Pescadores furtivos y mafia china dan estocada a la vaquita marina

Una tarde de finales de marzo de 2021 nos apostamos a ver el atardecer en la playa de San Felipe, Baja California, como cualquier turista con botes de cerveza y una bocina portátil. Apenas cayó la noche, la luz de la luna llena dejaba entrever el ingreso constante de camionetas arrastrando pangas, listas para introducirse al hogar de la vaquita marina ante los ojos de cualquiera, arropados por la impunidad, sin revisiones y sin restricciones.

La extracción indiscriminada de totoaba es lo que prácticamente ha extinguido la población de vaquitas marinas, las cuales suelen caer y morir en las redes de los pescadores furtivos.

Esa noche era una fecha clave para los comerciantes de la zona, ya que, en esa temporada, por dicha fase lunar el desove de totoaba es mayor entre febrero y junio, aunque el mes con el mayor pico es marzo. Luego de la medianoche de observar el ir y venir de las pangas sacando totoaba y posiblemente dañando alguna vaquita, decidimos retirarnos a descansar para toparnos con una sorpresa mayor a la mañana siguiente.

A plena luz del día mientras nos reunimos en el mismo lugar con un líder pescador que nos contaba sobre la fiebre totoabera, a unos 20 metros un hombre de alrededor de 30 años caminó a paso lento sobre la playa en medio de los turistas, cargando una totoaba que aún se notaba fresca, sobre todo por los rastros de sangre impregnados en sus escamas que mostraban que había sido desprendida de su valiosa “cocaína” de mar: el buche. Esto se vive a diario e incluso lo atestiguamos cuando encontramos decenas de restos de totoaba en los tiraderos de vísceras.

Se aproxima el día en que los titulares de los medios de comunicación reporten: Se extinguió la vaquita marina. De acuerdo con las autoridades, actualmente quedan menos de diez cetáceos.

No hay manera de que lo revierta el gobierno, ya se vio con el fracaso del ex secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano, y su oneroso operativo de rescate de vaquitas marinas. Son décadas de corrupción, opacidad, violencia, pobreza y engaños que alimentan una sofisticada red trasnacional; pretender iniciar desde cero y sin el presupuesto necesario, sin la voluntad política y sin el impulso de investigaciones sobre lavado de dinero en esta modalidad.

Durante años, el mayor peso de la captura ilegal de totoaba, y la casi extinción de la vaquita marina, ha recaído sobre las comunidades pesqueras. Sin embargo, detrás existe toda una estructura criminal compuesta por pescadores furtivos y la mafia china, quienes trabajan en complicidad con intermediarios estadunidenses y mexicanos asentados en las comunidades de San Felipe, Mexicali, Ensenada y Tijuana, Baja California; El Golfo de Santa Clara, Sonora, en México, lo mismo que San Diego, Estados Unidos y China.

En aquel marzo de 2021, también nos encontramos a pie de playa con un pescador furtivo de totoaba, cuyos clientes chinos le pedían vejigas cada vez más grandes. Se mostraba evasivo cuando le preguntamos qué hacían con los cadáveres de las vaquitas marinas cuando caían en las redes pesqueras. Después de tanta insistencia sobre las evidencias, solo nos dijo:

"Las dejamos ahí o las picamos pa’ que se hundan… o las enterramos".

Después vino un prolongado silencio, estaba irritado por la preguntadera. Esto mismo ya nos lo había dicho otro pescador en 2016, en plena francachela.

¿Y los cuerpos?

En aquella primavera, nuestros informantes nos llamaron por teléfono para avisarnos que la “plaza” estaba “caliente” en San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora; dos puertos pesqueros que conforman la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. El hogar de la vaquita marina, el único cetáceo endémico del país.

Una vez más estos puertos se disputaban a fuego y sangre por la fiebre de la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es extraída con el fin de que se trafique hacia China, donde la élite la consume como alimento afrodisíaco, dando como resultado que esta pesca furtiva dañe de manera colateral a la vaquita.

El mapa ecocriminal era nuevo, se configuraba el control. Para ese entonces, decidimos proponerlo al equipo de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas. Por tercera vez viajamos, después de seis años de publicar decenas de notas y reportajes, así como el libro “Tráfico de animales, comercio ilegal en México”.

Desde Mexicali –el centro de operaciones de los capos de la totoaba– recorrimos unos 144 kilómetros hacia el Golfo de Santa Clara. Nuestras fuentes, todos ellos trabajadores en el giro de la pesca, estaban temerosos. Cualquiera jalaba el gatillo por nada.

