Entre mariposas, rejas y violencia: la lucha de una niña por la libertad de su madre en Tlaxcala

Sobre los barrotes de la reja que rodea a uno de los juzgados de Tlaxcala, una sonriente niña pega mariposas de papel; y las intercala por colores, una mariposa rosa, una mariposa morada. No hay nada raro en el que una niña juegue a pegar mariposas, solo que ella lo hace por la libertad de su madre.

“Déjame hablar con el juez, le quiero pedir que ya deje en libertad a mi mamá”, le dijo a su abuela, Ciria Hernández, horas antes de que se realizara la audiencia de derecho y el cierre de proceso, el pasado 27 de septiembre, en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes.

Las frágiles mariposas de papel, llenas de color, se convirtieron en su símbolo de libertad y en una forma de pedir, sin palabras, lo que más desea la niña: la liberación de su madre, Keren.

Era diciembre de 2015, exactamente entre la noche del día 11 y madrugada del 12; Keren tenía 19 años y llevaba a su bebé en brazos, una niña de apenas un mes y tres días de nacida. 

Juntas pretendían recoger los 200 pesos, quizás, que ese día prometió darles el papá de la bebé, pero las dos terminaron detenidas, luego fueron separadas y desde entonces no se volvieron a ver unidas.

Después de haber sido aprehendidas, a una la culparon y sentenciaron por un secuestro que no cometió, mientras que a la otra la dieron en adopción, por parte del DIF estatal de Tlaxcala, y después su abuela la rescató.

Desde ese 2015, ni Keren volvió a tener a su hija en sus brazos para darle los cuidados y verla crecer, ni la niña, que hoy tiene 9 años y pega mariposas por la libertad de Keren, volvió a tener a su madre.

Y así, con la niña de las mariposas, se teje una historia que activistas, investigadoras y organizaciones de la sociedad civil han calificado como un caso de graves violaciones a los derechos humanos, falta de perspectiva de género, tortura y corrupción en el sistema de justicia, violencia institucional y violencia de género, que crece y crece “como una bola de nieve” en agravio de una infante, la madre de ésta y su abuela.

La niña de las mariposas tiene una identidad, como todos los niños y niñas, solo que aquí, para garantizar su derecho a la privacidad y evitar su revictimización, la llamaremos así: la niña de las mariposas.

Es hija de Keren, una joven que, desde hace nueve años, está privada de su libertad en el anexo femenil del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, acusada por un secuestro que ella no planeó, que ella no consumó y en el que tampoco participó.

Sin embargo, el juez José Eduardo Morales Sánchez, del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, quien a pesar de haberla reconocido como víctima de tortura, la sentenció a 50 años de prisión.

“La sentencia nos pone en evidencia el cómo no se ha entendido, todavía, lo que es la perspectiva de género en el ejercicio de la justicia. La respuesta que da el juez al tema y dice que no hubo violación a los derechos humanos cuando previamente reconoce que sí hubo tortura, pero quitando ese pequeño detalle, no hubo violación a los derechos humanos”, apuntó Helena Varela, doctora en Antropología y especialista en estudios de género, durante un conversatorio que organizó el Centro Prodh, el pasado 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Y hoy estamos hablando de una niña que no está creciendo con su madre y, desde luego, con su padre tampoco”, asentó.

La especialista aludió que, la niña de las mariposas es víctima directa de otras formas de violencia ejercidas, incluso, cuando ni siquiera había nacido, además de ser víctima indirecta de la cantidad de inconsistencias y violaciones a los derechos humanos para acreditar la supuesta participación de su madre, Keren, en un secuestro.

Lo anterior, porque su padre abandonó a su madre desde el momento en el que ella le dio la noticia de su embarazo y él argumentó que estaba en duda su paternidad; por tanto, también le negó todo respaldo económico.

En palabras de la antropóloga, esto configura una combinación de violencia patrimonial, violencia psicológica y violencia física en agravio de Keren y su hija, que ya vivían antes de su detención, y que fue peor, cuando fueron sometidas a tortura, una vez aprehendidas y violentadas por las instituciones que, se supone, imparten justicia.

“Esto es un impacto que es una gran bola de nieve porque no es solo el impacto sobre la propia Keren, que ya va a cumplir nueve años privada de libertad, a la que le arrebataron a su hija con un mes de nacida y que está alejada de su familia. Es también el impacto sobre la hija de Keren que, separada de su madre, crece con su abuela que tiene toda la angustia que puedan imaginarse”, remarcó.

