Si algo ha ceñido a los acontecimientos de 1968 ha sido la secrecía. A la fecha, la mayoría de los detalles sobre aquella tarde del 2 de octubre cargan un estatus irresoluto. No importa que hayan pasado cincuenta años de la masacre, ni que la sociedad mexicana —con fervor creciente— siga exigiendo justicia, el acceso a la información sigue siendo limitado.
Un texto de la National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental de la Universidad George Washington, asegura que “silenciosamente, el gobierno mexicano ha removido, censurado y reclasificado miles de archivos previamente accesibles” sobre el movimiento estudiantil de 1968.
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Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia en el 2000 —narra el documento—, intentó respaldar su proceso de transición con una investigación sobre los sucesos de esa tarde y sobre “los casos de desaparición forzada, detención ilegal, tortura y asesinatos extrajudiciales cometidos por agentes del Estado” entre los años sesenta y ochenta, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en un reporte.
Para esa tarea, Fox nombró a un fiscal especial que se encargaría de dar seguimiento, pero fracasó demasiado pronto y su oficina fue cerrada en noviembre de 2006.
Cuando la investigación promovida por Fox se encontró en un callejón sin salida, se anunció la apertura de “una colección especial de archivos sobre la guerra sucia” en México, provenientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
El retorno del PRI
Firmado por Kate Doyle —una de las primeras investigadoras con acceso a la colección—, el texto que publica la NSA establece que “cuando el PRI regresó al poder y con la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, volvieron las viejas y sofocantes maneras” de proceder.
Con un nuevo director al frente, el Archivo General de la Nación (AGN) justifica sus intrincadas políticas de acceso a esos documentos amparado en una "estricta Ley General de Archivos"emitida en 2012, que protege la privacidad de los involucrados.
Esas complicaciones —acusa la NSA— bordean el absurdo, pues “incluso los registros más conocidos y publicados sobre Tlatelolco y otros detalles importantes sobre la guerra sucia se han vuelto ilegibles a causa de la censura”.
Doyle denuncia que aunque muchos de los documentos permanecen abiertos, los relativos a la colección de la Sedena y a la DFS fueron “radicalmente alterados”, al punto de reducirse a “versiones públicas con redacción densas”.
La lucha por la transparencia
Como contrapeso de esa opacidad, en 1998 la NSA publicó cientos de documentos desclasificados sobre el 68, a manera de conmemoración por el 30 aniversario de la matanza.
“Cinco años después —cuenta Doyle— publicamos más de cien registros estadunidenses de la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la embajada en México sobre lo que sabía Estados Unidos antes y después de que ocurriera la masacre”.
Académicos mexicanos también intentan combatir la falta de transparencia desde su trinchera, a través de los Archivos MIDAS (por sus siglas en inglés), un programa de digitalización que contempla aproximadamente 15 mil documentos referentes a esa época.
En una conferencia de prensa ofrecida el pasado 13 de septiembre en El Colegio de México, Sergio Aguayo, que contribuye con 3 mil 800 documentos, dijo que “cada documento es sometido a un proceso de clasificación muy cuidadoso para que sea fácilmente accesible”.
Esos proyectos son, por ahora, el único lazo al que nos podemos sujetar para combatir la oscuridad que aún rodea las atrocidades de la historia mexicana.
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