Han pasado más de cuatro décadas desde la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975, cuya sede fue precisamente la Ciudad de México. Sin embargo, después de tantos años, las mujeres continuamos siendo víctimas de violencia de género, acoso y hostigamiento sexuales. Generalmente, los agresores se encuentran en los espacios que deberían ofrecer mayor seguridad: 10.3% de las mujeres en México han sufrido violencia en sus hogares; 25.3% en la escuela; 26.6% en el trabajo, y 38.7% en su comunidad.
La violencia contra las mujeres duele más porque se vive en soledad y silencio. De acuerdo con cifras del INEGI, 91% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual en su centro de trabajo, no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, y cuando alguien ha alzado la voz, la falta de sensibilidad de las autoridades y de protocolos claros y efectivos ha ahogado la denuncia. Miles de reclamos y exigencias se han perdido entre los papeles de un escritorio.
Por eso, en apego a nuestro compromiso de no tolerar ningún tipo de violencia por razones de género, en la Secretaría de la Función Pública rediseñamos a profundidad, junto con decenas de instituciones, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
Después de tres años de su implementación y con muy escasos resultados, decidimos analizar su funcionamiento, identificar las áreas de oportunidad y modificarlo para empoderar a las víctimas, ofrecerles acompañamiento y permitir una verdadera sanción, de manera más expedita. Por ello, desde la Secretaría de la Función Pública asumimos el compromiso de actualizarlo.
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Ahora, el nuevo protocolo no solo prohíbe la violencia contra las mujeres, sino que ofrece mejores medios para combatirla y castigarla. El objetivo es que la voz de todas las mujeres que padecen de violencia, acoso u hostigamiento sexual se escuche, que resuene tanto que sea imposible ignorarla y que suene tan fuerte que no se repita.
El Protocolo establece un conjunto de medidas y acciones para atender a las víctimas de este tipo de violencia, así como acciones concretas para la prevención y sanción de estas conductas. El propósito del instrumento es eficientar el acceso de las víctimas a la justicia y la resolución de los casos en las instancias encargadas de fincar responsabilidades.
En 2018, los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) registraron un incremento de 45.5% en las denuncias por presuntos casos de hostigamiento o acoso sexual respecto a 2017, al pasar de 145 a 211 denuncias por presuntos casos en 63 instituciones de la APF. Sin embargo, el trato a las personas denunciantes era muy deficiente y la probabilidad de llegar a una sanción era muy baja.
Ahora, aseguramos medidas de protección, así como una ruta de actuación que proporciona directrices para la calificación de estas conductas, ofrece criterios con perspectiva de género para valorar las pruebas y, finalmente, enfatiza las acciones encaminadas a sancionar.
El protocolo define claramente los conceptos básicos que deben conocer los actores que participan en los ciclos de una denuncia: violencia contra las mujeres, igualdad de género, medidas de no repetición y perspectiva de género, entre otras.
Además, permite que las víctimas puedan elegir qué instancia llevará su caso, y les da dientes a los procedimientos al integrar a los Órganos Internos de Control (OIC) como encargados de sancionar y, así, combatir la discriminación, el acoso y hostigamiento a las mujeres.
El Dato.45.5%
fue el incremento de denuncias de 2017 a 2018, por presuntos casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en las instituciones públicas.
En la Secretaría de la Función Pública tenemos claro que el combate a la impunidad es el primer paso para eliminar la violencia de género. Y por eso hemos fortalecido los medios para investigar y sancionar este problema al interior del servicio público.
Lanzamos el programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, que incentiva y protege a las personas denunciantes tanto de actos graves de corrupción como de casos de acoso y hostigamiento sexual.
A través de este, brindamos confidencialidad, acompañamiento y sanción expedita. A este esfuerzo se suman las acciones de fomento a la denuncia y combate a la corrupción que lanzamos recientemente, como la aplicación Denuncia Paisano.
Las instancias públicas están para servir, y es inaceptable que en ellas exista, se tolere o se invisibilice la violencia contra las mujeres. Como lo he señalado antes, desde el inicio de la administración, la Función Pública asume el compromiso de combatir la violencia en el servicio público y convertir a todas las instituciones en un espacio seguro e incluyente para todas y todos.
Es momento de saldar la deuda histórica que tenemos con las mexicanas. En la Cuarta Transformación no les vamos a fallar, porque sabemos que para que México logre verdaderamente una transformación democrática, tenemos que erradicar también la violencia contra las mujeres. Solo con el talento de todas las mexicanas podemos transformar a nuestro país en la materia justa, próspera e igualitaria que anhelamos todas y todos.