California estudia mejoras laborales para 500 mil trabajadores de comida rápida

Los empleados podrían demandar al restaurante si afirman que han sido despedidos, discriminados o han sufrido represalias por ejercer los derechos creados en el proyecto de ley.

Trabajadores de comida rápida tendrán más protecciones laborales. | AP
Editorial Milenio
California /

Los más de medio millón de trabajadores de comida rápida de California tendrían mejoras laborales gracias a una medida, la primera en el país, aprobada por la Asamblea estatal el lunes.

Los trabajadores estarían incluidos en el nuevo Consejo del Sector de la Comida Rápida que establecería normas estatales sobre salarios, horas de trabajo, formación y condiciones laborales, incluyendo procedimientos diseñados para proteger a los empleados de la pandemia del covid-19.

La orden se limitaría a los restaurantes de comida rápida con al menos 30 establecimientos a nivel nacional.

"California tiene la oportunidad de liderar el país y abordar los problemas pendientes en la industria de la comida rápida", dijo el asambleísta demócrata Chris Holden. 

Los sindicatos han convertido en una prioridad el proyecto de ley que regula la industria de la comida rápida e impulsa la voz de los 557 mil trabajadores que se calcula que hay en el estado más poblado del país.

La iniciativa se aprobó el lunes en la asamblea estatal por 41 votos a favor y 19 en contra, y ahora se dirige al Senado estatal.

Los partidarios dijeron que los trabajadores de la comida rápida constituyen el grupo más grande y de más rápido crecimiento de los trabajadores del sector privado con salarios bajos en el estado, pero han carecido de protecciones específicas para su industria.

Calculan que alrededor del 80% de los trabajadores de California son latinos, afrodescendientes o de ascendencia asiática, dos tercios son mujeres y muchos viven en comunidades de clase trabajadora que han sido las más afectadas por la pandemia.

Entre otras cosas, los empleados podrían demandar al restaurante si afirman que han sido despedidos, discriminados o han sufrido represalias por ejercer los derechos creados en el proyecto de ley.

Además se podrían emprender acciones contra los franquiciadores si creen que las empresas están impidiendo el cumplimiento de las leyes de salud, seguridad y empleo.

El proyecto de ley fue presentado por primera vez por Lorena González, una veterana defensora del trabajo.

evr

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