El debate que vive actualmente México sobre el tema de la elección de jueces por votación tiene en Estados Unidos un símil que lleva más de dos siglos de controversia desde que en 1812 Georgia fue la primera federación en adoptar el sistema de elección popular en las cortes estatales en respuesta a lo que se consideraban jueces partidistas e imparciales.
“Para la mayoría de los abogados, juristas y ciudadanos comunes del mundo, la idea de elegir jueces es tan extraña como lo sería elegir médicos, enfermeras o agentes de policía”, advierte Lawrence M. Friedman, autor del estudio Puntos de referencia: Jueces en juicio, selección y elección judicial, de Depaul University. “Sin embargo, aquí funciona y hay muchos tipos”, añade.
Después de Georgia en 1812, le siguió Indiana en 1816 con algunos jueces; Mississippi en 1832 estableció la elección popular para todos los niveles igual que Nueva York en su constitución de 1846. Fue una cascada… hasta que ¡empezaron otros problemas!
Por ellos, en el en el siglo XX hubo debates, cambios, restricciones y candados que transformaron las elecciones con diferentes modelos. Actualmente hay tantas variantes como discusiones para su perfeccionamiento, precisan los análisis de Depaul University, de las universidades públicas de Chicago y Nueva York.
En 14 estados, por ejemplo, las elecciones no son partidistas; esto es, los candidatos aparecen en la boleta sin su afiliación política; en diez, sí aparecen con la insignia del partido al que pertenecen y en cinco hay las dos modalidades (mixtas), dependiendo de la corte. Además, en otros diecisiete los jueces se presentan en elecciones de retención o ratificación, en las cuales a los votantes sólo se les pide que digan sí o no al candidato.
En una docena de entidades, los jueces son designados por el ejecutivo, por un comité mixto de las barras de abogados o tienen un mandato vitalicio. Además hay 24 estados con tribunales de apelación que celebran algún tipo de elección.
Caso por caso, todos tienen en su historial ejemplos negativos y positivos.
Hay jueces que han perdido elecciones después de polémicos juicios en donde el electorado se siente traicionado o ejemplos de presiones de grupo de interés que financiaron campañas, pero también hay malos ejemplos para otros modelos donde el gobernador designa y mete su cuchara para llevar agua a su molino, al igual que las poderosas barras de abogados.
—¿Puede considerarse el sistema de votación de jueces estatales ejemplo exitoso para otras democracias?—
“No existe una medida para determinar si el sufragio a los jueces los condiciona a tomar una decisión ni si esto los politiza más que si no son electos. No hay un consenso ni siquiera en el interior de la Unión Americana desde su fundación misma como país.
“Cuando Thomas Jefferson asumió el cargo, todos los jueces eran, naturalmente, federalistas designados por George Washington y su sucesor, John Adams. Jefferson se sentía abrumado por estos jueces vitalicios y no veía ningún alivio: ‘Pocos mueren y ninguno dimite’, declaró en su momento”, señala Lawrence M. Friedman.
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En aquellos tiempos, agrega, Estados Unidos aspiraba a ser una democracia alejada de Europa, un experimento de soberanía popular. El pueblo debía gobernar a través de las urnas. Por lo tanto, todos los responsables de las políticas deberían responder en última instancia a las necesidades del pueblo. Sin embargo, los jueces no respondían y eso parecía como un fallo del sistema.
La resistencia a este cambio no permitió en aquel tiempo llevar a los jueces de la Corte Suprema a las urnas ni siquiera para reafirmación, una decisión que permanece hasta la fecha debido a dos razones principales, según los análisis: porque ésta goza de un alto nivel de apoyo y porque la Constitución federal sería muy complicada de cambiar en caso de cualquier problema.
“Las constituciones estatales suelen ser más fáciles de enmendar que la Constitución federal, lo que abre la puerta a cambiar la estructura y los poderes de un tribunal estatal si hay intereses poderosos insatisfechos con fallos impopulares”, advierte Alicia Bannon, asesora del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en el estudio Repensar Selección judicial en los tribunales estatales.
A favor del sufragio
Emigrante mexicano con doble nacionalidad, Max Arrechea, asistente judicial de un juez de la corte superior de Punta de Atlanta, Georgia, aprecia las campañas que se realizan en su comunidad para elegir a los candidatos: ellos van a eventos sociales para acercarse a la gente: saludan, escuchan, eso los hace muy humanos, comenta en entrevista con MILENIO.
“Otra cosa que pasa es que adquieren mucha fuerza y autoridad cuando son votados y pueden llamar la atención y poner el dedo donde hace falta: un ex jefe mío exigía siempre a los fiscales que llevaran más información, que hicieran muy bien su trabajo, que si querían enjuiciar a alguien llevaran pruebas para que realmente ese juicio fuera justo”, advierte a MILENIO.
Arrechea es parte de un grupo de expertos y comunidades que están a favor de llevar a los jueces al banquillo del voto porque consideran un “mito” o “una falacia” que la politización de éstos contamine su ejercicio.
