El nombre del economista holandés Jan Tinbergen está inmortalizado en la regla que todo estudiante de economía —y que todo responsable de las normas— debe aprender: se necesita una herramienta política para cada objetivo que se pretenda alcanzar.
La regla de Tinbergen es útil para tenerla en cuenta cuando la Unión Europea se prepara para reformar sus normas fiscales, conocidas como pacto de estabilidad y crecimiento. En su forma actual, el convenio no dispone de ningún instrumento para orientar el crecimiento (a menos que se cuente con suspensiones limitadas). De hecho, la inversión privada y pública tocó fondo en la última década, cuando la política europea se guiaba por la disciplina fiscal.
Por el contrario, contiene muchos instrumentos destinados a la “estabilidad”. Incluso los ministros de finanzas de línea más dura de la eurozona se quejan de que es muy complejo. Y la “estabilidad” es un término no apropiado; los instrumentos pueden limitar el endeudamiento público, pero no garantizan la seguridad, como mostraron las experiencias de España e Irlanda en la crisis de la deuda.
Hasta hace poco, los líderes de la Unión Europea estaban en punto muerto entre los Estados muy endeudados y los “frugales”, pero ahora se acelera el movimiento. Cuando los ministros de finanzas se reunieron en Praga este mes, me dijeron que su boxeo de sombra sobre la reforma se convirtió en “menos sombra y más boxeo”. Esperan una propuesta de reforma detallada de Bruselas el mes que viene.
¿Por qué se está impulsando ahora una reforma? Una de las razones, paradójicamente, es su actual suspensión. La “cláusula general de escape” se activó por primera vez en la pandemia y luego se amplió tras la invasión de Vladímir Putin a Ucrania. Cuando los gobiernos empiecen a planear sus presupuestos para 2024 el próximo año, tendrán que saber a qué libro de reglas recurrir.
Cada vez están más de acuerdo en lo que debe ser. La claridad de las intenciones de Putin, y su voluntad de convertir el gas en un arma, centran la atención de Europa en la seguridad geopolítica en general y en la seguridad energética en particular. La necesidad de invertir más —en tecnologías de vanguardia para ganar “autonomía estratégica” y en infraestructuras digitales y descarbonizadas para lograr la independencia energética— pasó de ser una aspiración a largo plazo a un imperativo de seguridad inmediato.
Ese sentido de la urgencia produjo un acuerdo de que las normas deben fomentar la inversión en bienes públicos en toda la región, como las capacidades de defensa, la generación de electricidad y la transmisión de energía. Incluso el gobierno alemán hace hincapié en la necesidad de invertir.
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El imperativo de la seguridad también reconfiguró la política. El flanco norte de la Unión Europea, que está compuesto por los Estados liberales más pequeños, ha sido el más estricto en seguridad y presupuesto. La beligerancia de Putin puso de manifiesto que no se puede ser de línea dura en ambos aspectos. En gran medida decidieron, con sensatez, dar prioridad a la geopolítica. El resultado es una actitud mucho más constructiva en materia presupuestaria, que incluye nuevas y sorprendentes constelaciones, como una posición conjunta de Holanda y España.
Esto plantea dos preguntas. En primer lugar, ¿Alemania va a cooperar? La respuesta es probablemente sí. Ya mostró más flexibilidad, desde el programa de gobierno de su coalición el año pasado hasta su declaración de principios para la reforma este verano. Al no estar protegida por el grupo de Estados del norte tan de línea dura, es probable que siga avanzando.
Segundo, ¿las reformas serán suficientes? La respuesta es probablemente no. El probable acuerdo mutuo mantendrá la estructura jurídica general de las normas, pero modificará su contenido. Hay un gran apoyo para sustituir los objetivos de déficit estructural por trayectorias de gasto público y un pacto incipiente para adaptar la reducción de la deuda a cada país. Se trata de mejoras, pero apenas suponen instrumentos dedicados a impulsar el crecimiento o la inversión.
Sin embargo, no se puede esperar un resultado óptimo. Lo que se puede esperar es que unas normas imperfectas, pero más específicas para cada país, mejoren la dinámica política. Muchas capitales argumentan que una mayor participación nacional en la aplicación y un mayor esfuerzo para acordar lo que se considera un buen gasto público aumentarán el cumplimiento. Eso puede crear incentivos para dar prioridad a las inversiones que beneficien a la Unión Europea.
La experiencia del fondo de recuperación de la Unión Europea será importante. Si el despliegue de los recursos comunes de los países se considera un éxito, subirá la confianza y hará que el reglamento fiscal sea más favorable al crecimiento. Los fracasos en los hitos acordados, por no hablar de los fracasos del estado de derecho, harán lo contrario. Las reglas, a menudo un sustituto de la confianza, ahora dependen de ella si van a funcionar.