Elizabeth Warren, la senadora estadunidense del Partido Demócrata, publicó un proyecto de ley con el llamativo título de “Ley para detener el saqueo de Wall Street”. ¿Suena un tanto ligero? Bueno, en realidad es muy serio.
Los “saqueadores” del título son los fondos de capital privado, inversionistas especializados que compran empresas utilizando grandes cantidades de deuda. Alguna vez una actividad minoritaria, el capital privado tuvo un enorme crecimiento en las últimas cuatro décadas en ambos lados del Atlántico. Ya en 2017 había alrededor de 8 mil empresas de propiedad del capital privado en EU. Eso es casi el doble de las que cotizaban en bolsa.
La forma en que logró esta expansión se encuentra en el corazón de la historia. Los ejecutivos de capital privado insisten en que sus prácticas se han extendido porque manejan mejor estas empresas. Es posible que eso pueda ser cierto en algunos casos, tal vez muchos. Pero hay un lado más cuestionable del sorprendente crecimiento de la industria de compras parecida a la de los Trífidos.
Se deriva de la forma como se estructuran los acuerdos de capital privado. Cuando las empresas de compras adquieren una empresa, financian la transacción principalmente con dinero prestado. Esto luego se traslada a la compañía de cartera, que tiene que pagar esas pesadas deudas.
El resultado es una empresa que puede ser más ágil debido a la llamada “disciplina de la deuda”. Hay que recordar, la ingeniería financiera es una habilidad fundamental para el capital privado. Pero también es mucho menos resistente a las crisis de las empresas o a los problemas de idiosincrasia. Su principal recurso cuando pegan estos problemas simplemente es vender activos, reducir el número de empleados o reducir el monto que invierte la empresa.
El mayor problema de Warren es con los incentivos que impulsan este ejercicio. Al elevar los niveles de endeudamiento, los expertos en compras aumentan el interés sobre la opción de compra que representa la propiedad de capital de cualquier empresa. Esto les da un incentivo para mover la garantía para que quede fuera del alcance de los acreedores, ya sea mediante el cobro de fuertes comisiones por actividades marginales como el “monitoreo” o la extracción de activos en forma de dividendos apalancados. Si el trato al final florece; genial. Pero si no ocurre, bueno, ellos también están bien.
El capitalismo de “Cara, yo gano. Cruz, tú pierdes” tal vez es grandioso para los expertos de las adquisiciones, alentando a que se paguen precios cada vez más extravagantes por sus objetivos. Pero perjudica a los contribuyentes que deben cubrir los costos sociales de los cierres. Y los que más pierden son, por supuesto, los empleados y los jubilados, que no tienen la capacidad de diversificar su exposición al juego financiero que está en marcha.
Si crees que esas cuotas son cacahuetes, piénsalo de nuevo. Cuando Toys “R” Us se fue a la quiebra el año pasado luego de que las deudas de una compra de 6 mil 600 mdd finalmente tumbaron al minorista estadunidense, resultó que sus patrocinadores de capital privado habían cobrado ingresos por comisiones de 470 mdd. El resultado para los trabajadores: alrededor de 33 mil perdieron sus empleos.
La preocupación es que el capital privado preside un abuso sistémico de responsabilidad limitada. Con la certeza de que sus propios inconvenientes están limitados a su contribución de capital, los jefes de compras no tienen en cuenta los estragos que crean para los demás.
Y si bien, en teoría, los fondos de pensiones que son los principales patrocinadores de las compras deben tener en cuenta las tentaciones que están colgando ante los conocedores (y los altos honorarios que están pagando), en la práctica son demasiado conflictivos y están ansiosos por tener rendimientos como para preocuparse mucho.
La respuesta de Warren es simple y decisiva. Ella eliminaría los incentivos más dañinos, retiraría el privilegio de responsabilidad limitada para las inversiones de capital privado y haría que la empresa que compra, fuera responsable de las deudas de las compañías de su cartera.
Si una empresa de capital privado quiebra, los acreedores pueden ir tras los activos del patrocinador del fondo, así como de la riqueza personal de sus socios generales. El proyecto de ley también capturaría transferencias que movieron la garantía para que quede fuera del alcance de los bancos. Todos estos serían fraudulentos, a menos que se demuestre lo contrario.
También restringiría la capacidad del capital privado de obtener todas esos jugosos honorarios de monitoreo y dividendos especiales.
A pesar de su improbabilidad de convertirse en ley, el proyecto de Warren provocó una indignación predecible en la industria. El American Investment Council (AIC), un organismo comercial, califica sus disposiciones como “opresivas” y “extremas” y advierte que “haría casi imposible para los inversores invertir en empresas en dificultades que necesitan capital”.
Pero, por supuesto, las propuestas de Warren no perjudicarán a empresas de capital privado responsables, de las cuales la mayoría de sus inversiones (como del AIC) nunca van a la bancarrota. Lo que harám es limitar la capacidad de los jefes de las empresas de compras para usar su posición privilegiada para ordeñar a las firmas de cartera y pagar precios cada vez más extravagantes por las empresas que usan el dinero de otros.
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