Es el impacto sobre la madre de Keren, subrayó, que, a veces, se nos olvida que se encarga del propio padre de Keren, que se tiene que ocupar del cuidado de la nieta, además de todo el proceso (legal) con todo lo que significa el impacto en su salud física y emocional.

“Y yo diría que es un impacto también para nuestra sociedad; ¿qué clase de sociedad tenemos?, ¿podemos hablar de justicia cuando Keren sigue en la cárcel?”, acotó.

Madre e hija, detenidas cuando fueron por la pensión

Keren fue detenida la noche del 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, afuera de una vivienda a donde ella acudió, con una pañalera y con su hija en brazos de un mes y tres días de nacida.

Estaba allí porque el padre de la niña, después de haberla abandonado y negado su paternidad, le prometió que le daría dinero para la pensión alimenticia.

Sin embargo, cuando apenas iba a tocar la puerta, la joven madre, quien en esa fecha también se recuperaba de una cesárea y de un embarazo de alto riesgo, fue sorprendida por un operativo policial que desplegaron policías de investigación de la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) y de la extinta Policía Federal.

Dentro de la vivienda, según lo informó en ese entonces la fiscalía, estaba Fernando Hernández, acompañado de Beymar Martínez; ambos tenían allí a una mujer de 20 años que había sido secuestrada desde el 3 de diciembre de ese año, en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, y ellos estaban a cargo de cuidarla.

La narrativa judicial dice que un tercer hombre armado logró escapar del operativo porque nadie fue tras de él para intentar capturarlo, por ello, los policías detuvieron, en el interior de la vivienda, solo a dos plagiarios; uno de ellos era la ex pareja de Keren y el padre de su hija.

Keren desconocía que ese domicilio era la casa de seguridad de un plagio, y como si hubiera estado en el lugar y en el momento equivocado, afuera de la casa; es decir, sobre la vía pública, fue detenida junto con su bebé en brazos y después procesada por el delito de secuestro.

Y así fue como ella lleva ya nueve años privada de su libertad con una sentencia de 50 años de prisión por un delito que no cometió; mientras que el padre de su hija, que sí participó en el plagio, obtuvo su libertad porque le faltaban unos días para cumplir 18 años; es decir, era menor de edad al momento de su detención y por esa razón el juez solo le impuso una pena de cinco años de prisión de los cuales cumplió cuatro, salió libre y no volvieron a saber de él.

En tanto, la niña de las mariposas, acompañada por activistas, sus abuelos y organizaciones de la sociedad civil, lucha por la libertad de su madre. 

Ha cumplido nueve años, los mismos años que ha sido privada por el Estado de sus derechos fundamentales como el de prioridad, participación, de vivir en familia, en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, a tener una vida libre de violencia, y hoy también es ejemplo de cómo el sistema judicial puede llegar a ser un factor de violencia secundaria que perpetúa el sufrimiento de los menores de edad al negarles el acceso a una infancia plena y saludable, bajo el cuidado de sus padres; en este caso específicamente, de su madre.

Melisa Zamora, abogada del Centro Prodh y defensora de Keren, indicó que el secuestro sí ocurrió, pero que los responsables fueron al menos siete hombres, plenamente identificados por la víctima, quien en ninguno de sus testimonios reconoce a Keren entre los secuestradores.

Aseveró que, una vez detenida, la joven madre, que ya cumplió 28 años, fue sometida a tortura y amenazas para que firmara una declaración autoincriminatoria, además de que la fiscalía se valió de pruebas fabricadas e ilícitas.

“En la propia sentencia, el juez reconoce que Keren fue víctima de diversas violaciones graves a derechos humanos, como es la tortura y la retención prolongada por más de siete horas en el juzgado y en las diferentes instalaciones en las que ella estuvo incomunicada antes de ser puesta a disposición; sin embargo, únicamente excluyen las declaraciones autoinculpatorias de Keren y de sus dos coprocesados y no del resto de pruebas que se fabricaron”, detalló Zamora.

La antropóloga Helena Varela quien, a petición del Centro Prodh y con apoyo de su colega Azucena Feregrino, realizó una opinión técnica con perspectiva de género sobre el caso, explicó que, desde el momento de la detención hasta que Keren fue sentenciada, todas las autoridades involucradas debieron haber tratado de responder a la pregunta de qué hacía ella afuera de una casa donde había una persona secuestrada.

Y debieron habérselo cuestionado porque se trataba de una mujer en condiciones de pobreza, sin estudios más allá de la secundaria y que, además, el 8 de noviembre de 2015, con un embarazo de alto riesgo y por cesárea, había dado a luz a una niña.

“¿Es lógico pensar que una mujer a la que le han practicado una cesárea el 8 de noviembre, el 2 de diciembre estuviera participando en el secuestro de una persona?”, cuestionó.

