El diputado Hugo Alday asegura que no buscarán dar argumentos a la concesionaria para alegar incumplimiento de obligaciones en el proceso para revocar la extensión del contrato por 30 años.

Para Aguakan, las pipas son un negocio doble; aparte de que cobran el servicio de agua potable a domicilios y negocios, también les cobran a las pipas, que venden el líquido.

Aguakan logró la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo.

El Presidente dijo que no tiene buenos antecedentes de la empresa Aguakan, en la que son accionistas integrantes de la familia Ballesteros.

El gobierno estatal acusó que la empresa ocultó información sobre los antecedentes del caso, donde se ubicaron incumplimientos en planes quincenales de inversión.

A partir del 1 de enero de 2024, esta empresa deberá entregar el servicio y su infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado.

Promueven iniciativa para rescindir contratos municipales a concesionarias con las consultas populares vinculantes.

Diputados locales buscan hacer vinculante la consulta popular sobre el contrato de la empresa, donde más del 80 por ciento de los participantes pidieron la revocación.

Diputados investigarán quiénes autorizaron la ampliación de la concesión, pues consideran que hay pruebas y recursos legales para echar abajo el contrato.

Más del 80% de las personas votaron en una consulta popular revocar dicha concesión a la empresa de agua potable.