Los traileros le tienen más miedo a la policía que a la delincuencia, y es que el 89 por ciento de las extorsiones que tienen que pagar las empresas que utilizan el transporte de carga son para alguna autoridad.
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Es imposible saber a cuánto ascienden las pérdidas por estos conceptos, pero de todos modos las cifras son alarmantes: Una de cada tres empresas de autotransporte tuvo que pagar una cuota ilegal para seguir trabajando.
De acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León entre empresarios locales para conocer los alcances del robo al transporte de carga, durante el 2020 se incrementaron los chantajes, pero sólo el 11 por ciento fue cometidos por civiles, pues las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno acapararon estas acciones, en perjuicio de los empresarios.
En los resultados de la encuesta la Caintra, mencionan que "desafortunadamente la extorsión es uno de los principales problemas que siguen afectando a los transportistas".
Durante el 2020, el 38 por ciento de las empresas que utilizan autotransporte de carga fueron víctimas de alguna extorsión, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al 2019, cuando el 28 por ciento de las empresas reportaron sufrir dicho delito.
Esto implica que lejos de reducirse, el problema va en aumento, pero no por acciones de la delincuencia, sino por la corrupción de las autoridades.
Los empresarios señalaron que las extorsiones fueron pagadas:
67% a alguna Policía o Tránsito Municipal
44 % a elementos de la Guardia Nacional
22 % a la Policía Estatal y 11 % a miembros de algún cártel del crimen organizado.
Las entidades donde más extorsiones ocurren son el Estado de México y la Ciudad de México, con 36 por ciento de las menciones.
Dichas extorsiones afectan sobre manera, explica el comunicado de Caintra, porque el autotransporte es vital para el cumplimiento de compromisos con la cadena de valor internacional, además del rol fundamental que cumplen en el movimiento de mercancías para la ciudadanía.
En las conclusiones, demandó a la la autoridad tomar acciones que permitan reducir las afectaciones que pudieran existir, para asegurar la operación, seguridad y circulación a lo largo y ancho del territorio nacional.