La Corte Suprema de Estados Unidos frenó la capacidad del principal regulador ambiental para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas, en una decisión histórica que asesta un golpe a la lucha de la administración Biden contra el cambio climático.
En una opinión mayoritaria redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, los jueces dictaminaron que la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA, por su sigla en inglés) no estaba autorizada por el Congreso para reducir las emisiones de carbono cuando se creó en 1970. La sentencia deja a la administración Biden dependiendo de la aprobación de una legislación si quiere poner en marcha regulaciones de gran alcance para frenar las emisiones.
La opinión del tribunal, de mayoría conservadora, señala que “una decisión de tal magnitud y consecuencia corresponde al propio Congreso, o a una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo”.
Los jueces agregaron que dudaban que el Congreso tuviera la intención de delegar la cuestión de “cuánta generación basada en el carbón debe haber en las próximas décadas, en cualquier agencia administrativa”.
La opinión discrepante de la jueza Elena Kagan, a la que se sumaron los otros dos jueces liberales de la Corte, dijo que la EPA tiene autoridad para regular las “fuentes estacionarias” de sustancias contaminantes que son perjudiciales para el público, y agregó que frenar la producción de emisiones de gases de efecto invernadero es “una parte necesaria de cualquier enfoque eficaz para abordar el cambio climático”.
“Esta Corte ha obstruido el esfuerzo de la EPA desde el principio”, escribió Kagan.
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La parte central del caso es un desacuerdo sobre la amplitud con la que la EPA debe interpretar partes de la Ley de Aire Limpio de 1970, en particular las secciones que ordenan a la agencia desarrollar limitaciones de emisiones para las centrales eléctricas.
El caso, bautizado como Virginia Occidental contra la EPA, fue presentado por fiscales generales republicanos y la industria del carbón. Su argumento se centra en una regulación que nunca entró en vigor: una propuesta de la era Obama conocida como Plan de Energía Limpia, que podía obligar a las centrales eléctricas a reducir sus emisiones 32 por ciento por debajo de los niveles de 2005 para 2030. La Corte Suprema ordenó la suspensión de esa norma en 2016.
Después, la administración de Trump eliminó esa regla en favor de su norma de Energía Limpia Asequible, diseñada para apoyar a la industria del carbón; sin embargo, la regulación de la administración Trump fue anulada por la Corte de Apelaciones de EU para el Circuito de DC el año pasado.
Impugnando ante la Corte Suprema la revocación que hizo el tribunal inferior a la norma de Trump, Virginia Occidental argumenta que el Plan de Energía Limpia de Obama se basaba en una interpretación muy amplia de la Ley de Aire Limpio y otorgaba a la EPA un poder excesivo y “de transformación de la industria”.