Aunque la planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, está dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, presentado el martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa GPO no puede empezar la construcción de la misma debido a que al menos seis amparos están en curso y una vez resueltos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) procederá al análisis de la autorización de impacto ambiental que data de 2014 y que comunidades indígenas pidieron revocar, señaló Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la dependencia.
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"Hay muchísimos amparos, pero el que tiene un interés específico para nosotros es el de la falta de consulta indígena, justamente el juez nos solicitó que nosotros no sacáramos el resolutivo hasta que en tanto no se resuelvan esos amparos. Si no hay un resolutivo no se puede construir la planta, ellos tienen que esperar", sostuvo Trujillo en entrevista con MILENIO.
El martes, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) dijo que el anuncio del Gobierno de México le da certeza para la instrumentación del proyecto de la planta de fertilizantes en Sinaloa, ya que se incorpora a un plan nacional de colaboración entre el sector público y privado, "lo que nos da la posibilidad de dar un seguimiento puntual y agilizar su construcción y puesta en operación con estricto apego a la ley".
Al respecto, el subsecretario aseguró que en cuanto se destraben los amparos, la Semarnat realizará una ardua evaluación de los factores para decidir si se revoca o no el permiso.
"Hasta que se resuelvan todos los amparos, nosotros vamos a poder seguir con el procedimiento para ver si se autoriza la planta. Estamos haciendo hincapié en que es necesario que se cumpla con los requisitos de ley y sobre todo con la consulta indígena, nosotros estamos haciendo hincapié en que sí es necesario. Justamente ahorita el amparo que se resolvió es en ese sentido, porque las comunidades se quejaron que no realizaron esa consulta indígena, por lo tanto hasta que no se resuelva ese asunto no seguimos con el procedimiento", indicó.
La planta se pretende construir en las bahías del Sistema Lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, un sitio Ramsar, de importancia internacional por su valor ambiental. El proyecto consiste en construir la planta de amoniaco que se abastecerá de gas natural –materia prima–, a través de un ducto de un kilómetro, y por medio de otro ducto de 3 kilómetros transportará el amoniaco desde la planta hasta el muelle de Pemex. En su estudio de riesgo, GPO prevé que en caso de fuga de 3.6” el radio de afectación sería mortal 2 kilómetros a la redonda por la inhalación de ese gas tóxico, pero en caso de la ruptura total del ducto de acero, el radio de afectación sería de 15 kilómetros a la redonda, alcanzando a Topolobampo, los campos pesqueros Lázaro Cárdenas y Paredones, el Maviri y Ohuira, principalmente.
"Ya he visto los polígonos que están manejando, vemos que hay una planta de CFE, también tenemos ahí un puerto de Pemex, es una región que sí está impactada; ciertamente, se habla de que es una zona Ramsar, también eso se va a evaluar, tenemos que evaluar todos los factores, que efectivamente ya es una zona industrial, que es un sitio Ramsar, que también hay comunidades indígenas que se deben evaluar en el riesgo, si existe solamente un riesgo ambiental o también un industrial, pero hasta estos momentos nosotros no lo podemos hacer hasta que no se desahoguen todos los amparos", expresó.
En el Juzgado Sexto de Distrito están radicados los juicios 528/2018, promovido por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, del que está vigente una suspensión definitiva desde el 21 de noviembre de 2018; el juicio 630/2019, que interpuso la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Playa El Maviri, con suspensión definitiva concedida el 11 de octubre.
También ahí está radicado el juicio 628/2018, promovido por la comunidad mayo-yoreme del campo pesquero Paredones, en el cual también se concedió una suspensión definitiva el 26 de diciembre de 2018, mismo que se sobreseyó por desistimiento de Martín García, quien había firmado como representante de la parte quejosa. Ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, encuentra en trámite un recurso de revisión interpuesto por otros integrantes de la comunidad indígena.
Además, en el Juzgado Séptimo de Distrito están radicados los juicios de amparo 358/2019, promovido por la comunidad de Paredones, y 350/2019, promovido por la comunidad mayo-yoreme de Ohuira que aún se encuentran en revisión.
kvd