Para esa cuestión ella buscó una respuesta a través de una serie de entrevistas con Keren, ya privada de su libertad, conforme lo establece el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para juzgar con perspectiva de género.

“Keren estaba ahí por circunstancias de tiempo y lugar, pero el modo respondía a otras circunstancias completamente distintas”, expuso.

Detalló que al analizar su vida y contexto social, encontraron que era una mujer pobre, con pocos recursos, víctima de violencia física y psicológica durante el noviazgo, madre soltera porque el padre no se hizo responsable de la manutención de la niña y las abandonó.

Es decir, que en ese momento ella era víctima de violencia económica y estaba “en un contexto de necesidad, de recurrir al padre de la bebé para pedirle recursos porque ya no tenía, ni siquiera, para comprar pañales”.

“En una de las conversaciones, cuando yo le preguntaba a Keren ¿por qué decides llamarlo si ya te había abandonado?, ella me decía: ‘es que para mí era importante que mi hija creciera con su padre’. Hoy estamos hablando de una niña que no está creciendo con su madre y, desde luego, con su padre tampoco”, puntualizó la investigadora.

Subrayó que así es como se debe entender el porqué, entre la noche del 11 y madrugada del 12 de diciembre de 2015, Keren se encontraba afuera de una casa donde había una persona secuestrada, que era cuidada por su ex pareja y dos cómplices, y no por ella y su bebé.

En esa ocasión, ella solo había salido de su casa a buscar al padre de su hija para pedirle manutención, pero terminó acusada de secuestro, y tras horas de ser amenazada, golpeada y torturada por los policías de la fiscalía de Tlaxcala, firmó una declaración autoincriminatoria por la que el juez, además de considerar otras pruebas ilícitas, presuntamente fabricadas por la fiscalía, la condenó a 50 años de prisión.

“Firma o matamos a tu hija”, según lo ha declarado Keren al describir la advertencia que le hizo un policía de investigación de Tlaxcala sino firmaba unos documentos; y como para ese momento ya llevaba 11 horas sin ver a su bebé no dudó en firmar una falsa declaración en la que reconocía haber participado en un secuestro.

Durante las audiencias del caso, la principal cuestión de la fiscalía y del juez fue que, para ellos, no es creíble que una mujer que recién ha dado a luz y recuperándose de una cesárea salga sola en la noche, pero sí fue creíble para la misma institución que hubiera participado en un secuestro con labores de cuidado de la víctima.

“Se torturó también a los hombres, pero las características que tiene la tortura en el caso de Keren, siendo mujer, se le golpea con saña en la cicatriz de la cesárea y, peor todavía, se le amenaza con hacer daño a su bebé; entonces, se aprovecha esa condición de mujer para ejercer un tipo de tortura que la lleva, indudablemente, a firmar el testimonio de autoinculpación”, acentuó Varela.

“Pero, además, se asume la presencia de Keren automáticamente ligada a la de su expareja; es decir, si su expareja ha participado en el secuestro, automáticamente se asume que Keren también participó en dichas actividades de tal manera que se considera a la mujer un mero apéndice del hombre”.

Esto no es un caso aislado, remarcó, las cárceles, desgraciadamente en México, están llenas de mujeres privadas de la libertad que fueron detenidas en sus domicilios cuando iban a detener al hombre. Y se detiene también a la mujer por estar ahí, por ser mujer y ser pareja.

“No es quien la haya hecho, es quien la paga”.

Estado mexicano, observado por el Comité de los Derechos del Niño

Este 2024, por no garantizar los derechos de las infancias con padre o madre privados de su libertad, el Estado mexicano fue observado por el Comité de los Derechos del Niño (CDN), que es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus estados miembros.

Así lo reveló Tania Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante el conversatorio que organizó el Centro Prodh, el pasado 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Precisó que el CDN tiene mucha preocupación sobre la accesibilidad de las instalaciones de detención, específicamente sobre que la distancia y el costo no deberían impedir a niñas y niños la visita a sus padres.

Sin embargo, este es el caso de la niña de las mariposas, quien no puede convivir con su madre, Keren, porque ella está privada de su libertad en el anexo femenil del Cereso de Apizaco, Tlaxcala, pero su familia vive en Xalapa, Veracruz.

“Estos viajes, la distancia y sus costos no propician el contacto, ni el desarrollo de ese vínculo que se rompió desde que la hija de Keren era bien chiquita, una bebé”, expresó.

