Los jueces de la Suprema Corte Suprema de Estados Unidos revisarán la iniciativa del presidente Donald Trump de excluir a los migrantes indocumentados de las cifras de población total, utilizada para asignar los distritos legislativos a los estados, un aspecto de su dura política hacia la inmigración.
La Corte, que tiene una mayoría conservadora de seis a tres, e incluye a tres magistrados nombrados por Trump, tiene prevista una audiencia oral de 80 minutos vía teleconferencia.
- Te recomendamos Trump comienza a dudar si la Corte Suprema de EU tomará su denuncia electoral Elecciones USA 2020
Los jueces decidirán el caso de manera expedita y su fallo se conocería antes de fin de año. Eso haría difícil que el presidente electo, el demócrata Joe Biden, quien asumirá el poder el 20 de enero, revise el plan de Trump si es ratificado.
Quienes se oponen a la disposición de julio de Trump incluyen a varios estados liderados por Nueva York, ciudades, condados y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Afirman que la medida del presidente republicano podría dejar a millones de personas excluidas y llevar a que California, Texas y Nueva Jersey pierdan escaños en la Cámara de Representantes.
Los distritos de la Cámara baja se basan en las cifras de población del estado en el censo nacional que se realiza cada 10 años.
Sus opositores han dicho que el plan de Trump reduce la influencia política de estados con gran número de inmigrantes indocumentados, incluido California, al no contar su población real y restarles escaños en la Cámara baja. Si California pierde distritos, eso posiblemente significaría que los demócratas perderían puestos en la Cámara de Representantes, lo que beneficiaría a los republicanos.
Hay un estimado de 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos. Hasta ahora, los gobiernos contaban a todas las personas, sin importar su situación inmigratoria o de ciudadanía. La Constitución de Estados Unidos exige que la distribución de asientos de la Cámara de Representantes se base en “el número total de personas en cada estado”.
Quienes rechazan la medida afirman que la política de Trump viola tanto la Constitución como la Ley del Censo, una ley federal que esboza cómo se realiza el censo. Los abogados de Trump dijeron en documentos judiciales que él actuó dentro de su autoridad y que los demandantes carecen de las bases legales necesarias para presentar un caso.
Un panel de tres jueces de Nueva York falló contra el gobierno en septiembre. Cortes federales de California y Maryland han llegado a la misma conclusión en otros casos, sin embargo, una corte en Washington falló a favor de Trump.
Por estatuto, el presidente debe enviar al Congreso un reporte a comienzos de enero con la población de cada uno de los estados y el número correspondiente de distritos para la Cámara de Representantes.
Una vez que a los estados se les asignan los distritos, ellos dibujan sus límites, los que serán usados en las elecciones legislativas de 2022. El número de escaños en la Cámara baja de cada estado también determina la cantidad de votos que el estado tiene en el Colegio Electoral, el sistema usado para determinar al ganador de las elecciones presidenciales.
AESC