Migrantes, el drama de familias rotas: “que vuelva a ver pronto a mi hijo, en manos de Trump”

Todos los días, alrededor de las 17:30 horas, Gabriela Vega habla con su hijo de seis años y trata de responder a las preguntas que este hace por videollamada: ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Por qué estás en México? ¿Necesitas un papel? ¿Cuándo regresas?

Gabriela responde cada una de las dudas al niño que busca entender la ausencia de su madre en Iowa. Ella es una de los 214 mil 838 mexicanos que fueron repatriados de Estados Unidos en 2023, de los cuales, alrededor de 32 mil 424 eran mujeres.

Otros 154 mil 203 se han sumado este año hasta septiembre, la fecha del último registro de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Y vienen más, de acuerdo con la amenaza de deportaciones masivas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Que vuelva a ver pronto a mi hijo está en manos de Trump”, lamenta Gabriela. “Utilizará los recursos para su agenda racista y de odio a los migrantes y no mejorará el sistema”, dice en entrevista con MILENIO.

Algunos de los programas y garantías constitucionales que el magnate republicano tiene en la mira para frenar la migración significan ataques directos en contra de familias como la de Gabriela.

Negar ciudadanía a hijos de indocumentados

Uno de sus productos estrella contra la migración sería, por ejemplo, la eliminación de la garantía de ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes, tal y como lo anunció en mayo pasado en un video que divulgó en la red social Truth, de la que es propietario.

Advirtió que si ganaba, en su primer día en el cargo firmaría una orden ejecutiva para poner fin a la concesión automática y exigirá que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente legal.

Prometió además finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que beneficia principalmente a centroamericanos víctimas de la violencia de pandillas y cárteles de la droga y la extorsión en sus países así como detener el “parole humanitario” que actualmente cobija al éxodo político y hambriento de Cuba, Haití y Venezuela.

Como preámbulo de lo que viene, el 7 de noviembre un juez eliminó el programa Manteniendo a las Familias Unidas que protegía de la deportación a los cónyuges de ciudadanos y con la cual, Gabriela Vega apostaba su defensa para regresar a Estados Unidos.

Esta iniciativa había sido impulsada por Biden tras los diversos fracasos de una reforma migratoria, pero los republicanos la interpretaron como una “segunda amnistía masiva”. La primera fue en 1986 con Ronald Reagan.

Aunque esté casada con gringo

Gabriela no había regresado a México desde que sus padres cruzaron la frontera con ella en brazos a los nueve meses de edad. Allá creció y se casó con Brandon Baurly, un estadunidense de pura cepa con quien tuvo a su hijo, pero no ha logrado la documentación ni siquiera por esa vía.

“Me casé en 2017 y estuve siete años tratando de ser residente por matrimonio, pero todos los trámites se hicieron más lentos cuando Trump fue por primera vez presidente: empezó por recortar personal, te daban largas, te hacían volver varias veces a las oficinas y tu caso no avanzaba”.

Ella se mantenía con papeles para trabajar gracias al programa conocido como DACA, que otorga permisos de trabajo e impide la deportación a todas aquellas personas que llegaron al país en la infancia, que no tienen antecedentes penales y mantienen buenas calificaciones. A ellos se les conoce como ‘dreamers’, soñadores.

Con la confianza de ese estatus legal, además de su matrimonio, voló a México como exigía el protocolo de regularización migratoria por ser cónyuge. 

El abogado le había dicho que sería un trámite sencillo y pronto estaría de vuelta para tener el permiso de residencia, pero una vez en Ciudad Juárez el funcionario del consulado observó una falla: cuando Gabriela tenía 18 años se quedó seis meses sin documentos mientras le daban el permiso de DACA, y ese lapso el gobierno estadunidense lo consideró una “ofensa”.

“Tendrá que esperar tres años para pedir perdón y seguir su trámite”, le dijeron en el consulado.

Regresó al hotel con el mundo encima. Lloró hasta que no pudo más, llamó a su esposo, a sus padres; días después contactó a sus congresistas en Iowa para pedirles su intervención, pero no sirvió de nada: las autoridades migratorias fueron inflexibles.

En los primeros meses que Gabriela estuvo en México vivió en Valle de Santiago, Guanajuato, donde su padre construyó una casa con los ahorros de trabajo en Iowa. Ahí viven sus abuelos, tíos y primos, pero a ella le costó mucho trabajo acostumbrarse a la vida de la provincia mexicana que, además, se ha vuelto insegura en los últimos años.

Algunos días en su camino aparecían cuerpos con el tiro de gracia o decapitados; esas eran las pocas novedades del pueblo. “La gente hace siempre las mismas rutinas, y yo empecé a sentirme muy triste haciendo lo mismo siempre”, cuenta.

Para salir de esa especie de punto muerto o zona de confort, empezó a viajar a la Ciudad de México. Quería conocer el Palacio de Bellas Artes, escuchar música, ver ópera, danza… De pronto se vio yendo y viniendo cada vez con más frecuencia.

En junio. citó en la capital mexicana a su esposo y su hijo que venían a pasar las vacaciones con ella. Pasearon por el Zócalo y Coyoacán, por las colonias Roma, Condesa y desde ahí salían a hacer turismo a otras zonas, a la Riviera Maya, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Puebla. 

Su esposo la vio tan feliz viviendo en la Ciudad de México que le sugirió que se mudara a la capital: “Tienes una sonrisa, tus ojos tienen luz y brillan”, la describía.

Antes de finalizar el verano y volver a Iowa, su esposo la acompañó a ver un departamento y ese mismo día se quedó a vivir en la Ciudad de México. 