Por falta de recursos para su traslado, que depende económicamente de sus abuelos, la infante ha visitado a su madre en escasas ocasiones y su principal comunicación, prácticamente desde que nació, es a través de videollamadas o llamadas telefónicas, no más.

Ramírez destacó que el CDN observa el impacto de la encarcelación en niñas y niños, y centra su preocupación en la educación, finanzas, desarrollo de la identidad al reconocerse con una madre privada de su libertad y se enfrentan a múltiples estigmas.

“En sus recomendaciones, el comité hace hincapié en que, al momento de dictar sentencias, siempre que sea posible deberán priorizarse las sentencias no privativas de la libertad”, comentó.

De acuerdo con estadísticas de la fundación Reinserta, en México, el 84.8% de las mujeres privadas de libertad son madres, y 5 de cada 10 de esas mujeres, al ingresar al centro penitenciario, tenían hijos en etapa lactante y preescolar. Uno de esos casos es el de Keren.

Según la misma organización, dentro de los centros de reinserción social no existen áreas seguras y libres de violencia tanto como para mujeres, niñas y niños.

En ese contexto, al menos 10 mil menores de edad han vivido y crecido dentro de una prisión en los últimos 10 años, y más de 500 mil niños tienen a su madre o padre en prisión. Uno de esos casos, es el de la hija de Keren, la niña de las mariposas.

“Afortunadamente ella está creciendo alegre y sana, con los cuidados de sus abuelos, pero está creciendo con el derecho a vivir en una familia lastimado, vulnerado, roto. 

"El propio desarrollo de la personalidad de una niña en esta etapa de desarrollo y todos los años que ha crecido sin su madre son absolutamente injustificables, injustos”, afirmó la representante de Redim, el día que la niña pegaba mariposas, afuera del tribunal, para pedir la libertad de su mamá.

Agregó que el CDN también ha recomendado a los estados, incluído México, el respeto por la opiniones de las niñas y los niños, constituido en el derecho de participación previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todas las decisiones que les afecten.

“Yo me preguntaría si este es un principio que se siguió cuando se hizo la primera sentencia y cuando se volvió a poner el firme los cincuenta años; y junto con la participación, el derecho a la información, de cómo el Estado, en este caso todas las instituciones que han formado parte de la sentencia, deben de poner a disposición de la hija de Keren la información de lo que está sucediendo en un formato disponible y entendible para ella”.

La activista puntualizó que en este caso, es necesario pensar no solo en las afectaciones que vive Keren, sino “muy concretamente” hacia los derechos de su hija y lo que ella vive en términos de estigmatización, discriminación, falta de condiciones para su desarrollo y una vida libre de violencia.

“La violencia física no solamente se imprimió a través de violencia física y estructural a través de una sentencia doblemente injusta, sino la violencia que está viviendo una niña que es mujer desde el momento en que nació, la hija de Keren, y que está tocando cada uno de los días de su vida.

"Si bien es cierto que crece bien, sonriente, activa por los cuidados amorosos que tiene, no hay que confundirlo con el hecho de que ya estén garantizados ni todos sus derechos ni todas las implicaciones psicosociales”.

En 2021 y 2023, la senadora Geovanna Bañuelos inició un debate en el Pleno del Poder Legislativo federal sobre algunos mecanismos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son hijos de hombres y mujeres privados de su libertad en centros de reinserción social.

Sin embargo, todo quedó en eso, en un debate congelado y en una serie de iniciativas de reforma de leyes, con lectura en el pleno y enviadas a comisiones donde no prosperaron.

Propuso, por ejemplo, modificar el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que las mujeres privadas de su libertad cumplan su sentencia en centros penitenciarios cercanos a su lugar de origen.

Planteó reformar los artículos 5 y 36 de la misma ley para que en el caso de mujeres en reclusión que se encuentren embarazadas o que tengan a su cargo personas menores de edad, accedan al beneficio de preliberación y sanciones no privativas de la libertad de tal forma que se fomente su reinserción social con trabajo en sus comunidades.

Asimismo, en 2023, propuso una reforma a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal para que los menores de edad con padres privados de su libertad reciban servicios de salud y acompañamiento psicológico con el objetivo de garantizar su desarrollo, bienestar ante una condición de vida que conlleva el distanciamiento y múltiples cambios derivados de la situación legal por la que atraviesa su padre o madre.

Se trata de un problema que en México se ha minimizado e incluso ignorado, arguyó entonces la legisladora, aun cuando es el Estado el que tiene la obligación de garantizarles sus derechos humanos a los menores de edad, así como de proveer de las condiciones jurídicas y materiales para que puedan gozar de manera efectiva de sus garantías.

