A seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, hay más aún muchas preguntas respecto al paradero de los jóvenes y sobre quiénes son responsables de la agresión a los estudiantes.
Las interrogantes se ampliaron cuando, en la actual administración, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió muchas premisas de la investigación previa, realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y liderada por Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, procuradores generales de la república.
Una de esas premisas es la llamada “verdad histórica”, la cual fue rechazada por las nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero.
“Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada (...) Se acabó la verdad histórica…”, dijo Gertz Manero el 30 de junio de 2020.
¿Qué es la “verdad histórica”?
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario en esa ocasión.
En aquella conferencia se aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios.
El entonces procurador aseveró que no existe una prueba que involucre al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza) lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, advirtió.
En febrero de este año, en Iguala, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su condena respecto la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y reafirmó el compromiso de continuar la búsqueda hasta conocer el paradero de los jóvenes. De hecho, esclarecer los hechos es una de las 100 promesas hechas el 1 de diciembre de 2018 y una de las que él ha reconocido le falta por cumplir.
“El caso de Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma. Por convicción y como representante del Estado Mexicano, reafirmo el compromiso de continuar trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación para saldar la deuda que tenemos con las madres y padres de los muchachos, con Iguala, con la sociedad en su conjunto y con la honra de México”, expresó.
Con información de Rubén Mosso
JLMR