La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga un intento de soborno por medio millón de pesos ofrecido vía telefónica a una empleada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por parte de una persona particular para que le filtrara la cotización de un seguro que una institución bancaria entregó a esa institución federal.
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP abrió el expediente 160/2020 en contra de José Alberto Rivas Reséndiz, quien fue denunciado por una servidora pública del CNI luego de que el 7 de marzo de 2019, “en reiteradas ocasiones, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas vía WhatsApp, le solicitó tomar fotografías a un documento consistente en la cotización de seguros entre el CNI y la institución Banorte”.
- Te recomendamos INAI ordena a Pemex publicar cartas de Vitol en las que ofrece resarcir daños por sobornos Política
En el expediente se incluye la declaración de un testigo de los hechos, que en ese momento era el director de Recursos Materiales y Servicios Generales en el CNI, quien ofreció a la SFP la grabación que, con autorización de la denunciante, realizó con su teléfono celular a una de las llamadas telefónicas.
“De dicha grabación se desprende que, el particular, José Alberto Rivas Reséndiz, plantea a la servidora pública que terceras personas están interesadas en obtener la información de la cotización de seguros que involucra al Centro Nacional de Inteligencia y la institución Banorte, para lo cual están dispuestos a dar medio millón (posiblemente 500 mil pesos)”, se lee en el expediente.
“Es decir de lo anterior se advierte que el particular realiza un ofrecimiento económico a la servidora pública para que obtenga una fotografía de la referida cotización… El supuesto normativo señala que la conducta debe ser realizada con el propósito de obtener para sí o para un tercero, un beneficio o una ventaja; lo anterior es por sí solo probado, pues en materia de contrataciones públicas, los estudios de mercado que realizan dependencias deben guardar el carácter de confidencial, pues su divulgación podría generar ventaja sobre alguno de los participantes y propiciar la colusión”, se añade el documento.
Aunque la servidora pública no aceptó el soborno, se imputó la conducta a José Alberto Rivas Reséndiz como falta administrativa grave, contemplada en el artículo 66 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que el individuo deberá comparecer ante la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP para celebrar la audiencia inicial por su caso.
- Te recomendamos Ricardo Anaya se lanza contra FGR por acusación de sobornos Política
El imputado podría haber sido servidor público entre 2004 y 2018, pues en la plataforma DeclaraNet, existe información sobre una persona con ese nombre, que estuvo adscrita a la entonces Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación entre esos años.
Ese ex servidor público, actualmente trabajaría en la compañía Beli Consultants, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
Sin embargo, en el extracto del expediente administrativo, divulgado en un edicto del Diario Oficial de la Federación, no se especifica si se trata de la misma persona.
IR