En la delegación Puebla de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), independientemente del listado de intérpretes y traductores que tiene para auxiliar en diligencias de carácter judicial o administrativas a la población indígena del estado, sería verdaderamente importante que fuéramos muy específicos y que verdaderamente formara parte de esta planilla, y estuvieran a nuestra disposición un grupo importante de estas personas que, sin duda nos ayudarían a resolver de manera mediática o en muy corto tiempo este problema que, todavía, desafortunadamente, en la actualidad aún existe: porque el indígena se robó una gallina, porque se brincó al predio, porque simple y sencillamente se robó algo para comer, comenta en entrevista exclusiva el delegado de la dependencia en la entidad, Juan José Tapia González.
El delegado en Puebla de la CDI explica que se cometen muchas injusticias, las cuales se podrían tratar si se contara con un equipo de traductores e intérpretes en la propia CDI, por que se estaría ofreciendo un mejor servicio: “vi un reportaje en la televisión, sobre una persona de Oaxaca encarcelada porque había matado tres conejos en una reserva ecológica, creemos que el haber salido a cazar esos conejos era para llevarle de comer a su familia. Finalmente lo están condenando a ocho o más años de cárcel”.
Revela que se ha logrado un número importante de personas que hoy, gracias a un importante programa con el que cuentan, gozan de su libertad: 391 indígenas entre 2013 y el 2017, once en el actual ejercicio y esperan poder liberar a 20 más, próximamente.
“Creo que sería un trabajo muy interesante el que se formaran traductores de lenguas originarias en las universidades, sobre todo porque hoy nos damos cuenta de que muchos jóvenes asisten a la universidad y hablan algún idioma indígena. Y eso lo hemos visto en Huehuetla, en la Universidad Intercultural, donde hemos hecho un trabajo muy importante con ellos, porque nos interesa que no se pierda la lengua y el que pueda haber este medio de comunicación tan importante”, propone Tapia.
“Si las zonas rurales están abandonadas, los indígenas están peor. Si la población rural está mal, los indígenas están todavía más marginados. Tienen indicadores mucho peores que el resto de la población, se ha descuidado muchísimo; y somos uno de los estados con una proporción importante de población indígena” recuerda en entrevista exclusiva Liliana Estrada, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la UAP.
“Tenemos muchas escuelas en la ciudad de Puebla, pero más que los indicadores, más que tener muchas escuelas, es la calidad de esas escuelas la que debe importar. En cuanto a la infraestructura, está concentrada en la ciudad de Puebla, y las regiones más alejadas, las sierras, están verdaderamente olvidadas. Las propias colonias populares de la capital poblana tienen una muy diferente infraestructura con respecto a, por ejemplo, Angelópolis u otras zonas de la misma urbe”.
“El Estado es tan rico culturalmente, tiene tantas diferencias que habría que focalizarse en la atención a los grupos indígenas, que por sus cuestiones culturales, sociales, requieren de una atención específica. Tener buenos empleos implica, para la gente mejorar sus condiciones de vida. Eso sería un motor para el desarrollo”, enfatiza.
Números indígenas
Juan José Tapia González, delegado en Puebla de la CDI, revela la numeralia indígena del Estado de Puebla:
Puebla, uno de los cinco estados con mayor población indígenas, está en el cuarto de cinco lugares, después de Oaxaca, que tiene 1.6 millones de indígenas, Veracruz que posee 1.5 millones y Chiapas, donde viven 1.1 millones de indígenas.
Puebla tiene una población de aproximadamente un millón 108 mil indígenas, que representa el 17.6 por ciento de la población total del estado, donde 601 mil 680 personas son hablantes de lengua indígena y 57 mil 649 de ellas son bilingües.
Los principales idiomas originarios que se hablan en Puebla son el náhuatl, el cual usa aproximadamente el 73 por cierto de los hablantes de idioma originario; el totonaco, hablado de un 17 por ciento, particularmente en las sierras Norte y Nororiental; el popoloca, de un 2.7 por cierto de los indígenas; el mazateco, usado por el 2.65 por ciento; el otomí o ñahñú que hablan por el 1.44 por ciento, y el mixteco, que es hablado por el 1.4 por ciento.
