Poder Judicial de Hidalgo investiga actuar de jueza tras caso Azoyatla

La magistrada hidalguense indicó que se realizó una inspección de la visitadora en materia penal para conocer todo el proceso que se llevó a cabo desde el inicio del juicio en contra del victimario de una mujer y su familia

Rebeca Aladro, magistrada presidenta del Poder Judicial de Hidalgo. (Cortesía)
Eduardo González López
Pachuca, Hidalgo. /

La presidenta del Poder Judicial en Hidalgo, Rebeca Aladro, dio a conocer que iniciaron una investigación administrativa en torno al caso de la jueza que dejó en libertad condicional a una persona acusada de violencia contra la mujer y que terminó en el homicidio de cuatro personas esta semana en Mineral de la Reforma.

La magistrada hidalguense indicó que se realizó una inspección de la visitadora en materia penal para conocer todo el proceso que se llevó a cabo desde el inicio del juicio en contra del victimario de una mujer y su familia, y en caso de encontrar irregularidades administrativas por parte de la juzgadora Janett Montiel Mendoza, habrá sanciones.

“He dado instrucciones precisas a la visitadora en materia penal para que realice un informe y lo envíe a la Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Ese informe lo van a recibir, lo van a radicar y lo van a turnar a la mesa de investigación sobre esta trágica denuncia que se hace.

“Si la mesa de investigación tiene que hacer todo un proceso de investigación como su nombre lo indica, recabarse de toda la información que tenga, que se haya dado dentro de este proceso, y después si considera que presumiblemente hay una conducta irregular entonces elabora un informe y lo envía al área resolutora”, expresó Aladro.

De acuerdo con la titular del Poder Judicial estatal, en caso de que se determine que hay una responsabilidad administrativa, existen penalizaciones para los funcionarios y servidores públicos, las cuales van desde una amonestación pública, una amonestación privada, una suspensión provisional del empleo, hasta la inhabilitación o la destitución.

“El área resolutora lo que va a hacer es darle también uso de la voz en este caso al funcionario, al servidor público para que haga su informe, determine y señale lo que a su derecho corresponda y esta área resolutora va a resolver si hay una conducta, una mala conducta por parte de este servidor y entonces va a dictar una resolución al respecto”, reiteró.

Entre la noche del 4 de febrero y madrugada del día 5, el ex policía municipal de Mineral de la Reforma, Marco Antonio N., cometió el homicidio de cuatro personas en la colonia El Arrepentimiento de la comunidad de Azoyatla, víctimas identificadas como ex pareja del detenido, sus dos padres y un familiar más.

De acuerdo con su expediente, el ahora señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, en contra de su ex pareja sentimental, esto el pasado 13 de octubre de 2024.

Asimismo, el 15 de octubre pasado, ingresó al Cereso de Pachuca, y su vinculación a proceso se dio el 21 de octubre de 2024. Del Cereso salió el 15 de noviembre de 2024 con libertad condicional, y el día 19 de noviembre del mismo año presentó su renuncia por escrito, la cual ratificó de manera personal.

Tras los hechos, la magistrada Rebeca Aladro, señaló que lo que se debe resolver en cuanto al Poder Judicial es la demanda social de la probable responsabilidad o no de la juez, por lo ocurrido con la libertad condicional que se le otorgó al hoy acusado, en el proceso que se estaba llevando.

“Lo que me compete en este momento es investigar, ver si la conducta del servidor público, en este caso de la juez, tiene alguna presunción de responsabilidad y entonces echamos a andar toda la maquinaria administrativa para poder ver finalmente si hay o no responsabilidad administrativa. Eso es lo que en mí está que no podemos dejar, no podemos dejar de observar que todas estas cuestiones deben de quedar claras para el ciudadano. Porque el ciudadano tiene que sentir la seguridad, la tranquilidad de que la institución está impartiendo justicia y en este caso la justicia con sentido humano”, explicó la magistrada Aladro.

Finalmente, dijo que el asunto se ha tomado con toda la responsabilidad y seriedad, al tiempo de manifestar sus condolencias con la familia de las víctimas.

“Todo lo que está pasando nos afecta a todos, nos afecta a todo el personal, al Poder Judicial, a jueces, a magistrados, a todo el personal. Nos duele, nos duele el dolor de la familia, nos duele que estén pasando por todas estas situaciones”, concluyó.


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