Al menos 102 organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de amicus curiae (amigos de la Corte) y una carta pública ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirles que permitan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesionar con cuatro comisionados.
Las organizaciones especializadas en temas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas informaron que se prevé que el martes 20 de junio se aborde en la Corte la controversia constitucional presentada por el INAI en contra de la omisión deliberada del Senado de nombrar a los comisionados faltantes en el organismo.
A la fecha, se han cumplido 441 días sin que se haya cumplido con esa obligación de hacer los nombramientos de dos nuevos comisionados, que debieron designarse desde el 1 de abril de 2022.
El 2 de mayo pasado, el INAI presentó un recurso de reclamación ante la SCJN luego de que la ministra Loretta Ortiz le negó la suspensión solicitada para poder sesionar con cuatro comisionados, un número inferior al establecido como mínimo en la ley, que es de cinco.
El amicus curiae, que acompaña la controversia constitucional presentada por el INAI, fue presentado por Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e investigación, e Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas.
¿Qué es amicus curiae?
El amicus curiae es un recurso que permite a terceros ajenos a una controversia judicial con interés particular en la resolución del litigio, presentar memoriales o documentos para ofrecer consideraciones de derecho al Tribunal del conocimiento, con el objeto de contribuir a la resolución de la controversia.
Al mismo tiempo, las organizaciones afines solicitaron en una carta dirigida, en particular al ministro Javier Laynez Potisek, aplicar de forma urgente la medida cautelar que le permita al INAI sesionar con cuatro integrantes, de los siete que debe tener, “como una solución provisional en tanto el Poder Legislativo realiza las tres designaciones pendientes”.
Aseguraron que “dicha medida cautelar es pertinente para mantener el orden constitucional, así como prevenir daños trascendentes e irreparables a la sociedad, lo cual se traduce en la permanente violación a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”.
En su carta pública, las organizaciones expresaron que “en virtud de las afectaciones y posibles daños irreparables que genera la inoperancia del INAI en la garantía de los derechos humanos que tutela, las organizaciones de la sociedad civil consideramos necesario el análisis de este recurso, su revocación y solicitud de aceptación de esta suspensión como medida cautelar en apego a los más altos estándares en materia de derechos humanos”.
Advirtieron que la actual integración del pleno del INAI, con cuatro de siete comisionados que la Constitución mandata, “genera un estado de vulneración directa al orden constitucional que provee la existencia de un organismo con siete personas comisionadas, su funcionalidad y autonomía como garante y, en consecuencia, transgrede los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de toda la sociedad, pero que pueden ser de inoperable reparación al ser derechos que habilitan y garantizan otros derechos humanos”.
Por ello, afirmaron que “cada recurso de revisión sin resolver se traduce en un impedimento para garantizar los derechos antes referidos”.
Asimismo acusaron que el Senado, además de la omisión deliberada de cumplir con su obligación de nombrar comisionados del INAI, se encuentra en desacato ante las órdenes judiciales que le han mandato hacer los nombramientos cuanto antes.
“La omisión legislativa es premeditada con el fin de debilitar el andamiaje normativo e institucional que tutela esos derechos”, reprocharon.
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