En la actualidad, la gran mayoría de las ciudades, entre ellas las del estado de Puebla, destinan en promedio 88 por ciento de los recursos para infraestructura vial que ocupan los automotores; mientras que seis por ciento es para proyectos de transporte público, cinco por ciento para infraestructura peatonal y un uno por ciento para infraestructura ciclista.
De acuerdo con el análisis “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, realizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) en Puebla, las ciudades están diseñadas para atender a los automóviles y no se contempla a los propietarios de estos, ni a los peatones.
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La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad, destaca el estudio, deberán favorecer en todo momento a la persona, de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad: primero a los peatones, después a los ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; luego a los usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; más adelante a las personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías; y, por último, a los automovilistas particulares.
Para reducir la posibilidad de accidentes, la organización especialista en movilidad destacó la importancia de implementar políticas y acciones para disminuir la velocidad de operación en las calles. “Mantener las velocidades vehiculares por debajo de un determinado umbral de seguridad es indispensable para reducir muertes y la gravedad de las lesiones; un claro ejemplo es el establecimiento de Zonas 30 donde exista presencia de peatones”, destaca el análisis de la organización.
La AMTM Puebla llamó a que se implemente una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en donde se reconozca que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“Las autoridades estatales y municipales deberán establecer mecanismos locales de movilidad y gestión de la seguridad vial bajo el principio primigenio de que: todo hecho de tránsito, es prevenible; no existen ciudades más importantes en términos de presencia de peatones, toda región es importante por más pequeña que sea, demográficamente hablando”, añade el estudio.
De la misma forma, se establece la necesidad de que los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, en conjunto con la federación participen en la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
“Así como las Plataforma Nacional y Estatales de Información, con el fin de tener evidencia para lograr reducir las muertes, lesiones de gravedad y discapacidades ocasionadas por hechos viales; los mapas de riesgos y bases de datos serán las herramientas precisas para la toma de decisiones, a través de un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial”.
Entre más automóviles existan en circulación, mayor es la posibilidad de verse involucrado en un hecho de tránsito, luego entonces, la fórmula es apostar al transporte público.
AFM