La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés) interpuso su primera demanda antimonopolio bajo la presidencia de Lina Khan contra una serie de adquisiciones por parte de empresas de capital privado, acusando a Welsh, Carson, Anderson & Stowe de un crear un “plan de varios años contra la competencia” dirigido a las consultorios de anestesiología.
Los acusados son Welsh Carson, un grupo de adquisiciones con sede en Nueva York, y US Anesthesia Partners (USAP), una empresa que se creó en 2012 y que ya adquirió más de una docena de consultorios de anestesiología en Texas. La FTC alega que llevaron a cabo un “esquema de roll-up (cuando se adquieren empresas individuales y se fusionan para crear una compañía más grande), comprando sistemáticamente casi todas los grandes consultorios de anestesia en (el estado) para crear un único proveedor dominante con el poder de exigir precios más altos”.
La agencia también acusó a las empresas de aumentar los precios de la anestesia a través de “acuerdos de fijación de precios” con consultorios independientes, e indicó que USAP firmó un acuerdo que mantuvo fuera a un “competidor significativo”.
“Lo que ocurrió en Texas está ocurriendo en todo EU”, escribió Khan en un artículo de opinión para Financial Times, en el que destacó las adquisiciones en serie de asilos de ancianos, edificios de departamentos, clínicas de urgencias y centros de tratamiento de opiáceos por parte de empresas de capital privado.
El regulador solicita un requerimiento judicial permanente por supuestas infracciones, como monopolización y adquisiciones ilegales, conspiración para monopolizar, métodos desleales de competencia y restricciones ilegales del comercio.
Welsh Carson no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios.
Las agencias antimonopolio de EU toman medidas para acabar con algunas prácticas de capital riesgo que consideran anticompetitivas, como la presencia de directivos que ocupen un lugar en consejos de administración de empresas rivales. La denuncia representa el primer desafío directo a una estrategia que constituye el núcleo del modelo de negocio de las adquisiciones de empresas.
Khan forma parte de un grupo de funcionarios antimonopolio progresistas nombrados por el presidente Joe Biden, en un esfuerzo por hacer frente al excesivo poder corporativo en Estados Unidos. Su argumento es que la laxitud en la aplicación de la normativa en las últimas décadas permitió que florezcan conductas contrarias a la competencia y que la legislación estadunidense se volviera rígida en torno a precedentes erróneos.
La denuncia será una prueba importante para la aplicación de la legislación estadunidense de los nuevos cazadores de monopolios contra el sector del capital privado, que durante décadas ha eludido en gran medida el escrutinio de los reguladores.
En su artículo de opinión, Khan argumentó que el Congreso elaboró las leyes antimonopolio de EU para que fueran “flexibles” y que “pueden aplicarse directamente a una amplia gama de prácticas empresariales, incluidas las adquisiciones en serie”.
“Como responsables de la defensa de la competencia, debemos actualizar nuestra aplicación de la ley a las nuevas realidades”, añadió.
La denuncia cumple una promesa que Khan le hizo a Financial Times el año pasado: adoptar un enfoque más “enérgico” respecto a las operaciones de capital privado, que pueden no plantear problemas individualmente, pero que en conjunto pueden plantear “inquietudes” antimonopolio.
Sus comentarios se produjeron pocas semanas después de que Jonathan Kanter, jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de EU, advirtiera en Financial Times de la inminencia de medidas enérgicas contra los grupos de adquisición de empresas que pretenden “vaciar o hacer (una estrategia de) roll up” en grandes segmentos de la economía estadunidense, un modelo de negocio que, en su opinión, “a menudo va muy en contra de la ley y es muy contrario a la competencia que intentamos proteger”.
La FTC y el Departamento de Justicia intensificaron el escrutinio de los grupos de adquisiciones de varias maneras, incluida una propuesta en junio para ampliar la información en los formularios de notificación de fusiones que, según los expertos del sector, tendrá un impacto desproporcionado en los grupos de capital privado.
En julio, las agencias propusieron nuevas directrices sobre fusiones que indicaban una postura más dura contra los fondos de capital privado. El borrador abordaba las fusiones que forman parte de una serie de adquisiciones, especificando que las agencias pueden considerar toda la serie, en lugar de la operación individual.