El gobierno provisional de Bolivia se apresta a lanzar la convocatoria a elecciones generales, un paso importante para normalizar el país, convulsionado tras la anulación de los comicios de octubre, mientras la OEA le demandaba "urgentemente" desde Washington que lo haga.
Mientras, la fiscalía confirmó el miércoles la muerte de ocho personas en enfrentamientos la víspera, con lo que el número de fallecidos subió a 32 desde que estalló la violencia social en el país hace un mes, según cifras oficiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presidenta interina, Jeanine Áñez, dijo en la mañana que "si Dios lo permite", este miércoles "vamos a lanzar la convocatoria a elecciones", aunque todavía no está definido el mecanismo legal: una ley congresal pactada con la oposición o un decreto supremo presidencial, que prescinde del parlamento.
Al tomar las riendas del país hace una semana, tras la renuncia de Evo Morales, Áñez, una senadora de derecha de 52 años, asumió la prioridad de convocar a elecciones, así como la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente encargado de convocar y organizar comicios, luego de que todas sus autoridades fueron detenidas.
La bancada de Morales entregó esta jornada al Senado, donde es mayoría, un proyecto de ley que anula las elecciones de octubre, elige un nuevo Tribunal Supremo Electoral y llama a nuevos comicios. El documento fue enviado a análisis de una comisión.
El ex candidato centrista Carlos Mesa, que fue derrotado por Morales en las anuladas elecciones, propuso este miércoles a Áñez enviar un proyecto de ley al Senado para proponer un nuevo órgano electoral "de manera interina, por un año". Además que "establezca una fecha para el día de las elecciones", con "límites de tiempo claros".
Mesa, que respalda el gobierno provisional de Áñez, se reunió este miércoles con delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Iglesia católica y del Ejecutivo para lograr consenso, en un proceso que es observado de cerca también por la Unión Europea y Naciones Unidas.
La OEA aprobó este miércoles en Washington una resolución para pedir que Bolivia llame "urgentemente" a nuevas elecciones, instando a los bolivianos "al inmediato cese de la violencia" y pidiendo a las autoridades garantizar "de manera plena e irrestricta" la protección de los derechos humanos.
El líder regional de derechas, Luis Fernando Camacho, pieza clave en la renuncia de Morales, instó el martes a convocar las elecciones por decreto presidencial para el 19 de enero próximo.
Pero Morales, desde México donde está asilado desde la semana pasada, señaló que mientras el Congreso no acepte o rechace su renuncia, él sigue siendo presidente del país.
"No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta" en las elecciones del 20 de octubre, reclamó.
Morales denuncia "masacre"
Morales, el primer presidente indígena de la historia del país renunció el pasado 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, después de anular unas elecciones tachadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos, y luego de tres semanas de presión popular y de perder el apoyo de policías y militares.
Sus partidarios denuncian un "golpe de Estado" y exigen la salida de la derechista Áñez, con manifestaciones que se han tornado violentas.
Un choque entre partidarios de Morales y un operativo policial-militar en una planta de carburantes en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, dejó ocho muertos el martes, según un nuevo balance de la fiscalía.
Morales pidió la CIDH y a la ONU "denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles".
"Esta masacre es parte de un genocidio", afirmó.
La CIDH anunció que enviará este viernes una misión a Bolivia para "observar la situación de los derechos humanos", luego de criticar un decreto de Áñez que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden.
jamj