Libertad, el regalo que no llegó

El 8 de noviembre, que era el día de su cumpleaños, la hija de Keren; es decir, la niña de las mariposas, esperaba como regalo que su madre saliera en libertad.

Pero eso no ocurrió, el 11 de noviembre de 2024, el juez José Eduardo Morales Sánchez volvió a sentenciar a 50 años de prisión a Keren, a pesar de que él mismo reconoció que ella fue víctima de tortura y amenazas.

Keren ya había sido condenada a 50 años de prisión, en una primera ocasión; y como parte del proceso legal la imputada promovió, en 2021, un amparo con un fallo a su favor, lo que provocó que el juez tuviera que reponer el procedimiento y dictar una nueva sentencia, aunque lo hizo en los mismos términos.

“¿Dónde está la justicia?”, cuestionó doña Ciria Hernández, madre de Keren N., tras recibir la noticia de que su hija, a pesar de ser inocente, fue sentenciada nuevamente por un secuestro que ella no cometió. La misma pregunta se hacen los hermanos y demás familiares de la joven.

“No nos vamos a rendir hasta que las autoridades actúen con justicia. Me siento muy decepcionada porque desde el principio yo mostré que mi hija era inocente, y se ha juzgado, ¿con qué pruebas condenan a mi hija nuevamente a 50 años?”, añadió.

En su momento, doña Ciria aportó entre las pruebas para demostrar la inocencia de su hija, el expediente médico que acreditaba su hospitalización y estado de salud después de haber dado a luz, lo cual significaba que ella no estaba en condiciones como para participar en un secuestro, pero esos documentos se extraviaron.

“No es justo que nosotros estamos viviendo un proceso que nos ha arruinado la vida injustamente, es injusto, es injusto lo que hemos vivido nueve años”, insistió.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acusó un posible conflicto de intereses por parte de un juez, José Eduardo Morales Sánchez, para favorecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), respecto del caso Keren.

“Él es una persona cercana a la fiscalía y eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este donde están siendo señalados policías ministeriales; es decir, policías de la fiscalía de haber cometido actos gravísimos como es la tortura en contra de una mujer”, dijo Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh

Remarcó que Morales Sánchez fue parte de la terna que, en julio de 2024, envió la gobernadora, Lorena Cuéllar, al Congreso local para elegir al nuevo titular de la FGJE. La terna estuvo integrada por José Eduardo Morales Sánchez, Soledad Reyes Zambrano y la actual fiscal, Ernestina Carro Roldán.

“Entonces, eso nos quiere decir que él es una persona cercana a la fiscalía. Y este no es un caso aislado, y eso es lo que más nos preocupa; nosotros como organización hemos documentado otros casos cometidos aquí en Tlaxcala, el estado más chico del país, donde al aparecer no pasa nada, de tortura y de violaciones graves a derechos humanos”, espetó Pérez.

Adelantó que el Centro Prodh ya prepara un recurso de impugnación en contra de la sentencia, a fin de que Keren obtenga su libertad, aunque este proceso podría tardar más de un año.

Si eso ocurre, su hija deberá esperar un año más; mientras, el pasado 12 de noviembre nuevamente acudió afuera de la sede del Poder Judicial de Tlaxcala, acompañada de activistas y sus abuelos, a pegar mariposas como testigos silenciosos de una esperanza que se niega a morir.

“Ella siempre dice, con su cara en alto, ‘mi mamá va a salir porque es inocente. Yo he luchado nueve largos años, es un proceso muy difícil emocional y económicamente”, relató doña Ciria, abuela de la niña.

La niña de las mariposas ha pasado nueve años bajo el cuidado de sus abuelos, va a la escuela; ya está en el cuarto grado de primaria, y durante todo ese tiempo no ha sido beneficiaria ni de apoyo psicológico institucional ni de alguna beca escolar.

“En su cumpleaños, la esperanza de ella era que le hubieran dictado la libertad a su mamá, pero lamentablemente las autoridades pisotearon nuestra dignidad. Y desde esta edad, tan pequeña, tan corta, está viendo la injusticia”.

Hoy, mientras que su madre sigue encarcelada sin haber recibido un juicio justo, la niña de las mariposas sigue esperando. Las mariposas que ella ha dejado a su paso son, más que un simple colorido símbolo, una llamada a la acción, un grito de libertad que exige ser escuchado.

Su historia no es solo la de una niña sin madre, es la de una niña que cree en la inocencia de su madre. Y en cada mariposa que pega, ella sigue pidiendo lo mismo: que su madre sea liberada, que el amor de una madre vuelva a ser su refugio, que la injusticia que marcó su vida sea finalmente rectificada.

EHR