Sofia N. lleva un año trabajando en una mediana empresa al sur de la capital de México, la cual ocupa del esquema de outsourcing para llevar todo el proceso de contratación y hacerse cargo de la nómina de la empresa, con prestaciones conforme a la ley y un salario mayor al mínimo, Sofía teme que con la desaparición o reforma de este esquema laboral, también conocido como subcontratación o terciarización, podría perder su empleo el siguiente año.
En los últimos cinco años, la subcontratación registró un aumento de 37% en México, lo que representa hoy empleos para 4.1 millones de colaboradores, es decir, 13% del personal ocupado en el país (incluidos quienes cobran por honorarios), cuando en el pasado era de 12.1%, según cifras del último Censo Económico del Inegi 2019.
“Es poco probable que las empresas que recurren al esquema de outsourcing absorban de manera directa a todo el personal que tienen subcontratado una vez que entre en vigor la reforma en la materia”, dice Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica y añade que “en la crisis actual es necesario implementar medidas que faciliten la generación de empleos y no la inhiban”.
Flores explica que la regulación de 2012 ha permitido que solo se queden en el mercado las empresas que realizan “buen outsourcing’’; entre 2004 y 2009 el crecimiento de la subcontratación fue de 67%; mientras que entre 2009 y 2014 incrementó 29%, y en estos últimos cinco años aumentó a 37%.
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La directiva de ManpowerGroup añade que la reforma en outsourcing afectará a alrededor de 9 millones de trabajadores, pues actualmente hay 4.1 millones contratados con este esquema y un número similar bajo insourcing. “¿Qué va a pasar con ellos? Obviamente se van a dividir las opciones, en algunas empresas los contratarán directamente y en otras tal vez opten por el esquema de honorarios o asimilados a salarios, estos mecanismos no se prohibieron en la reforma planteada por el presidente”, dice Flores y advierte que con la eliminación de este esquema de trabajo se corre el riego de perder muchos puestos laborales y fomentar la informalidad.
Según el Colegio de México (Colmex), en los sectores que hacen uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad de 33% a 22% de la población ocupada. Además, indica que la prohibición de la subcontratación no evitará que las empresas fraudulentas continúen ofreciendo sus servicios ilegales.
Por su parte, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), coincide en que será difícil que todas las empresas incorporen a su nómina a este tipo de empleados. “Seguro (habrá despidos), lo veo complicado”, subraya.
Añade que la iniciativa de ley que propuso el presidente no toca algunas de las malas prácticas que se ejercen a través del outsourcing, es decir, esquemas como cooperativas, sindicatos, entre otros.
Los más desfavorecidos
La nueva reforma del outsourcing, presentada el mes pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, prevé sancionar a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios de este esquema.
En opinión de Mónica Flores, la subcontratación bien llevada —que paga impuestos y contribuciones al IMSS— genera beneficios porque es la puerta de entrada al empleo formal para jóvenes o mujeres que quizás no tendrían otras oportunidades laborales.
“Nuestra postura siempre ha sido la misma: apoyamos al presidente de México y a los legisladores. Hay que eliminar las malas prácticas de evasión y elusión que atentan contra los derechos de los trabajadores mexicanos. Creemos que la regulación sana beneficia, pero no la prohibición ni la sobrerregulación”, destaca Mónica Flores.
ManpowerGroup es una multinacional que se encuentra entre las tres firmas de personal más grandes del mundo. En México tenía más de 2,000 clientes y alrededor de 50,000 trabajadores al cierre de octubre. Flores estima que de 20% a 30% de ese personal asignado se vería afectado con la prohibición de la subcontratación. “Tenemos que poner hoy todos nues- tros esfuerzos para presentar ideas que abonen a una propuesta distinta, donde se regule la subcontratación, pero que no se prohíba”, dice la directiva.
Además, señala que si la iniciativa se implementa tal y como se presentó no abona a la generación de empleos; más bien, se perderían puestos formales y se incrementaría la informalidad. “Eso no es bueno, menos en estos momentos que aún estamos sufriendo por la pandemia” dice.
