Luego de que se modificara la ley para ampliar su gobierno, uno de los primeros cambios que concretó Jaime Bonilla en Baja California fue para recaudar más dinero.
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Parte de los nuevos recursos saldrá de los casinos y sorteos, un sector “intocable” en la entidad hasta antes de la llegada de esta nueva administración.
Anualmente, a la entidad ingresaban al menos 200 millones de pesos; ahora recaudará hasta mil 200 millones, seis veces más.
“Estamos buscando que los que ganan más, paguen más”, dijo Bonilla al presentar la iniciativa que días más tarde modificó la Ley de Hacienda en el estado, y cuya frase sigue la línea de la 4T.
El gobierno de Bonilla argumentó que Baja California es el estado con el mayor número de casinos en el país con 44, pero es el décimo en cobro de impuestos locales por esta actividad.
“Nuevo León obtiene cerca de 900 millones de pesos por concepto de impuestos. Baja California tiene más casinos y ni 200 millones cotiza al año”, explicó Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de la entidad.
El funcionario estatal reconoció la necesidad de dinero por la “crítica” condición financiera en que se encuentra Baja California, derivado de la gestión de Francisco Vega de la Madrid como gobernador, a quien incluso ya denunciaron penalmente por un presunto daño al erario de la entidad.
“La ley de casinos tiene el propósito de que estas actividades comerciales contribuyan al desarrollo y progreso del estado, sobre todo en estos momentos en el que el gobierno panista que recién terminó nos dejó una situación crítica, al grado de que podemos decir que estamos en una quiebra técnica”, dijo Bonilla a MILENIO.
La oposición reconoce la “crisis” financiera que se vive en Baja California derivada de la deuda que dejó la pasada gestión panista, aunado a los recortes que la Federación realizó en el Presupuesto de Ingresos para el próximo año.
A pesar de esto, consideran que incrementar o crear impuestos, como ocurre en la entidad, no es el espíritu de la cuarta transformación que promulga el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno estatal está desesperado por nuevas formas de ingresos y con esto han recurrido al alza de la mayoría de los impuestos, y con ello se viene una difícil situación económica”, aseguró a MILENIO Mario Favela, dirigente estatal del partido.
Destacó que en el caso de los casinos, los afectados serán los ciudadanos, quienes tendrán que pagar 10 por ciento de lo que apuestan, así como en los sorteos.
También aclaró que, a partir de 2020 los sorteos en el estado tendrán que pagar de sus ingresos 6 por ciento de impuesto con esta nueva ley de casinos.
“Este nuevo impuesto afecta a los centros educativos que año tras año hacen sorteos para subsanar los ingresos que no les da el estado ni la Federación”, cuestionó.
CONTRA LA LUDOPATÍA
Además de recaudar más dinero, la diputada independiente Trinidad Vaca Chacón propuso utilizar parte de los ingresos que dejan los casinos para tratar a las personas que ya tienen una adicción a los juegos.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos equiparó al tabaquismo, la drogadicción o al alcoholismo con la ludopatía, enfermedad que en México afectaría a “alrededor de 2 millones” de personas, quienes perjudican a su vez al menos a otras seis de su entorno.
“Esto quiere decir que puede haber cerca de 12 millones de personas afectadas, directa o indirectamente, por el juego patológico”, detalló en la iniciativa de ley, citando a Javier González Herrera, director de la clínica especializada en ludopatía Samadhi.
Las modificaciones al artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del estado, contemplan destinar 37 millones de pesos anuales para centros de rehabilitación, es decir, unos 100 mil pesos mensuales para cada uno de los 30 establecimientos especializados en tratamientos de este tipo.
“La iniciativa y el espíritu que guarda surgen de la inquietud de líderes y representantes de los centros de rehabilitación que buscan recursos económicos para atender esta problemática social de origen multifactorial que exige atención por derecho humano.
“Este tema desvela también la falta de programas preventivos y atención temprana un tema sensible. Lo ideal es que el destino de estos recursos se canalizara preferentemente a los centros de rehabilitación en los que se tengan programas para evitar y reparar problemas de ludopatía”, afirmó a MILENIO Vaca Chacón.
Pero estas no son las únicas medidas que el gobierno de Bonilla tomará en torno a los casinos: ahora propuso derogar un párrafo al artículo de la Ley de Desarrollo Urbano que prohibía dar permiso de suelo a los casinos.
Mientras tanto, los operativos contra casinos clandestinos se han intensificado y hasta el momento han sido cerrados en Rosarito y San Felipe.
“Casino que detectamos ilegal, hacemos un operativo”, subrayó Rodríguez Lozano.