A tres años de la emisión de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco” y “Alvarado Espinoza y otros”, las victimas denunciaron que no existe compromiso del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales de brindar verdad y justicia en ambos casos.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, señaló que si bien los procesos de ambos fallos son independientes, en éstos se observa la ausencia de un compromiso estatal, donde las distintas instancias obligadas e involucradas no actúan de forma diligente, lo que ocasiona que la mayoría de las medidas no se hayan cumplido e incluso, en algunas de ellas se evidencie retroceso.
“El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un fallo internacional”, explicó Aguilar.
En ese sentido, Edith Rosales, denunciante de tortura sexual en Atenco, detalló que en su caso se han dado pasos significativos para investigar todos los niveles de responsabilidad, incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación, al negarse a la atracción total del caso al fuero federal, sin tener más que una respuesta complaciente por parte de la Fiscalía General de la República.
“Mientras no haya esa voluntad de investigar a Sedena y a esa cadena de mandos no vamos a avanzar y nos podemos seguir pasando el tiempo nada más haciendo la simulación”, expresó Rosales.
Entre las medidas de no repetición contempladas para el caso Atenco, la CIDH ordenó la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, que dio paso a la hoy Guardia Nacional. El plazo para la conformación de este observatorio venció en 2020; Italia Méndez, denunciante de tortura sexual en Atenco, señaló que el Estado se negó a cumplir con la creación de este mecanismo.
“En cuanto a las medidas estructurales tenemos algunos avances en lo que tiene que ver con el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, pero si bien es cierto, como ya lo dijo Edith, tenemos serios obstáculos desde el ámbito del Ejecutivo Federal que vemos que no hay ninguna intención de cumplimentar la medida que tiene que ver con el observatorio del uso de la fuerza”, indicó Méndez.
Por otra parte, en el caso Alvarado, la Corte determinó que la seguridad ciudadana debe estar primariamente reservada a los cuerpos policiales civiles y que cuando de forma excepcional intervengan las Fuerzas Armadas, su participación deberá ser subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
No obstante, Sitlaly Alvarado, denunciante de desaparición forzada, resaltó que uno de los principales obstáculos a los que se ha enfrentado su familia es la falta de interés por parte del gobierno federal, ya que al estar involucradas las fuerzas castrenses “parece que ellos tienen más poder y menos rendición de cuentas”.
Por ello, la coordinadora del área internacional del Centro Prodh destacó que a tres años de la emisión de ambos fallos, el Estado mexicano tiene la oportunidad de demostrar con acciones concretas a nivel interno que permitan acceder a las víctimas a la justicia y reparación, su verdadera apertura al escrutinio y su compromiso a cumplir con sus responsabilidades internacionales.
JLMR