Por su parte, Francisco Martínez, CEO de Grupo Adecco México, señala que la regulación de la subcontratación debe ser consensuada, ya que erradicar esta práctica laboral de un día para otro tendrá altos costos tanto para los trabajadores como para las empresas que hacen uso del servicio.
“No podemos pagar justos por pecadores porque hay bastantes empresas de subcontratación en México que hacen las cosas adecuadamente”, dice el directivo de uno de los grupos de subcontratación más grande del mundo.
Propuesta de temporalidad
El directivo de Adecco señala que las empresas que agrupan la AMECH tiene una propuesta para que se incluya a los servicios de trabajo temporal, servicios especializados, mismo que la iniciativa del ejecutivo federal reconoce como legales en su iniciativa.
La propuesta de la Asociación, que agrupa a ManpowerGroup, Adecco, Randstad, PAE, Rolling Personnel, entre otras, planea adicionar la nueva figura de “Servicio Temporal del Personal” y la posibilidad de ejecutar servicios u obras especializadas, aunque no formen parte del objetivo social de las empresas beneficiarias de la contratación temporal.
Francisco Martínez, de señala que “la regulación debe considerar la inclusión del concepto de “Servicio Temporal de Personal” como excepción a la prohibi- ción de subcontratación, además, debe dar la posibilidad de prestar servicios temporales a las actividades preponde- rantes de las empresas y a las referidas en su objeto social”.
En su opinión, incluir ese punto sería relevante porque puede dar un respiro a muchas empresas con necesidades puntuales por lapsos breves, pero requieren contratar a muchas personas. “Por ejemplo, una empresa de paquetería tiene (por temporadas) una mayor demanda de sus servicios y mayor carga de trabajo, hay ocasiones en que en algunas partes del país tiene que contratar personas en esas regiones para poder cumplir con el objeto social de la empresa, que es la entrega de paquetes”, expone el CEO de Adecco.
Además, señala que la ley de traba- jo temporal existe y funciona en países como España, Italia, Alemania, Holanda y Francia. “Es un servicio especializado de empleo temporal, llevado a cabo por empresas totalmente transparentes en sus prácticas laborales y fiscales. Se podría incluir en servicios especializados, porque podemos operar como patrón dentro de la casa del cliente”, dice Martínez.
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Regular, no eliminar
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex y la Canacintra están a favor de cualquier esfuerzo para acabar con las actividades fraudulentas, siempre y cuando no se pierda de vista que existe una muy importante actividad económica, así como, de generación de empleos formales y dignos creados a través de la subcontratación laboral.
El CCE señala que con la iniciativa pre- sentada por el gobierno de López Obrador se traiciona la confianza de los agentes económicos, políticos y sociales del país, resta competitividad a la economía frente a sus socios comerciales de Europa, Estados Unidos y Canadá, así como envía mala señal a la inversión nacional y extranjera.
En el mercado de la subcontratación en México participan miles de empresas de todos tamaños que dan servicio a todas las actividades económicas del país.
Los micronegocios, que integran 94.9% de los establecimientos a nivel nacional, emplean a 9.5% del personal contratado a través del outsourcing, así como las pymes subcontratan a 44.7% de su personal. Mientras que, en las grandes empresas, se terciariza a 45.8% del personal.
Por otro lado, el sector servicios subcontrata a 34.8% del personal, 30.5% en el comercio y 24.9% en las industrias, según datos del Censo Económico del Inegi.
“Al eliminar el outsourcing se provocaría que sectores económicos completos y empresas pierdan competitividad y se desaliente la Inversión Extranjera Directa, que generalmente usa el esquema laboral por no conocer las reglas del sector en México”, señaló Carlos Salazar, presidente del CCE, la semana pasada en el marco de las negociaciones entre el gobierno de México y la iniciativa privada sobre la modificación o erradicación del outsourcing y afirmó que no ha logrado convencer a las autoridades de las consecuencias desastrosas para la economía que implicaría excluir este esquema de contratación.