Joe Biden pide al Congreso estadunidense que gaste 1.9 billones de dólares en un plan de rescate económico, incluidos nuevos pagos directos por ciudadano, ayudas a gobiernos estatales y locales y más fondos para la respuesta al covid.
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El plan, esbozado por altos funcionarios de la administración entrante de Biden, fue anunciado anoche por el presidente electo de EU en un discurso, estableciéndolo como una de las principales prioridades legislativas cuando ingrese a la Casa Blanca la próxima semana.
“No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados”, dijo el próximo mandatario, y aseguró que “los beneficios serán mucho mayores que el costo”.
Si se promulga, el paquete brindará una nueva sacudida de estímulo fiscal a la difícil recuperación de Estados Unidos, después de un paquete de 900 mil millones de dólares acordado el mes pasado por los legisladores estadunidenses y un alivio de 3 billones aprobados al comienzo de la pandemia.
El impulso de Biden se produce cuando intenta volver a centrar la atención en la economía y la crisis de covid-19 justo un día después de que Washington fuera absorbido por el segundo juicio político de Donald Trump por incitar a un asalto mortal al Capitolio.
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Ayer, las preocupaciones sobre la recuperación de EU resurgieron tras un salto inesperado en las solicitudes semanales de primera vez de seguro por desempleo, lo que impulsó los pedidos de Biden de más estímulos.
“La necesidad es inmediata y la urgencia es cada vez mayor, tanto por la trayectoria del virus… y de la economía”, dijo uno de los principales asesores de Biden.
Se espera que el plan marque el primer paso en la respuesta económica de Biden a la recesión del covid, con medidas de recuperación adicionales que se presentarán el próximo mes.
Analistas perfilan que en la segunda etapa de la agenda económica Biden pida que el gasto a más largo plazo en infraestructura, energía verde y educación sea financiado, al menos parcialmente, por impuestos más altos para los ricos y las corporaciones.
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También se prevé que los demócratas en el Congreso respalden el estímulo. El partido de Biden ya tiene una mayoría en la Cámara de Representantes y está listo para hacerse con el control del Senado en los próximos días tras ganar dos elecciones en Georgia.
El presidente entrante también espera obtener el apoyo de algunos republicanos. El nivel de respaldo al estímulo será una prueba temprana de su capacidad para lograr una mayor unidad legislativa después de las tensiones y divisiones de la presidencia de Trump.
El plan de 1.9 billones de Biden, financiado en su totalidad con nuevos préstamos, incluye un nuevo pago de mil 400 dólares a la mayoría de los estadunidenses, que complementa los cheques por 600 que recibieron recientemente quienes ganan menos de 75 mil dólares por año. Eso llevará el valor total de los pagos directos recientes a 2 mil, el nivel respaldado por Trump y Biden en los últimos meses.
Esto incluye una extensión de 400 por semana a los beneficios de desempleo de emergencia hasta septiembre, evitando un abismo en apoyo a los desempleados que habría ocurrido en marzo.
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También habrá una inyección de efectivo de 350 mil mdd para gobiernos estatales y locales con poco presupuesto y evitar despidos de burócratas, una prioridad para los demócratas a la que los republicanos se han resistido.
Se reservarán otros 50 mil mdd para subvenciones y préstamos a pequeñas empresas con dificultades, además del Programa de Protección de Cheques de Pago establecido en la pandemia para evitar quiebras de pequeñas empresas.
Un gran componente del plan de rescate de Biden son 400 mil millones en nuevos gastos para combatir el covid, incluidos 160 mil mdd para pruebas y rastreo, así como un plan nacional de vacunación que ayudará a la administración a cumplir su objetivo de inocular a 100 millones de personas en sus primeros cien días.
También se incluyen 130 mil mdd para acelerar la reapertura de escuelas en todo el país.
Se prevé que Biden pida al Congreso elevar el salario mínimo de 7.25 a 15 por dólares hora, una prioridad demócrata de larga data que cuenta con respaldo de sindicatos.
Asimismo, presionará por una extensión de la moratoria federal a desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta septiembre, al tiempo que proporcionará 30 mil mdd en asistencia a quienes luchan con pagos de alquiler y servicios.