Ceci García cree que si su esposo comprendiera mejor cuáles son sus derechos, hubiera podido evitar ser deportado a México tras decirle a un policía de los suburbios de Chicago que lo detuvo por una infracción de tránsito en 2012 que estaba viviendo ilegalmente en Estados Unidos.
“Falló al no haber guardado silencio”, dijo la ciudadana estadunidense, madre de cinco hijos. “Siguió adelante y dijo la verdad”.
Ahora la mujer de Chicago pasa su tiempo enseñándole a otros cómo evitar que les pase lo que le ocurrió a su marido, parte de un esfuerzo creciente a nivel nacional desde que el presidente Donald Trump asumió el puesto y que en los últimos días adquirió una nueva urgencia.
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Al arrancar su campaña para las elecciones de 2020, Trump había proclamado que su gobierno lanzaría un nuevo operativo en los próximos días para deportar a millones de personas que viven ilegalmente en el país. Trump tuiteó que había postergado el plan dos semanas con la esperanza de que los demócratas y los republicanos puedan hallar soluciones a “los problemas de asilo y de resquicios legales en la frontera sur”.
Desde Los Ángeles hasta Atlanta, activistas y abogados han implementado talleres de “conoce tus derechos” en escuelas, iglesias, tiendas y consulados, recomendando qué hacer si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se presenta en la casa o en las calles. Han organizado escenificaciones sobre cómo comportarse, han entregado guías de bolsillo, proporcionado líneas telefónicas para denunciar, difundido seminarios en internet y ofrecido planes de acción.
El resultado, argumentan los activistas, son migrantes con mayores habilidades que cada vez más se niegan a abrir sus puertas o proporcionar información, algo que esperan mitigará el impacto de cualquier operativo.
“Se trata más de asegurarse de que la gente sienta que tiene algo de poder sobre lo que está ocurriendo en sus vidas”, dijo Katarina Ramos, abogada del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “Y de que tienen algo de control sobre lo que inherentemente es una situación muy alarmante”.
Ya sea la Unión Americana por las Libertades Civiles o una organización sin fines de lucro en el vecindario, los entrenamientos se enfocan en las mismas ideas: el derecho a guardar silencio; el negarle a los agentes el ingreso a una vivienda; no firmar nada sin un representante legal; y solicitarle a los agentes que presenten papeles. Esos son derechos que los abogados dicen son aplicables a cualquiera sin importar su estatus legal.
El abrirle la puerta a un agente es una invitación que pudiera derivar en arrestos colaterales, por lo que los activistas sugieren hablar a través de una puerta o una ventana, algo que la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles describe en un video animado para que éstos conozcan sus derechos.
En un folleto, la organización política Mijente les recomienda a los inmigrantes no portar una identificación del país en el que nacieron para evitar traer evidencias que pudieran ser presentadas ante una corte de migración.
El Proyecto Resurrección, con sede en Chicago, les recomienda a los migrantes tomar video de la interacción con los agentes. Si el agente pide tirar el teléfono al piso, los activistas les dicen a los que están entrenándose que cumplan, pero que no apaguen la cámara de video.
“No queremos que las cosas se pongan más difíciles”, dijo Laura Mendoza, que organiza a inmigrantes. “Por eso constantemente, constantemente hablamos de que conozcan sus derechos”.
jos