivalente de 0 a 5 salarios mínimos o donde las personas están desocupadas. En cada hogar, también en promedio, hay 3.7 integrantes, según la encuesta intercensal 2015 del Inegi, por ello el ingreso se entregaría por hogar y sería el equivalente para asegurar la compra de una canasta básica.
La política de nacionalización de nóminas considera la desigualdad de género. De acuerdo con García Hernández, hasta 2019, dos mujeres por cada hombre estaban disponibles e interesadas en trabajar, pero no conseguían empleo y en el mismo año había seis mujeres ocupadas por cada 10 hombres, lo que revela una baja participación económica de las mexicanas que no acceden al empleo por la discriminación laboral y las cargas en las tareas de cuidado y del hogar.
¿CUÁNTO HAY QUE INVERTIR?
El documento con estas propuestas, elaborado por “Pensadoras Urbanas” de la que García forma parte, se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de entregar toda la información estadística y económica utilizada para sustentar la propuesta, para que la dependencia pueda ampliar o mejorar los alcances de las estimaciones, a fin de revisar la viabilidad. En este análisis se expone que a cada hogar se le otorgaría en promedio 436.12 dólares, es decir, 10 mil 900 pesos mensuales.
García Hernández explicó que si la etapa de emergencia dura seis meses, los recursos requeridos son de 1,627.3 miles de millones de pesos, es decir, 65 mil millones de dólares, lo que significa 6 por ciento del PIB anual mexicano, revisado al 2 de abril de 2020.