Estados Unidos desempeñó un papel decisivo a la hora de animar a 136 países a firmar un acuerdo fiscal global presentado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en octubre pasado y aclamado como la reforma más importante en la materia en más de un siglo.
Sin embargo, en los últimos días ha quedado claro que la forma en que Washington pretende aplicar una de las dos partes de las propuestas —un mínimo de 15 por ciento en el impuesto corporativo— está en conflicto con la manera en que el acuerdo puede funcionar en otros lugares.
La versión reducida de los planes fiscales de Joe Biden que figura en la Ley de Reducción de la Inflación no incluye elementos clave del acuerdo firmado en París.
Ello planteó preocupaciones de que las compañías multinacionales se enfrenten a una red de complejidad que las dejará batallando para cumplir un conjunto de reglas destinadas a garantizar que paguen una cantidad más justa de impuestos. “Todas las compañías quieren esta alineación en la que han trabajado, pero ahora no es lo que pensaban”, dijo Kate Barton, vicepresidenta global de impuestos de la firma de contabilidad EY.
Normativa corta
Las reglas del impuesto mínimo global, tal como las estableció la OCDE, exigen que las empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros paguen un arancel complementario a una tasa efectiva de 15 por ciento en todos los países en los que operan.
Esta parte del acuerdo, conocida en los círculos fiscales como segundo pilar, está diseñada para “poner fin a lo que ha sido una carrera a la baja durante décadas en el impuesto corporativo”, como dijo la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, cuando se firmó el acuerdo.
Para alinear a EU con el Segundo pilar, la administración Biden había propuesto reformas al régimen de ingreso global de impuestos bajos intangibles (Gilti, por su sigla en inglés). En virtud del Gilti se aplica actualmente un impuesto adicional de casi 10.5 por ciento a las utilidades de las subsidiarias de empresas estadunidenses que están ubicadas en jurisdicciones de bajos impuestos.
El Gilti se introdujo en Estados Unidos en 2017 para impedir que las compañías estadunidenses trasladaran sus utilidades al extranjero y la propuesta original de Biden era aumentar la tasas a 15 por ciento para ajustarse al acuerdo de la OCDE.
Sin embargo, estas propuestas no lograron obtener la aprobación en el Senado, y Joe Manchin, el demócrata de Virginia Occidental que fue crucial para la aprobación de la ley, pidió que se eliminaran.
En su lugar, el impuesto corporativo mínimo de 15 por ciento solo se aplicará a los “ingresos contables” —la cantidad declarada en las cuentas financieras— de las empresas con entradas superiores a mil millones de dólares. Además, solo se aplicará a nivel de grupo, en lugar de país por país, lo que no alcanza el objetivo del acuerdo de eliminar la práctica de crear filiales en paraísos fiscales.
Es “de dudarse” que lo que se recoge en la ley se considere conforme al impuesto mínimo global, dijo Ross Robertson, socio de fiscalidad internacional de la empresa de contabilidad BDO.
Respuestas
Peter Barnes, especialista en impuestos del bufete de abogados Caplin & Drysdale de Washington, calificó de “decepcionante” la alteración por parte del Congreso de las propuestas fiscales de Biden, pero “sin duda no es fatal” para el acuerdo.
Una de las razones es que si EU aplica la tasa mínima de 15 por ciento en la forma detallada en la ley y no en el acuerdo, otras autoridades fiscales podrán obtener más ingresos de las empresas estadunidenses. Esto se debe a que el acuerdo cuenta con un complejo mecanismo que permite a otros países aplicar un impuesto de hasta 15 por ciento sobre los ingresos de una subsidiaria ubicada allí si —como es el caso de EU— el país de origen de la matriz no impone un impuesto adicional.
“La diferencia (de 4.5 puntos porcentuales) entre la tasa Gilti de 10.5 por ciento y el de 15 por ciento será captada por otras jurisdicciones”, explica Reuven Avi-Yonah, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan.
Por su parte, Pascal Saint-Amans, director de administración fiscal de la OCDE, afirma: “Cuando se piensa en (el diseño del) segundo pilar, uno se da cuenta de que va a ocurrir de todos modos”.
Barnes está de acuerdo y cree que las multinacionales estadunidenses pueden presionar al Congreso para que aplique el segundo pilar de una forma más cercana a la acordada en la OCDE.
Sin embargo, los avances en la implementación del impuesto mínimo global se han retrasado, ya que aún falta aprobar en todos los páises la legislación correspondiente, pese a que acordaron al inicio hacerlo para finales de 2022.
Retrasos
La Unión Europea publicó en diciembre un proyecto de directiva para implementar el segundo pilar, pero las divisiones políticas no han logrado la aprobación unánime de los Estados miembros. Hungría, a menudo en desacuerdo con Bruselas, actualmente bloquea el avance.
Sin embargo, los 26 países europeos restantes pueden aplicar el segundo pilar sin Hungría, consagrándolo en su propia legislación nacional.
“Todavía hay una voluntad política significativa en Europa para seguir adelante”, dijo Robertson, y añadió que espera que la mayor parte de Europa aplique el segundo pilar a partir de enero de 2024.
La otra parte del acuerdo, el primer pilar, cuyo objetivo es hacer que las multinacionales paguen más impuestos en los países en los que realizan sus ventas, está aún más retrasada.
Aunque los retrasos y contratiempos han resultado frustrantes para quienes están desesperados por ver a las compañías pagar lo que les corresponde, los profesionales subrayan lo fundamental que es la reforma del acuerdo.
“En efecto, tenemos que diseñar una base impositiva global totalmente nueva”, dijo Heydon Wardell-Burrus, investigador del Centro de Fiscalidad Empresarial de Oxford.