“Sé que estoy perdiendo una parte importante de la vida de mi hijo”, reconoce Gabriela, quien por ejemplo tuvo que seguir su salida del preescolar a través de Facetime. “Extraño también ir a comer con mis padres todos los domingos”.

Antes casi lo logra, hoy, lo duda

Desde cualquier ángulo que Evelina Tolentino mire la victoria de Trump, tiene mucho que perder. Migrante indocumentada desde hace casi dos décadas, estuvo a punto de volverse ciudadana estadunidense cuando ella y su esposo recurrieron a una ley en California que la protegía por tener un hijo con espectro autista.

Él lo logró; a ella le faltaron 12 meses para cumplir los 10 años de requisitos aunque tenía la demás documentación.

 “Ahora con Trump no sé qué va a pasar”, cuenta en entrevista con MILENIO desde Sacramento, la ciudad que convirtió en su hogar al cruzar la frontera andando desde San Mateo, una minúscula comunidad rural del municipio hidalguense de San Bartolo.

Fiel al discurso antiimigrante que lo llevó de vuelta a la Presidencia de Estados Unidos, Trump prometió acciones para golpear a los indocumentados y, aunque se prevé una batalla legal para la implementación de estas medidas, Evelina, que ha peleado por años la atención de su hijo con espectro autista, está asustada.

“En México no hay un cuidado sistematizado y de calidad para sacar adelante a los discapacitados”, sabe esta madre de familia.

Lo sabe de primera mano porque su hermana tiene síndrome de Down y vive en Hidalgo. 

Su madre no deja de quejarse en la lejanía geográfica porque en las clínicas rurales de México no hay médicos especialistas, el traslado al hospital más cercano puede ser de varias horas, así que sólo la atiende en los institutos de salud pública  de la Ciudad de México, donde muchas veces no cuentan con medicamento.

 “Mi mamá sufre mucho cuando mi hermana necesita una cita urgente”, relata.

La ciudadanía que adquirió su esposo, Simón López, le había dado cierta tranquilidad, pero ahora teme lo peor: que la deporten y que su hijo se quede sin ella a pesar de padecer la condición de autismo que le diagnosticaron cuando tenía dos años. Lo confirmó porque no atendía cuando lo llamaban por su nombre.

“Él ya es un adolescente casi normal, pero al final de cuentas tiene un problema de salud y me gustaría estar cerca”, reconoce.

Durante décadas, organizaciones defensoras de los migrantes han llamado la atención sobre el perjuicio de las personas en grupos más vulnerables como miles de familias con miembros que tienen condiciones de salud especial.

No existen cifras detalladas sobre cuántas personas con discapacidad de origen mexicano hay en Estados Unidos, pero tomando en cuenta un cálculo que en 2011 realizó la Secretaría de Salud sobre las enfermedades que emigran con los mexicanos, la proporción sería de alrededor de 290 mil..

Drama de la incapacidad física o mental

La prensa estadunidense ha dado cuenta durante años de la gravedad de casos cuando existen enfermedades incapacitantes. 

Uno sonado es el de Richey, que hoy tiene 19 años, que padece una enfermedad genética que le impide comer y hablar, y que para colmo perdió a su padre por cáncer hace 11 años. Su madre, Sugay, lleva 23 años en el país sin papeles y su vida se ha vuelto una tortura.

“Intento no ir a ningún sitio”, dijo a los medios. “Si voy a algún sitio tengo mucho miedo, sé que éste no es mi país, pero nunca hice nada malo y tengo un hijo especial que necesita a su madre”.

En otros casos, el ‘Salt Lake Tribune’ informó sobre una madre soltera y única cuidadora de un joven de 18 años con parálisis cerebral y epilepsia que fue deportada a Colombia además de otra mujer en Ohio que fue deportada a México con cuatro hijos estadounidenses, incluido uno con antecedentes de convulsiones.

En Guanajuato, la organización Resplandor Internacional –fundada por el estadunidense Todd Fletcher– dedica parte de sus esfuerzos a enlazar abogados de la Unión Americana con padres mexicanos sin documentos y que además tienen niños discapacitados que reciben atención médica allá y temen por su vida en caso de una repatriación.

“Muchas veces no saben qué hacer y se ponen en contacto con nosotros, sobre todo migrante de Guanajuato porque nuestra organización tiene su sede en el estado, en el municipio de Cajones”, explica Fletcher, quien se jubiló como profesor de la Universidad Estatal de Arizona en 2020 y se mudó permanentemente a México, desde donde opera programas de educación para niños rurales.

“Es mi manera de retribuir lo que México ha hecho por mí: aquí estudié en la Universidad de las Américas, en Puebla, cuando decidí quedarme porque me dio hepatitis después de andar viajando mucho tiempo por Centroamérica. Decidí quedarme”.

Fletcher es un partidario de la integración social entre México y Estados Unidos y considera que podría lograrse muy fácilmente con fuerza de voluntad o con recursos legales que el presidente electo podría complicar. “Trump todo lo puede empeorar”, sintetiza.

Por el camino legal, el oaxaqueño Simón López, esposo de Evelina y padre del niño autista en Sacramento, tomó al toro por los cuernos: presentó el caso de su hijo como hilo conductor para la legalización y se presentó ante el juez, aunque el abogado le dijo que podrían deportarlo.

“El juez me preguntó qué haría si él me negaba la ciudadanía y yo le dije que regresaría a Xochitlán con mi familia, porque no nos íbamos a separar. El juez dijo: ‘Eso no pasará porque te vas a quedar’”.

Eran otros tiempos, concluye. “Tal vez ahora no me la jugaría”.

HCM