Coinciden en que los jueces, independientemente de ser votados o no, siempre tienen en su cabeza y corazón las simpatías y opiniones políticas propias. En palabras de la politóloga Melissa Gann Hall:
“Es innegable que las decisiones de los jueces están moldeadas por sus experiencias, presuposiciones, filosofías judiciales e incluso instintos políticos idealmente anclados a teorías aceptadas como legítimas de la función judicial”.
Los partidarios del voto consideran que la votación de jueces ayuda a combatir la opacidad en la que trabajan puesto que raras veces dan declaraciones o conferencias de prensa ni están sometidos a otros tipos de rendiciones de cuentas. En resumen: gran parte de lo que hacen sucede detrás del radar.
El documento Profesionales o políticos: el argumento empírico incierto a favor de un poder judicial elegido en lugar de designado, de la Universidad de Chicago concluyó que si bien los jueces electos buscan satisfacer a la mayor cantidad de votantes con justicia rápida, los jueces designados se esfuerzan por escribir opiniones que sean admiradas por sus correligionarios.
“Aunque nuestra evidencia no prueba que los jueces electos sean superiores a los jueces designados, pone en duda la sabiduría convencional y amplía el debate académico sobre la pureza de los jueces cuando no se someten a las urnas”.
El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York lo pone en otros términos en el estudio Repensando la selección judicial:
“Uno de los principales aspectos de la rendición de cuentas es la legitimidad democrática y para cumplir con este valor la selección judicial debe ser capaz de canalizar las preferencias legítimas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestros tribunales porque hay mucho en juego”.
Para Abelardo Seguro, zacatecano con doble nacionalidad quien vota por los jueces de su distrito en Cook, Illinois, la experiencia de la elección de jueces podría ser muy positiva contra la corrupción en México.
“En Estados Unidos, los representantes de los jueces vienen a tocar puerta por puerta para mostrarte quiénes son, su familia, su trabajo, los casos que han llevado; en México se ocultan para traficar poder: yo trabajé muchos años en Pemex y ahí estaba el hijo de un juez a quien metieron en la nómina porque era hijo de un juez, era un aviador con influencias opacas”.
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En contra
Quienes están en contra de la democratización de la justicia en Estados Unidos no fincan sus argumentos en la falta de preparación intelectual de los candidatos, porque para medir sus niveles hay filtros sobre el nivel académico previo a la designación de las candidaturas, salvo algunas excepciones.
En 2006, aunque en California los jueces de la Corte Suprema mantuvieron sus asientos, junto con los cincuenta y un jueces de la corte de apelaciones, el propietario de una tienda de bagels con experiencia legal limitada derrotó en las primarias a un juez en funciones “bien preparado". Tras el escándalo, se pusieron más requisitos.
Pero hay otros temas que se ciernen en contra del sistema de votaciones: los costos y el perfil de quienes financian las campañas así como los ataques injustos.
El estudio de Depaul University calculó que el incremento a la financiación de las campañas políticas de los jueces incrementó 95 mil por ciento en una década. “Pero el problema es más que el dinero, sino en qué se gasta y cómo se gasta”, alertó Lawrence M. Friedman, autor del estudio.
En 2008 el juez Louis Butler de la Corte Suprema de Wisconsin perdió su escaño ante Martin Gableman en medio de una campaña de anuncios donde éste sugirió que Butler había liberado a un afroamericano por ser de su misma raza. Posteriormente se supo que la fuerza detrás de la campaña era un grupo empresarial local.
“Un régimen de elecciones judiciales muy disputadas y febriles es peligroso en dos formas que distorsionan el papel del juez”, observó Friedman.
El primero porque al enfrentarse a la oposición o temerla, pueden rehuir de las decisiones que podrían causar problemas en las urnas. El segundo porque los jueces se ven obligados a hacer campaña, ésta cuesta dinero y el dinero corrompe. “Incluso los jueces que no corren mucho peligro sienten que tienen que recaudar dinero para un ataque preventivo”.
¿Considera la propuesta de AMLO alguna de estas experiencias?
En el tema de financiamiento sí: las elecciones para cargos en el Poder Judicial tendrán campañas con duración de 60 días y no se permitirá el financiamiento público o privado.
Los aspirantes tendrán acceso a tiempos de radio y televisión oficiales para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate, pero los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
La propuesta del Ejecutivo quiere que los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidos a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, busca que el Senado verifique que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, como contar con la licenciatura en Derecho y experiencia.
A pesar de ello, analistas opositores a la reforma advierten de riesgos: “Sabemos por diversas fuentes que el narco financia campañas no nada más de Morena también de PAN sino del PRI y del PRD, aunque en México estén prohibidos los recursos privados”, advirtió Roberto Lara Chagoyán, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
“No podemos exponer así a la justicia: un juez tiene que aplicar leyes generales, abstractas e impersonales y, por lo tanto, no puede representar solo a un sector de la población con el voto popular y por muchos candados que se pongan siempre van hacer menores a que hay si no hay elección”.
Además, agregó, el problema de justicia en México está principalmente en las fiscalías, en los ministerios públicos. El presidente desde campaña se negó a independizar la fiscalía o llevarla a votaciones como también ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué no empezar por ahí o por profesionalizar y dar más recursos a las fiscalías?
aag