La consejera comunitaria del pueblo de Suárez, una zona de alta conflictividad criminal y política del Departamento de Cauca, prometió que en sólo 20 minutos iban a tener los resultados de los comicios presidenciales colombianos del 19 de junio.
Y no en cualquier mesa de votación, sino en la que había sido sacudida por el revuelo causado cuando llegó a sufragar Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta a la postre ganadora. La promesa parecía inverosímil, una broma demasiado atrevida.
Pero Olga Lucía Pechemé casi estaba en lo cierto: el conteo empezó a las 16:00 horas y a las 16:23, ya se había establecido que Márquez y su compañero de fórmula Gustavo Petro habían arrasado tres a uno en ese lugar.
Más impresionante aún fue que en ese mismo momento circulaba el boletín número 4 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proveyendo datos del 9.88 por ciento de las mesas escrutadas. Y contra los muy anunciados temores de la campaña petrista, de que ese órgano pudiera manipular los datos en su contra, se anunció una tendencia a favor del aspirante de izquierdas que se fue ampliando en cada nuevo reporte hasta hacerse estadísticamente irreversible a los 45 minutos, y que fue definitiva a las 17:09, cuando el 13er boletín informó el 98.22 por ciento de las mesas de todo el país, con más de tres puntos de ventaja para Petro.
“El preconteo o conteo rápido de mesa consiste en un reporte en tiempo real que los jurados de votación (equivalentes a funcionarios de casilla; además, los partidos pueden tener “testigos”) van enviando. Su valor es únicamente informativo, pero por muchos años en Colombia la Registraduría ha mantenido márgenes casi idénticos entre el reporte y el escrutinio final, que son los resultados oficiales”, explica Laura Bonilla Pinilla, directora para América Latina de la organización sueca de cooperación ForumCiv.
“Los reportes de las mesas de votación se consignan en un formulario (E14) que es reportado, recolectado y sistematizado en los boletines”, continúa la politóloga. “En muchas regiones del país, los resultados son transmitidos voz a voz, por teléfonos satelitales, fijos o celulares. Eso hace que la producción de los boletines ocurra casi a tiempo real”.
La entidad electoral colombiana no sólo fue más veloz que la mexicana a la hora de disipar incertidumbres y suspicacias con datos confiables. También hizo las cosas a un costo tres veces menor.
Voto por voto
El 1 de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenó que la Cámara de Diputados emitiera un nuevo presupuesto en un plazo de 30 días, después de habérselo bajado desde los 20 mil 338 millones de pesos que recibió en 2021 a 13 mil 84 millones (sin contar los fondos para organizaciones políticas).
México tiene una población de 128 millones y Colombia, de menos de la mitad, 50 millones. Con esta diferencia, o con la de padrones electorales, se ha querido explicar la disparidad de presupuestos. Para este análisis, comparamos los datos de 2021 en el caso del INE y los de 2022 en el de la Registraduría porque son los años en los que cada entidad enfrentó su más reciente reto, al organizar comicios nacionales.
En 2021, el INE procesó los votos de 48 millones 874 mil 40 personas. Es decir que, con el presupuesto de ese año, invirtió 416 pesos en cada sufragante. Esto se hizo en una sola ronda de votación federal y, con los Órganos Públicos Locales Electorales, diversos procesos estatales.
En 2022, Colombia celebró tres comicios a nivel nacional: las legislativas del 13 de marzo (18 millones 413 mil 467 votantes; conjuntamente, realizó las elecciones primarias de las tres coaliciones) y las dos vueltas de la presidencial, el 29 de mayo (21 millones 441 mil 605 votantes) y el 19 de junio (22 millones 687 mil 910 votantes).
La comparación tiene un defecto, sin embargo: el presupuesto del INE se emplea exclusivamente a atender asuntos electorales en tanto que el de la Registraduría sólo en parte, ya que este órgano se dedica a muchas otras actividades:
- Está a cargo del Registro Civil y de expedir todo tipo de documentos relacionados.
- Del registro de nacionales (ciudadanos) y de elaborar y entregar las cédulas de ciudadanía (CURP con credencial física).
- Del registro de hechos y actos (notaría del Estado).
- Además de organizar elecciones, elaborar el padrón electoral y hacer el escrutinio de las votaciones.
Una estimación periodística de Bloomberg pone en 73 por ciento el gasto específico electoral de la Registraduría en 2022. Sería el equivalente a 8 mil millones de pesos mexicanos o 128 pesos por votante. Menos de la tercera parte de lo que gasta el INE.
ledz