A 10 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país por la pandemia del covid-19, se han puesto de relieve los frecuentes abusos de empresas contra los derechos humanos en el país, e incluso previo a la contingencia sanitaria, según revela un estudio elaborado por estudiantes del quinto semestre de la carrera de Derecho de la UDEM.
Durante el semestre pasado, las alumnas Constanza Michell Aranda Robles y María Paulina Lamadrid Antúnez colaboraron con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización no gubernamental con sede en Londres, Inglaterra, para realizar la investigación “¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de Covid-19”.
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Las estudiantes mencionaron que, en México, los protocolos en las empresas para enfrentar la pandemia no han sido equitativos: mientras unas han respetado la diferenciación entre actividades “esenciales” y “no esenciales” y, en las primeras, se promueven los medios de protección y la sana distancia, otras han desobedecido la normativa de los gobiernos, federal o estatales, en perjuicio de sus colaboradores.
La investigación expone que la dependencia del país en la inversión extranjera, los mercados internacionales y las empresas multinacionales explica porqué la reanudación de las actividades “no esenciales” se produjo en el momento de mayor tasa de infección sostenida.
“A raíz de la reapertura económica de países europeos y asiáticos, así como de la presión de gobiernos y empresas de países con los que México tiene la mayor integración económica –Canadá y Estados Unidos–, el gobierno mexicano acordó la reanudación gradual de las actividades económicas el 1 de junio de 2020”, subrayó el estudio.
De esta manera, el estudio arrojó que tan solo del 19 de marzo al 14 de agosto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió 417 quejas de abuso, tanto por medidas sanitarias insuficientes como por abusos contra derechos laborales, tales como despidos injustificados, reducción de salarios, vacaciones forzadas sin salario e, incluso, represalias en contra de personas trabajadoras que exigían el respeto de sus derechos.
Paulina Lamadrid, detalló que la mayoría de los casos que encontraron se centran en la negativa a cesar actividades que fueron declaradas no esenciales por el gobierno mexicano, además de la falta de protocolos sanitarios o de medidas de seguridad en los centros de trabajo, y, como consecuencia de eso, la aparición de contagios masivos e inclusive muertes, tanto de los trabajadores como de sus familias.
El estudio reveló que, en los abusos registrados, el mayor número de violaciones de derechos humanos denunciadas públicamente se concentra en cuatro sectores: la industria maquiladora, la agroindustria, la minería y el sector de energía.
Las alumnas retomaron 229 casos de empresas nacionales y extranjeras para su estudio –a partir de registros de medios de comunicación, sociedad civil y otras fuentes de información pública–, de los cuales seleccionaron 42 pertenecientes a los cuatro sectores industriales para que aclararan sus respectivas acusaciones en su contra, pero solo respondieron siete.
“Fue un poco decepcionante la falta de respuesta que hubo de parte del sector empresarial”, expresó Paulina Lamadrid, “pero indica que este es un camino que necesita más trabajo: el primer paso es darnos cuenta de la existencia de un problema, y creo que, a través del informe, lo dimos”.
Manifestó que entre los estados que reportaron la mayor cantidad de abusos, de acuerdo con el análisis, se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, muchas empresas, y a menudo sectores completos –como maquiladoras y negocios comerciales–, se negaron a suspender operaciones, pese a las restricciones establecidas por el gobierno.
Mencionó que el estudio encontró que los sectores más fuertemente vinculados a las cadenas de producción internacionales (industria maquiladora y agroindustria) no brindaron protección contra el virus a su personal.
En el documento se establece que casi dos tercios (65 por ciento) de las denuncias relacionadas con la salud fueron contra empresas maquiladoras, y se reportó que miles de personas trabajadoras agrícolas estaban en alto riesgo de contagio, lo que se evidencia en las infecciones colectivas y muertes registradas en los campos de cultivo.
Constanza Aranda indicó que se localizaron empresas que, si bien pertenecían al rubro de “empresas esenciales”, operaban sin seguir las medidas sanitarias, sin pagar salarios o pagándolos parcialmente, “todo con la excusa de que el covid-19 imposibilitaba costear lo anterior”.
La estudiante agregó que también hubo empresas que no pertenecían al rubro autorizado para seguir con sus labores, pero siguieron trabajando.
Incluso, el reporte de las alumnas descubrió que, tras la reapertura de la economía el 1 de junio de 2020, la situación no mejoró y siguió habiendo denuncias sobre abusos y casos de muertes por infección en el lugar de trabajo.
El reporte de las estudiantes de la UDEM ejemplifica con el caso de FrontRunner Technologies la situación extrema a la que estuvieron sometidas las personas trabajadoras: el personal informó que no solo se quedaron sin un salario, sino que la empresa había desaparecido completamente sin previo aviso.
Tres de cada cinco empresas del sector minero fueron acusadas de poner en riesgo la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades, según el informe; algunas empresas hicieron caso omiso de la declaración de contingencia al continuar las operaciones a pesar de ser consideradas un giro “no esencial”.
En cuanto al sector energético, las dos empresas estatales más importantes de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron criticadas por exponer a las personas trabajadoras al contagio, así como por no garantizar el acceso a la atención médica ni a niveles de vida adecuados en el contexto de una pandemia.
Los resultados del informe fueron entregados a diferentes ONGs, instituciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos humanos, como Pacto Global y Ontario Human Rights Commission, entidades del gobierno mexicano (Secretaría de Relaciones Exteriores y CNDH), además de que se dieron a conocer a través de redes sociales.