A pesar del beneficio que las campañas de vacunación promovidas por la Secretaría de Salud han traído a niños y adultos mayores en los últimos diez años, se mantienen deficiencias en estos planes para contener enfermedades, así lo señalan los archivos públicos de la Auditoría Superior de la Federación y la Cuenta de Hacienda Pública.
La adquisición de insumos, el almacenamiento de los mismos y la distribución de las dosis, son algunos temas que en materia de salud carecen de control interno. El manejo de la epidemia de influenza AH1N1 ofrece un panorama en cuestión administrativa de los rubros a tomar en cuenta para no poner en riesgo a la población mexicana.
Cuando se declaró una emergencia sanitaria similar a la actual pero de menor impacto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) enlistó una serie de responsabilidades administrativas de tipo sancionatorio a la Secretaría de Salud (Ssa) por actos u omisiones de los servidores públicos en turno.
Los archivos consultados por MILENIO detallan que las acciones tomadas para contener la epidemia no fueron del todo transparentes, poniendo en riesgo la salud de miles de habitantes. Éstas se encuentran desglosadas en las auditorías de tipo Financiero y de Cumplimiento, llevadas a cabo en 2009. Entre ellas se menciona que en el momento de adquirir la vacuna, la entidad fiscalizada estipuló condiciones favorables al proveedor:
La Secretaría de Salud estableció en el apartado de obligaciones "que se libera al fabricante y a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A.de C.V. cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de la Vacuna, incluyendo la falta de eficacia o que no alcance los perfiles de seguridad de la vacuna". Como consecuencia se obliga a mantenerlos a salvo y en paz de cualquier reclamación o demanda, explica la acción 09-9-12112-02-0330-08-003 de la auditoría 330.
La Auditoría Superior de la Federación calificó de inaceptable esta medida, puesto que los contratos señalaron que la vacuna AH1N1 se encontraba en proceso de aprobación para su uso en humanos por las autoridades competentes, apenas en ensayos clínicos para aprobar su eficacia y seguridad. De acuerdo con la Cuenta Pública 2009, se realizaron las gestiones para adquirir 30 millones de dosis.
Secretaría de Salud omitió aspectos para adquirir la vacuna
En la auditoría 333 del mismo año, se menciona que la Secretaría de Salud omitió aspectos cruciales en el protocolo de adquisición de vacunas para el rotavirus “con el propósito de reducir el tiempo de atención en la liberación, sin esperar la dictaminación de los resultados analíticos que garantizan que los biológicos son aptos para su distribución y venta, sin menoscabo de la protección que se deba brindar a la población”.
Para albergar los insumos donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, se arrendó un inmueble susceptible de robo e incendios y no contaba con las condiciones para almacenar los insumos a la temperatura indicada, mismos que en su mayoría se encontraban caducados o a punto de expirar; además, no se demostró contar con un control de inventarios que asegure el oportuno y completo registro de los bienes.
En 2010, ASF acusó de sancionatoria la omisión de evaluar el impacto social de la campaña de vacunación contra la influenza, y la medición de su efectividad; así como la acción de liberar para distribución 715 mil 620 dosis de la vacuna BCG y 880 mil dosis de Hepatitis B-10, sin fundamento legal más que el Programa de Liberación Simplificada de productos Biológicos, cuando todavía no se modificaba la ley para su amparo.
Según la Cuenta Pública, en ese mismo año se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la influenza AH1N1 entre los grupos de mayor riesgo, en especial las mujeres embarazadas y se difundieron mensajes básicos, como las técnicas de lavado de manos y para toser y estornudar; sin embargo, la ASF afirmó que se excluyó del Programa Anual de Comunicación Social.
Además, de 2009 a 2011, los servidores públicos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, no pactaron a tiempo con el proveedor Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., el calendario de entregas y distribución de vacunas (no especificadas), a pesar de establecerse en los contratos que debería enviarse al proveedor con 30 días de anticipación a la primera entrega.
En 2012 se excluyó la adquisición de la vacuna DTP en el servicio integral de distribución de vacunas, aún con el previo conocimiento de su necesidad.
En 2014, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades suministró recursos a nueve entidades federativas para la atención del programa "Vigilancia Epidemiológica" con cargo en la partida "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales", sin contar con un instrumento jurídico que estableciera las obligaciones del Cenaprece y de las entidades federativas que garantizara la transparencia y rendición de cuentas en su manejo y aplicación.
En 2016, según la auditoría 213 de la ASF, “el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades que en su gestión realizaron el pago a los proveedores sin que los Certificados Analíticos presentados por los proveedores ampararan la caducidad de los insumos entregados”.
La implementación de tres Semanas Nacionales de Salud al año, alcanzó una cobertura de vacunación del 90 por ciento en niños de 0 a 12 meses, así lo reflejan los resultados de prevención de enfermedades en los años de 2009 a 2014 de la Cuenta Pública. Aún cuando la población tiene acceso a los esquemas básicos de vacunación, las deficiencias en la gestión de recursos siguen siendo un grave problema.
JLMR