Aproximadamente, el 36 por ciento de los hablantes de lengua indígena se concentran en doce municipios, entre los que destacan Cuetzalan del Progreso, Puebla, Ajalpan y Huauchinango. Los municipios con mayor porcentaje de habitantes de lengua indígena son: Cuetzalan, con el 5.9 por ciento; Puebla con 5.07 por ciento, Ajalpan con el 4.44 por ciento; Huauchinango con el 3.41 por ciento; Zacapoaxtla con el 3.24 por ciento; Zoquitlan con el 2.94 por ciento; Tehuacán con el 2.35 por ciento; Huehuetla con el 2.04 por ciento y Coyomeapan, con el dos por ciento, aproximadamente.
Auxilio y lengua
La CDI tiene el programa de Derechos Indígenas, y el programa "Intérpretes y traductores de lenguas indígenas", un apoyo que se otorga a los beneficiarios a través de la intervención de un intérprete o traductor en esos idiomas en diligencias de carácter judicial o administrativas en favor de este sector de la población, comenta el delegado en Puebla de la institución.
“Quienes participan como intérpretes o traductores en audiencias o diligencias reciben un apoyo de aproximadamente mil cien pesos. En caso necesario de que los conceptos incluyan transporte, hospedaje o alimentación, la CDI tiene un apoyo de hasta 900 pesos, cuando la participación o el requerimiento del juez sea de un lugar distinto de donde se encuentre el residente. Cuando la solicitud es que la traducción sea escrita, la CDI apoya con un monto de 150 pesos por ello”, explicó.
Sobre el procedimiento, precisa: “La autoridad que solicita, deberá hacerlo vía oficial, mediante un oficio, cuando menos con cinco días de anticipación en la delegación, señalando, muy especialmente el estado, el municipio y la localidad de nacimiento de la persona que se va a asistir, a fin de determinar la variante lingüística, de acuerdo al ‘Catálogo de lenguas indígenas nacionales emitido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali)’”.
Así, una vez recibida la solicitud, se procede a verificar que existe un intérprete de la variante requerida, se ubica y se determina si éste se puede desplazar para atender la solicitud. Ubicado el intérprete, se notifica de manera oficial a la autoridad para que el intérprete asista en la fecha que está requiriendo la autoridad.
Es importante mencionar que los intérpretes no trabajan para la CDI, son externos: hay un catálogo del Inali, que consultan. En la mayoría de las ocasiones, esas personas que están certificadas necesitan de unos días de aviso con antelación para pedir permiso en sus trabajos y adecuarse.
“Es muy importante en todos los casos tomar en cuenta los usos y costumbres de cada región de donde proviene la persona a la que se va a asistir; de ahí que los días solicitados nos dan la oportunidad de buscar a los intérpretes, por ejemplo, en Oaxaca o en Chiapas. Necesitamos ser muy exactos para, de verdad poder apoyar a la persona que lo solicita”, explicó Tapia.
Liberación originaria
El delegado en Puebla de la CDI, revela que en lo que va de este ejercicio, han invertido alrededor de 50 mil pesos en intérpretes y traductores, y les han solicitado apoyo para traducir lenguas como el náhuatl, el otomí y el tzotzil, por lo que han atendido a 30 personas en temas de ámbitos de administración y procuración de justicia.
Del programa de Derechos Indígenas, se deriva otro, “Excarcelación de presos indígenas”, revela, mediante el cual, en esta administración, del 2013 al 2017, se ha logrado gestionar la libertad de 391 personas indígenas, programa en el que han invertido 8.5 millones de pesos. En el mismo periodo se otorgaron 141 servicios de interpretación en lenguas indígenas, principalmente en náhuatl, totonaco, mixteco, popoloca o ñahñú; tzotzil, mixe, mazateco, tzeltal y otomí.
“En lo que va del año hemos liberado a once personas, para lo cual hemos invertido aproximadamente 128 mil pesos. Estamos trabajando con los juzgados de ejecución de sentencias penales, para identificar casos de indígenas que, por su situación jurídica puedan ser beneficiarios de la libertad anticipada, beneficio establecido en el Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ha representado un presupuesto de un millón y medio de pesos”, finalizó.