Habían pasado tres nuevas cosas desde la última vez que fuimos en 2017: los jóvenes pescadores furtivos eran más violentos y cargaban armas de fuego; supuestamente las fuerzas policiales de la federación habían elevado el cobro por trasegar totoaba; los capos chinos habían cambiado la dinámica de trasiego mientras permanecían escondidos más que nunca; y desde luego, producto de todo esto, la vaquita iba en picada en sus estadísticas.

En algunos comunicados oficiales las autoridades reportan que los cadáveres de las vaquitas han aparecido con heridas punzocortantes. En los últimos años, de acuerdo con información vía la Ley de Transparencia, la Profepa ha localizado únicamente ocho cuerpos de vaquita marina durante los recorridos entre 2016 y 2018. Es decir, casi no hay registros actualmente.

Entonces cabe preguntar: ¿Y todos los demás rastros? Parece increíble que haya menos de una decena registrada por las autoridades cuando la población en 1999, según el Comité Internacional de Protección a la Vaquita Marina (Cirva), era de 567 ejemplares, y en la actualidad hay menos de 10, ¿Dónde quedaron los demás cuerpos? Tal vez algunas respuestas tienen que ver con un sinfín de causas naturales; sin embargo, esto no coincide con el nivel de presencia que el gobierno dice tener con las más de mil acciones entre operativos y vigilancias.

Funcionarios involucrados

A diferencia de las veces pasadas, en nuestras anteriores hipótesis, sólo figuraban como responsables los pescadores furtivos. Por eso, años después y con más reportería, decidimos ponerle el ojo al Cártel del dragón, el cual nombramos así por un afamado restaurante de Mexicali con nombre similar. Ahí, presuntamente se organizan reuniones entre los miembros de este clan asiático, cuyo esquema financiero es tan sofisticado que no figura en los objetivos de la U­nidad de Inteligencia Financiera (UIF), tal como nos corroboró una fuente al interior del gobierno federal.

Así nos lo explicaron funcionarios de todos los niveles, tanto en Profepa, Conapesca, Semar y lo que ahora es la Guardia Nacional, así como fuerzas policiacas de orden estatal y municipal. “Alertamos a Profepa de sus funcionarios involucrados, pero no hicieron nada”, nos dijo un ex comandante de fuerzas especiales de la extinta Gendarmería Ambiental cuando comenzaron operativos a partir de 2016.

En nuestros viajes al Alto Golfo, pudimos convivir con decenas de pescadores y trabajadores del mar. Gracias a las sobremesas, supimos de su debilidad por la discada de mariscos, su impaciencia porque los dejen pescar libremente y el anhelo porque todo sea como cuando la vaquita no aparecía en las noticias.

También comprendimos que los traficantes son en su mayoría habitantes de San Felipe o Santa Clara que ven en el buche una fuente de ingresos, sin importar el daño ambiental. Las buenas ganancias que deja incluso han provocado que cada vez más jóvenes se vean seducidos, en busca de lujos.

Por eso, pensar que los pescadores son el principal problema, como erróneamente han concluido algunas organizaciones ambientales, no sólo implica estigmatizar a toda una región, sino que también encubre a todas las partes involucradas. Los pescadores furtivos son una pieza más de un rompecabezas que incluye a empresarios locales, extranjeros y autoridades de los tres niveles de gobierno, sin los cuales no sería posible trasladar el buche de totoaba a través de dos continentes.

A pesar de las buenas ganancias, los pescadores furtivos no pueden sostener una estructura criminal, que incluye una cadena de frío para mantener los buches frescos, infraestructura para deshidratarlos y empaquetarlos, transporte seguro para moverlos desde el Alto Golfo hasta Mexicali o Ensenada, y salir vía contenedores; y desde luego contactos para que ninguna autoridad los rastree en los retenes y un bufete de abogados a su servicio por si los detienen.

Los mínimos esfuerzo del gobierno mexicano hablan por sí mismos: en una de las investigaciones que publicamos, titulada Así venció el Cártel del Dragón al gobierno mexicano, documentamos cómo en nueve años sólo hay dos sentencias condenatorias de 42 expedientes abiertos que involucran tráfico de totoaba, además de que no se ha dado ningún golpe notable contra cabezas extranjeras. Algunos capos chinos se les han escapado por la falta de traductores en el ministerio público de Mexicali; eso sin contar las bajísimas reparaciones de daño, sin metodología para establecer los montos.

Lo anterior no significa que el gobierno abandone la gobernabilidad y la presencia federal para imponer orden, más bien, en todo caso, nos referimos a que llegó el momento en que la federación llame a cuentas, comparecencias, haga las auditorías correspondientes y castigue por todos estos años de incalculables miles de millones de pesos mal ejecutados, que no sirvieron para evitar el ocaso de la vaquita marina. ­

FS