Las reformas aprobadas por el Senado para combatir la defraudación fiscal pueden violar derechos humanos, por lo que es necesario analizar la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento. De aprobarse el dictamen enviado a la Cámara de Diputados, la falsificación de facturas se perseguirá por dos vías: fiscal y penal.
De acuerdo con un estudio del propio Senado, las reformas que tienen como objetivo catalogar a los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y por la expedición; venta; enajenación; compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados como conductas de la delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, pueden constituir una probable violación a los derechos humanos durante el procedimiento penal como consecuencia a las disposiciones de las legislaciones fiscal y penal.
La investigación elaborada por la dirección general de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez señala que uno de los retos de las reformas aprobadas por el Senado el pasado 10 de septiembre en materia de defraudación fiscal consiste en construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la prisión preventiva.