La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las reformas propuestas a la Ley General de Salud reducen el riesgo a que se presenten eventos de tortura o malos tratos hacia las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pues a través de la desinstitucionalización se abren los espacios de atención de la salud mental al escrutinio público.
Mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la CNDH detalló que se identifican en la reforma cambios sustantivos: desde abandonar conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención, con el cual se involucra en la atención de la salud no sólo a las familias y al Estado, si no a la comunidad.
“Se considera positivo que la reforma plantee las bases para implementar un modelo que se oriente a combatir los estigmas que existen sobre las personas que requieren de los servicios de salud mental y que contribuya a garantizar el derecho a la vida independiente de las personas, mediante el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos”, expresó la Comisión Nacional.
La CNDH detalló que estará atenta para que se generen las estrategias para que la implementación de la reforma se dé en condiciones de igualdad y bajo la observación permanente de distintos actores sociales.
De acuerdo con lo anterior, el actual modelo presenta asimetrías de poder, mismas que desempodera a las personas usuarias y menoscaba su derecho a tomar decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en el que se producen violaciones de los derechos humanos.
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